Diario Sur

La ministra de Medio Ambiente dice que la depuración es «una prioridad» del Gobierno

El Gobierno central ha tardado una semana en valorar la decisión de la Comisión Europea de pedir al Tribunal de Justicia de la UE que imponga a España una multa de al menos 46,5 millones por la falta de depuración de aguas residuales en 17 poblaciones de más de 15.000 habitantes (entre ellas Estepona-San Pedro, Nerja, Coín y Alhaurín el Grande). Lo hizo ayer en boca de la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, quien al margen de aclarar que aún no hay comunicación oficial de Bruselas y remarcar que el correcto tratamiento de las aguas residuales es «una prioridad» para el Ejecutivo, puso el acento en que las siete actuaciones de esa lista negra que dependen del están en marcha.

«En todas estamos trabajando y seis están próximas a concluir», aseguró la ministra en respuesta a la pregunta formulada por el diputado gallego de Unidos Podemos, Antonio Gómez-Reino. En el caso de la provincia de Málaga, los dos proyectos a los que se refería García Tejerina son los de la ampliación de la planta de Guadalmansa (Estepona) que financia el Estado pero acomete la Junta de Andalucía; y la construcción de la estación de Nerja. Las dos en obras están ejecutándose (la primera desde 2010 y la segunda desde 2014), pero a día de hoy siguen sin fecha de finalización. Por lo demás, la ministra incidió en que las competencias en materia de depuración son de los ayuntamientos, con el auxilio de las comunidades autónomas. «El Estado sólo tiene competencias en aquellas que están declaradas de interés general», matizó.