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Nuria Triguero
Jueves, 30 de marzo 2017, 00:25
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Nadie quiere acercarse a la basura: es maloliente y desagradable. Puede que por eso, o puede que porque no es un asunto que dé votos, los políticos de los que depende la gestión medioambiental en la provincia desde la Junta, responsable de legislar; hasta los ayuntamientos y la Diputación, que tienen las competencias directas no tienen una estrategia definida para alcanzar los objetivos que marca la Unión Europea para 2020 en términos de reutilización, reciclaje y reducción de residuos. En esa fecha el porcentaje de papel, vidrio, envases y basura orgánica que se recicle debe ser como mínimo del 50%. Y en Málaga, que está en torno a la media española, ronda el 30%. Más lejos aún está alcanzar la meta de reducción del vertido: Bruselas dice que sólo el 35% de la basura debe acabar en el basurero y el porcentaje actual es superior al 60%.
Imagine que cuando vaya a tirar la basura tenga que introducir una tarjeta identificativa en el contenedor, de forma que Limasa sepa cuántos residuos produce y en qué porcentaje recicla. Esta posibilidad, ahora inviable, puede hacerse realidad en un futuro no muy lejano. En Cataluña, de hecho, ya están empezando a plantearse cómo gravar la generación de basura de cada ciudadano. «Hay que sacar la basura del anonimato», apunta el director de la Agencia de Residuos de Cataluña, Josep Mª Tost, que critica el «miedo» de los políticos a apostar por medidas que pueden ser impopulares, pero que «van en la dirección correcta». «Nadie se muere por reciclar; no subestimemos al ciudadano».
Esta sucia realidad salió a la luz ayer en la jornada técnica El futuro de los residuos urbanos en la Provincia de Málaga, organizada por el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos y la Diputación en colaboración con empresas del sector. Los propios responsables de los tres centros de tratamiento de residuos urbanos que hay en la provincia Los Ruices, del Ayuntamiento de Málaga; Valsequillo, del Consorcio Provincial; y Casares, de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental reconocieron lo «difícil» que va a ser cumplir con la directiva europea. Y también alertaron de que no existe una estrategia definida para afrontar el futuro. Un futuro que no sólo está marcado por las exigencias europeas que, si no se cumplen darán lugar «indudablemente» a sanciones económicas que acabarán recayendo sobre los ayuntamientos, sino por la propia saturación de los vertederos. El de Valsequillo tiene una vida útil de quince años; en el de Casares, de once y en el de Málaga, de ocho. En el de la capital, además, hay escaso margen para seguir ampliándolo después de ese plazo.
«Falta dirección política»
«Los vertederos son ya hoy un problema y mañana lo van a ser más, porque no hay suelo», apuntaba Ángel Castillo, jefe de explotación del Consorcio Provincial de RSU. Por eso, apuntaba, hay que incidir en reducir lo que en el argot técnico se denomina fracción resto, es decir, la basura que no se recicla. Y para eso hace falta «dar un paso firme en una dirección concreta». «Falta dirección política; y para eso es necesario un acuerdo entre las diferentes instituciones», afirmaba. Además, admitía Marcos Navarro, técnico de Medio Ambiente en la Mancomunidad de la Costa del Sol, no sólo no existe una «estrategia conjunta» sino que hasta ahora ni siquiera ha habido comunicación entre los tres organismos.
¿Qué medidas se pueden adoptar para dar ese paso adelante en la dirección que marca la UE? La principal, según coincidieron los técnicos participantes en la jornada, es introducir la recogida selectiva de la basura orgánica: el famoso quinto contenedor que ya funciona desde hace dos décadas en Cataluña, donde el porcentaje de reciclaje es diez puntos superior al del resto de España (40%). El director de la Agencia de Residuos de Cataluña, Josep María Tost, fue invitado por la Diputación de Málaga a la jornada para explicar cómo se ha conseguido implantar con éxito este sistema en su comunidad. En su opinión, la clave ha sido introducir un canon que grava el vertido, de forma que a los ayuntamientos «les salga más barato reciclar que tirar la basura al vertedero». «Nuestra política es de palo y zanahoria: con lo que recaudamos del canon devolvemos dinero a los municipios que mejor lo hacen para ayudarles a financiar infraestructuras», apuntó.
Recoger selectivamente el residuo orgánico (que se destina a la elaboración del compost) es la clave para aumentar significativamente el porcentaje de reciclaje, ya que representa alrededor del 40% del peso total de una bolsa de basura y tiene una gran capacidad de «contaminar el resto de residuos», explicó Tost. En la provincia, como no hay quinto contenedor, lo que se hace en las áreas donde hay plantas de compostaje es separar los residuos orgánicos del resto de residuos del contenedor gris para destinarlos a compostaje, pero es un proceso costoso y poco eficaz y el resultado es un compost de baja calidad, porque inevitablemente acaba mezclado con materiales impropios.
Otra clave para avanzar en materia de reciclaje es la concienciación ciudadana. «Hacen falta campañas constantes y educadores ambientales cada día en la calle y en los negocios, no vale una cada cuatro años», apuntó Tost. Los niños son la mejor correa de transmisión: «Hemos comprobado que cuando hacemos una actuación en un colegio, la recogida selectiva aumenta en la zona de alrededor hasta un 20%», apuntó Ángel Castillo. Trabajar específicamente para facilitar el reciclaje a los grandes productores de residuos de la Costa del Sol, que son los hoteles y restaurantes, es otra vía en la que ya se está trabajando.
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