Diario Sur

El sector turístico denuncia la «desidia» de Gobierno y Junta en completar el saneamiento

Las obras de la planta de Guadalmansa han sufrido diversos parones desde que empezaron en 2010.
Las obras de la planta de Guadalmansa han sufrido diversos parones desde que empezaron en 2010. / Sur
  • Los empresarios y los municipios incluidos en la lista negra de la UE que justifica la multa millonaria exigen que se ejecuten las obras pendientes desde hace décadas

Tanto Ministerio de Medio Ambiente como Junta de Andalucía optaron ayer por el silencio después de que la Comisión Europea propusiera el jueves imponer a España una multa de 46,5 millones de euros porque cinco años después de que el Estado fuera condenado, todavía hay 17 núcleos de más de 15.000 habitantes que no depuran sus aguas residuales. Cuatro de las obras pendientes para corregir estas carencias están en Málaga y su responsabilidad se las reparten ambas administraciones, ya que la planta de Nerja y la ampliación de la de Guadalmansa (Estepona) están declaras de interés de la Nación; y la estación que dará servicio a Coín y las tuberías que agruparán los vertidos de Alhaurín el Grande tienen la misma calificación a nivel autonómico. «De momento no tenemos ninguna notificación de la Comisión Europea, cuando llegue se analizará», fue la única comunicación oficial por parte del Gobierno central. En cuanto a la Administración regional, el mismo mutismo, salvo para precisar que de confirmarse la sanción, el Estado tendría que sufragar la parte correspondiente a las obras que asumió, por mucho que la normativa diga que las competencias son de los ayuntamientos, con el auxilio de las comunidades autónomas.

Quienes sí que alzaron la voz fueron los ayuntamientos de dos de los municipios afectados (Estepona y Nerja) y, sobre todo, el sector turístico, que lleva más de cuatro décadas exigiendo el vertido cero de aguas residuales en la provincia y se pregunta por qué todos los andaluces llevan cinco años y medio pagando un recargo en su factura del agua para financiar depuradoras que no se construyen. «Al final, la desidia de las administraciones la acabamos pagando el pueblo, y en Andalucía por partida doble porque estamos abonando un canon de depuración y nadie sabe dónde está ese dinero», se quejaba el coordinador del Foro del Saneamiento Integral de la Costa del Sol, Antonio Aranda, a quien la decisión de Bruselas no sorprende.

«Esta situación la venimos advirtiendo desde hace años, así que de la sanción millonaria lo único que nos sorprende es que no haya llegado antes. Pero sí que nos indigna porque tanto el Gobierno central como el autonómico han venido haciendo oídos sordos», apuntaba el portavoz de este colectivo creado ‘ex profeso’ para este cometido en 2007 y que actualmente integran 37 asociaciones ligadas al sector turístico, empresarios, sindicatos y organismos públicos como las mancomunidades de la Costa Occidental y de la Axarquía o el Patronato de Turismo.

En términos similares se expresaba el presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Miguel Sánchez, quien criticó «el nulo interés de las administraciones en resolver un asunto que en la Costa se viene reclamando desde hace décadas». «El 80% de los turistas que vienen a Andalucía lo hacen por el sol y playa, así que es vergonzoso que todavía estemos en esta situación», añadió el empresario hotelero.

Respecto a la repercusión que tendría en el turismo que finalmente se materializara esta multa opinó el presidente del Patronato de Turismo y de la Diputación Provincial, Elías Bendodo, asegurando que «ya la tiene porque al final, la falta de saneamiento en la provincia tiene un impacto negativo en el turismo». «Para mantener el liderazgo turístico de la Costa del Sol no podemos tener las playas como están por un déficit del saneamiento integral», agregó el también presidente del PP de Málaga, quien apuntó directamente hacia la Junta al afirmar que «su prioridad debe ser gastar lo ya recaudado» a través del canon de depuración porque «lo que nadie es capaz de explicar es cómo se recauda este impuesto y no se invierte a pesar de ser un tributo finalista».

Los ayuntamientos

De los cuatro municipios afectados, Coín y Alhaurín el Grande no contestaron a este periódico. Quien sí que lo hizo fue la alcaldesa de Nerja, Rosa Arrabal (PSOE) para denunciar el parón que desde antes del verano sufren las obras de la depuradora: «Desde hace meses esperamos noticias del Gobierno y de la empresa adjudicataria». Su concejal de Infraestructuras, José María Rivas, llegó a calificar de «surrealista» la posibilidad de que la multa recaiga sobre el Ayuntamiento «cuando se trata de un proyecto que fue declarado de Interés General de Estado en 1993» y que, por tanto, financia el Ministerio de Medio Ambiente (23,5 millones) con fondos europeos.

También procede de las arcas estatales los 30,1 millones que cuesta la ampliación de la estación de Estepona, aunque la ejecución de las obras (que han sufrido numerosos parones) compete a la Junta. En este sentido, desde el Consistorio lamentaron la «incapacidad» del Gobierno andaluz para culminar este proyecto y criticaron «las numerosas visitas a la depuradora de responsables de la Junta en las que se anunciaba la próxima apertura de la infraestructura, algo que todavía no se ha producido». Además, denunciaron que en el cartel de las obras en Guadalmansa incluso ha desaparecido ya la fecha de finalización de las mismas.

Han colaborado: Eugenio Cabezas, Leandro Pavón e Iván Gelibter.