Diario Sur

La Fiscalía lleva al juzgado la presencia de policías locales de Marbella en una boda

La unidad montada de la Policía Local, el día de la boda. :: sur
La unidad montada de la Policía Local, el día de la boda. :: sur
  • El Ministerio Público da curso a una denuncia presentada por el PP contra el alcalde, el edil de Seguridad y el jefe del cuerpo

El fiscal de área de Marbella ha ordenado la apertura de diligencias de investigación penal por el caso de la utilización de policías a caballo como escolta en la ceremonia de la boda de un miembro del PSOE el pasado junio. La denuncia fue presentada por el Partido Popular, que ayer difundió en rueda de prensa el decreto del fiscal jefe por el que se ordena la incoación de diligencias. La decisión del fiscal consiste en la apertura de una investigación y la remisión al Juzgado Decano de Marbella para su reparto y la práctica de las diligencias correspondientes.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 3 de junio y el grupo municipal del PP presentó la denuncia el 25 de julio. Diez días después, el 4 de agosto, el fiscal jefe dictó el decreto, que el Partido Popular ha dado a conocer ahora. La denuncia, encabezada por la presidenta local del Partido Popular, Ángeles Muñoz, y firmada también por otros 11 ediles populares, se dirige contra el jefe de la Policía Local, José Andrés Montoya, el alcalde, José Bernal, y el delegado de Seguridad, Javier Porcuna. En la misma, según refleja el decreto del fiscal, se expone que durante la celebración de la boda de un miembro de la lista socialista en las últimas elecciones municipales se utilizó a dos agentes de la patrulla de la Policía Local a caballo y a tres policías más como escolta de gala al séquito nupcial en un evento que no debiera exceder de la esfera privada.

En la denuncia también se hace mención a una indebida utilización del estacionamiento de carga y descarga en la calle Huerta Chica, a la alura del restaurante La Pesquera, con la finalidad de que fuera utilizada por dos vehículos de la comitiva nupcial «y ello en contra de la normativa municipal y sin ningún tipo de autorización vigente, prevaliéndose de la condición de autoridad para favorecerlo».

El portavoz del PP, Félix Romero, ha destacado que ahora se abre un nuevo horizonte judicial y habrá un procedimiento en el que se deberán establecer las responsabilidades de cada uno. «Lo que está claro -aseguró- es que los hechos pueden ser delito y serán investigados por un juzgado».

Romero recordó que entonces su formación advirtió de la gravedad de la utilización de recursos públicos al servicio de intereses privados y calificó de inaceptable que se enviara una escolta de gala al séquito nupcial, «en un evento que nunca debió de exceder de la esfera privada». El concejal aseguró que estos hechos son propios de los gobiernos del GIL, «donde la confusión de lo público y lo privado era una práctica permanente», y criticó el el equipo de gobierno nunca ofreciera explicaciones suficientes. «La gestión política de la policía local en el último año ha sido un rosario de despropósitos, algunos de ellos, como es este caso, con consecuencia judiciales», concluyó.

Gobierno municipal

Por su parte, el equipo de gobierno municipal se apresuró ayer a vincular la difusión del decreto del fiscal con la noticia del día anterior sobre la decisión del Ministerio Público en relación con la presunta falsedad documental en la tramitación del PGOU, asunto en el que el fiscal aprecia indicios de delito en la conducta de Ángeles Muñoz.

En un comunicado, el gobierno municipal indicó que sospecha que esta información transmitida por el Partido Popular es «una cortina de humo para intentar tapar los indicios encontrados por la Fiscalía».

«Desde el Gobierno municipal se colaborará como en todos los casos con el Poder Judicial con diligencia y rapidez para esclarecer cualquier tipo de duda que planteen los tribunales», sostiene la nota.