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Las urbanizaciones han sido unas de las zonas en los que el Catastro ha puesto el ojo en Marbella.
Las obras sin declarar, un filón para las arcas municipales

Las obras sin declarar, un filón para las arcas municipales

Los ayuntamientos se embolsarán 51,5 millones extra en el IBI con las 70.000 construcciones y reformas detectadas por Hacienda

Francisco Jiménez

Domingo, 5 de febrero 2017, 01:37

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Sin mover un solo dedo, los ayuntamientos han encontrado un filón presupuestario en las inspecciones de chalés, áticos y fincas que el Ministerio de Hacienda lleva ejecutando desde finales de 2014 en busca de nuevas construcciones, reformas o cambios de uso de inmuebles que eran invisibles a efectos tributarios. Después de dos años de trabajo en los que se ha peinado mediante ortofotos y sobre el terreno los 1,4 millones de inmuebles que suman los 65 municipios de la Costa occidental y las comarcas de Antequera, Valle del Guadalhorce y la Axarquía, la Dirección General del Catastro ha detectado irregularidades en 69.926 propiedades que se habían escapado a los ojos del fisco porque ni sus titulares ni el ayuntamiento de turno los habían dado de alta, independientemente de si cuentan o no con licencia de obras y cédula de habitabilidad.

Casas de apero en el campo reconvertidas en chalés, fincas familiares en la que los hijos han levantado sus casas junto a la de sus padres, terrazas cerradas para sumar otra habitación o ganarle unos metros al patio trasero para crear un jardín, una plaza de aparcamiento o una piscina son algunos ejemplos de esas actuaciones omitidas a la Administración que ahora están saliendo a la luz. Un afloramiento que tiene una más que considerable repercusión para el bolsillo de los afectados, puesto que la incorporación de estos nuevos elementos trae consigo un incremento del valor catastral de la propiedad, una variable que se utiliza para fijar la cuantía de impuestos estatales (IRPF y sobre el Patrimonio), autonómicos (Sucesiones y Transmisiones) y municipales (IBI y plusvalías). Según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda, los dueños de estas construcciones se están encontrando sólo en el recibo de la conocida popularmente como contribución urbana con una subida media de 219 euros por inmueble, a los que hay que sumar otros 518 reclamados en concepto de atrasos de los últimos cuatro ejercicios fiscales, que es lo máximo que se puede pedir porque todos los años anteriores se consideran prescritos.

Catastrazo

Un catastrazo en toda regla para quienes durante años han obviado su obligación de declarar las obras realizadas, pero un aporte extra para las arcas municipales. Sólo en el recibo del IBI, los ayuntamientos incluidos en estas tres primeras fases de inspecciones se pueden llegar a embolsar 51,5 millones de euros. «Por un lado está la actualización del recibo y, por otro, la diferencia de los últimos cuatro años entre lo que se cobró y lo que corresponde. No se trata de un recargo», matiza el director del Patronato de Recaudación Provincial, Luis Díaz, quien remarca que «los municipios no han hecho nada, sino que es el Catastro el que ha actuado de oficio».

Desde el órgano dependiente de la Diputación que tiene delegada la gestión tributaria en todos los municipios salvo Málaga, Fuengirola, Mijas, Benalmádena y Alhaurín el Grande no disponen de la repercusión directa en cada uno de los ayuntamientos, pero sí que precisan que no afecta a todos por igual. En la capital tampoco aportan una cifra, puesto que el impacto de esa regularización llegará en los recibos de este año. «Los ayuntamientos no conocemos la ampliación hasta que el Catastro nos remita los padrones con todos los cambios, y eso será finales de marzo», explica el gerente del órgano de Gestión Tributaria (Gestrisam) del Ayuntamiento de Málaga, Juan Manuel Ruiz Galdón.

Lo que sí es una garantía es que el montante que acabará en las arcas públicas irá a más a medida que se complete el barrido de toda la provincia para cotejar si la descripción de la propiedad que figura en los registros coincide con la realidad física. Desde el Catastro afirman que Málaga es una de las provincias en la que las tareas de reconocimiento están más avanzadas. De hecho, ya se han revisado los principales núcleos poblacionales, las grandes urbanizaciones costeras y todos los diseminados que jalonan los montes de la Axarquía, donde predomina la autoconstrucción. Durante este semestre, las miras están puestas en los pueblos de la Serranía y el Genal, mientras que para la última oleada, prevista para el segundo semestre del año, en la provincia únicamente quedarán pendientes Campillos y Benahavís.

«Desde mediados del año pasado han sido muchos los clientes de la Costa occidental que han acudido a nosotros porque les habían llegado las cartas del Catastro en las que se les comunica la apertura de un expediente de regularización, la mayoría por ampliaciones y piscinas», comenta José Manuel Garzón, abogado del despacho especializado en asuntos inmobiliarios Marbella Solicitors, quien advierte de que, al margen del IBI, otro impuesto en el que se está notando el incremento es en la plusvalía, un tributo que grava el aumento del valor de los terrenos en el momento que cambia de titularidad y que debe ser abonado por la persona que vende o, en caso de donación o herencia, por la que la recibe.

Tipos de infracción

Por tipología, las irregularidades de mayor envergadura son las nuevas construcciones, como puede ser levantar una casa o un almacén de nueva planta, que representan un 29% del total (20.280 expedientes). Se trata de los fraudes de mayor calado, pero no los más numerosos. El ranking lo encabezan las ampliaciones y rehabilitaciones de inmuebles cuya zona principal sí se encontraba registrada en el Catastro. De los 69.926 casos aflorados, un 37% (25.872) se corresponden con actuaciones como añadir una planta a la vivienda o ganarle unos metros al patio para crear un jardín o una plaza de aparcamiento. Otro 24% (16.782) se deben a reformas y cambios de uso (cerramiento de una terraza, recuperación de una casa antigua,), mientras que el 8% restante (5.595) los conforman piscinas que no existían en el censo del organismo estatal.

Como es lógico, no todas las infracciones tienen la misma repercusión económica, ya que el importe del IBI varía en función de los metros ganados al inmueble y del incremento del valor catastral. Pero lo que sí que tiene un precio único son los 60 euros que la Dirección General del Catastro cobra como tasa para cubrir los gastos de los servicios realizados, desde la captura de fotos aéreas (drones o satélites) hasta las comprobaciones sobre el terreno. Sólo por este concepto se han abonado en la provincia 4,2 millones de euros. Luego, la información la confrontan con la documentación existente en los ayuntamientos y, en caso de confirmarse el fraude, se le notifica por escrito al contribuyente sobre el inicio del procedimiento para la regularización, teniendo 15 días para presentar alegaciones.

Pese a estas cifras, desde el ente dependiente de Hacienda niegan cualquier afán recaudatorio puesto que la regularización no conlleva una sanción (de ahí que se haya llegado a hablar de una amnistía inmobiliaria), recordando que la Ley del Catastro obliga a declarar de forma completa y correcta las altas de nuevos inmuebles o las modificaciones realizadas en los ya existentes ya sea económicas, físicas o de titularidad, contemplándose multas que oscilan entre los 60 y los 6.000 euros.

En este sentido, inciden en que el objetivo de este plan es «luchar contra el fraude para que afloren inmuebles que están disfrutando de los servicios públicos municipales a costa de los titulares de los que están correctamente declarados». Un argumento que también secundan en el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). «Es preferible que las personas que no cumplen con la totalidad del pago de sus impuestos contribuyan, antes que subírselos a los que ya lo pagan», afirma su secretario general, José María Mollinedo. Comparten el fondo, pero no las formas, ya que consideran que en la carta, además de exigir la tasa por la regularización e informar de la opción de impugnar, también se debería explicar a los afectados de las consecuencias que el incremento de los valores catastrales tiene en impuestos como el IBI.

El valor catastral, referencia para tributar y para acceder a ayudas

  • El Catastro Inmobiliario es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda en el que se describen los bienes inmuebles, a cada uno de los cuales se les aplica un valor patrimonial (no de mercado) en función de una serie de criterios como su localización, coste de su construcción, antigüedad, superficie o el precio del suelo. Es lo que se conoce como el valor catastral, que es una de las referencias que utilizan las Administraciones para determinar la capacidad económica de su titular a la hora de cobrarle impuestos estatales (IRPF y Patrimonio), autonómicos (Sucesiones) y municipales (IBI y plusvalía).

  • Pero además de su función tributaria, la información catastral también se tiene en cuenta en procesos de concesión de diversas ayudas públicas tales como acceso a vivienda protegida, becas de estudios, subvenciones de comedores sociales, acceso a residencias para la tercera edad o incluso para acogerse a la justicia gratuita.

Obras sin licencia

Cierto es que la regularización no conlleva ningún tipo de sanción por parte del Catastro, pero sí que puede ser utilizada por los ayuntamientos y las administraciones autonómicas para penalizar obras ilegales. «El Catastro únicamente se dedica a adecuar la realidad registrada con la física, pero una cuestión distinta es que el ayuntamiento de turno decida tomar cartas en el asunto e iniciar un expediente sancionador en el caso de que la obra detectada se hubiera hecho sin licencia», remarca Garzón, quien precisa que el plazo de prescripción en estos casos es de seis años.

Ante esta posibilidad, desde el Colegio de Administradores de Fincas recomiendan solicitar el pertinente permiso de obras y declarar en el Catastro la modificación realizada. «Los ayuntamientos suelen incluir en la licencia de obras una nota en la que advierten de que cumplir la normativa municipal no significa cumplir otras, así que es importante informar al Catastro para evitar estas situaciones», apunta el presidente del órgano colegial, Fernando Pastor, quien añade que en breve la sede del propio Colegio se convertirá en punto de información catastral, permitiendo a los ciudadanos la consulta y certificación electrónica dela información incorporada al registro.

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