Diario Sur

El juez archiva 17 piezas de la causa de cursos de formación en Málaga

  • Está previsto que a finales de noviembre o principios de diciembre finalicen las declaraciones de todos los investigados

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha archivado diecisiete piezas separadas del caso Edu, donde se investigan las supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación para desempleados del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga.

Estos sobreseimientos se producen después de que la fiscalía solicitara el pasado junio el archivo de dieciocho piezas al considerar que no había delito de fraude de subvenciones, ya que el dinero recibido no superaba en ninguna los 120.000 euros.

Respecto a las piezas que se pidió el sobreseimiento, el fiscal entendía que las irregularidades detectadas podrían tener consecuencias administrativas, por lo que se solicitó que se pusiera en conocimiento de la Junta de Andalucía para los correspondientes expedientes administrativos.

En algunas de las causas que se siguen investigando se detectaron indicios de irregularidad o falsedad por lo que el juez continúa con su instrucción.

Fuentes judiciales han confirmado a Efe que está previsto que a finales de noviembre o principios de diciembre finalicen las declaraciones de todos los investigados, ya que sólo quedan pendientes algunos inspectores porque ya han declarado los responsables políticos y funcionarios.

Entre los políticos que ya que han declarado en calidad de investigados se encuentra el exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía Juan Carlos Lomeña, así como la jefa de servicio Isabel Almendro y otros funcionarios.

El instructor finalizó el pasado abril las declaraciones de empresarios a los que se les concedió una subvención para cursos de formación para desempleados, con compromiso de contratación, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga.

Las investigaciones judiciales se centraron en las convocatorias del 15 de diciembre de 2010 (en las que se investigaron diecisiete empresas), y del 4 de noviembre del mismo año, donde se investigaron diez sociedades.

El instructor abrió un total de veintisiete piezas, una por cada empresa que obtuvo subvención pública, más una principal, aunque luego se quedaron en veintiséis porque dos de ellas se agruparon en una misma pieza separada por tener vínculos.

Las sociedades investigadas -a raíz de una denuncia de la sesión de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)- iban desde academias a escuelas de masaje con un objeto social en el que indicaban "actividad educativa y formativa".

Alrededor de unas ochenta personas han comparecido ya ante el magistrado, ya que no sólo han declarado empresarios, sino también profesores, alumnos y coordinadores de los cursos, y la mayoría han intentado explicar que cumplieron con todos los requisitos y con el compromiso de contratación.

Pese a ello, algunos han reconocido que cometieron ciertas irregularidades, ya que no cumplieron con el requisito de contratación debido a la crisis o incluso se ha dado el caso de algún empresario que ha dicho que no lo impartió, pese a percibir parte de la ayuda.

Este último empresario aseguró que se puso en contacto con la Junta de Andalucía para intentar devolver el dinero debido a que, según sus declaraciones, durante dos años no había podido impartirlo al no encontrar empresas que contrataran posteriormente a los alumnos cuando finalizaran la formación.

Muchos de los investigados que han declarado han asegurado que la Junta de Andalucía no inspeccionaba si se impartía los cursos y que no acudió ningún inspector para supervisarlo, pero que ellos daban cuenta por internet a través de un programa informático.