Las discrepancias entre Gobierno y Junta dejan en el aire 17 depuradoras en la Serranía

Las aguas del río Guadiaro suelen bajar turbias por la comarca.
Las aguas del río Guadiaro suelen bajar turbias por la comarca. / SUR
  • Las obras fueron asumidas inicialmente por el Estado, aunque ahora pretende que los 20 millones que cuestan salgan del canon autonómico de depuración

A la espera de que terminen las obras de la depuradora de Nerja y de que arranquen de una vez por todas las de la planta que evitará que las aguas residuales de cien mil personas acaben cada día en el río Guadalhorce, el principal punto negro que le quedaría a la provincia para completar el mapa del saneamiento está en las 17 depuradoras previstas en los valles del Genal y el Guadiaro. Aunque su futuro se presenta incierto a pesar de haber sido declaradas tanto de interés del Estado como autonómico. Uno por otro y la casa sin barrer. O las aguas sin tratar, porque tanto Gobierno central como Junta de Andalucía se amparan en estas declaraciones para pasarle la pelota a la otra administración. Mientras tanto, en los parajes de ambos ríos, algunos protegidos, se sigue vertiendo la carga contaminante no sólo de los 17.000 habitantes que suman los pequeños municipios de la comarca, sino también la procedente de la actividad ganadera. La inversión ronda los 20 millones, prácticamente un tercio de lo que costaría la tercera depuradora de Málaga.

La red de 17 pequeñas depuradoras fue asumida por el Estado en 2006 a través de un convenio con la propia Junta en el que ambas administraciones se repartían las obras pendientes en la provincia. Pero por mucho que fueron declaradas de interés general de la Nación, la realidad a día de hoy es que no se ha construido ninguna. Ante semejante parálisis, la Diputación suscribió en 2013 un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente en el que el ente supramunicipal se comprometía a encargarse de toda la tramitación de los proyectos. Pero ni por esas. Actualmente, únicamente se ha completado la autorización ambiental de cinco, paso previo para la redacción de los proyectos de ejecución.

Poco prioritarias

Pero más allá del retraso acumulado, el verdadero ‘handicap’ está en que el Estado se está replanteando sus inversiones en materia de saneamiento y no está por la labor de ejecutar estas 17 depuradoras. Y para ello se agarran a que estos proyectos también fueron declarados de interés autonómico por la Junta de Andalucía en 2010, dentro del medio centenar de actuaciones a financiar con el canon de depuración que se carga en el recibo del agua desde mayo de 2011. Es decir, que en Madrid consideran que si la Junta ya está recaudando un tributo para costear estas obras debe ser la Administración autonómica la que las financie.

Por si fuera poco, en el Ministerio de Medio Ambiente también postergan el saneamiento en el Genal y el Guadiario al último escalón en su orden de prioridades, en el que se engloban las que afectan a poblaciones menores de 2.000 habitantes, que son las que a día de hoy no están en el punto de mira de la Unión Europea. En estos casos, su planificación apunta al horizonte 2021-2027.

Así lo advierte la Dirección General del Agua en un escrito remitido a la Diputación en el que echa el freno a los trámites de la depuradora de Alpandeire, pero extensible al resto. En este documento, el ente estatal apela a sus escasos 500 habitantes para señalar que este proyecto «no se encuadra en ninguna de las prioridades de inversión marcadas desde el Ministerio de Medio Ambiente y comprometidas con la Comisión Europea». En el siguiente párrafo, trata de pasar la pelota a la Junta: «Con independencia de lo anterior, se quiere hacer constar que esta depuradora fue declarada de interés autonómico en el acuerdo de 26 de octubre de 2010 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía», por lo que concluye que «por el momento, no se procederá al inicio de la tramitación administrativa de la actuación».

Por su parte, desde el Gobierno regional se limitan a recordar que estas pequeñas depuradoras fueron declaradas de interés general del Estado, como también lo fueron las que afectaban a la franja litoral y que se completarán con la ampliación de la estación de Estepona y la construcción de la de Nerja, ambas en ejecución. Y ahí es donde se agarran para mantener que estas actuaciones competen al Ejecutivo central. Eso sí, remarcando que las competencias en materia de depuración corresponden a los ayuntamientos.

Un acuerdo a tres bandas

A falta de un nuevo acuerdo entre ambas administraciones que desbloquee la situación, en la Diputación siguen avanzando en la memorias ambientales para tener su parte lista independientemente de quién y cuándo se ejecuten. «Nosotros seguimos con los trámites, pero pedimos que la Junta y el Gobierno lleguen a un acuerdo que permita solucionar los problemas del Genal en materia de depuración», afirma la diputada provincial de Medio Ambiente, Marina Bravo, quien muestra la predisposición del ente supramunicipal a colaborar también económicamente. «Estamos dispuestos a colaborar en la financiación a través de un convenio entre las tres administraciones», asegura.

De momento, a la Diputación también le queda trabajo técnico por delante debido a la complejidad que conlleva ubicar las depuradoras y los colectores en espacios naturales y zonas inundables. De los 17 proyectos, los únicos que tienen superada la evaluación de impacto ambiental son los de Atajate, Benarrabá, Jimera de Líbar, Júzcar y El Colmenar (pedanía de Cortes de la Frontera). Además, hay otros cuatro pendientes de resolución (Algatocín, Alpandeire, Cartajima y Faraján), mientras que la de Benadalid se está preparando la memoria ambiental. A partir de ahí, pocos avances. La que compartirán Benaoján y Montejaque aún no tiene siquiera ubicación, mientras que para la de Cortes de la Frontera ha habido que reiniciar el proceso al cambiarse su emplazamiento. En cuanto al resto (Benalauría, Genalguacil, Igualeja, Jubrique y Parauta), aún no se ha preparado la memoria ambiental.

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