La burocracia frena las ayudas para paliar los daños de los temporales en la provincia de Málaga

Desprendimientos de tierra, socavones en carreteras comarcales, caminos públicos intransitables por la acumulación de lodos, tuberías de abastecimiento de agua rotas, polideportivos inundados, Estos fueron los principales daños, pero no los únicos, que las intensas lluvias registradas en octubre del año pasado causaron en la Serranía de Ronda. Especialmente cuantiosos fueron los destrozos en Pujerra, donde en apenas 24 horas cayeron 318 litros por metro cuadrado en el que ha sido el peor temporal sufrido en este municipio desde 1989, pero también en otros pueblos del alto Valle del Genal como Júzcar, Igualeja y Jubrique. En su conjunto, los daños se valoraron en 1,7 millones de euros. Parte de los múltiples destrozos, fundamentalmente los de infraestructuras básicas para la población que requerían una actuación de urgencia como carreteras o redes hídricas, fueron reparados con los limitados recursos de estos ayuntamientos y la colaboración de la Diputación Provincial, pero nueve meses después de que la tromba hiciera estragos en esta comarca, las ayudas prometidas por el Gobierno central para paliar los daños registrados aún no se han materializado.

Ni lo han hecho, ni lo harán en el mejor de los casos hasta el próximo otoño, puesto que a día de hoy ni siquiera se ha publicado la pertinente convocatoria para solicitarlas. En total, son 15 los municipios malagueños que siguen esperando las subvenciones estatales para paliar los efectos de los distintos temporales que sacudieron la provincia el pasado otoño. Al margen de los ya citados, también figuran Alhaurín de la Torre, Algarrobo, Arenas, Casares, Cortes de la Frontera, Estepona, Genalguacil, Manilva, Ronda, Sayalonga y Torremolinos. Según la relación de incidencias que cada localidad trasladó a la Subdelegación del Gobierno, sólo en infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de titularidad municipal el coste alcanzaría los 6,5 millones de euros.

Ante esta demora, a los municipios no les ha quedado otra que tirar de fondos propios, por muy limitados que sean. Así lo ha tenido que hacer el Ayuntamiento de Pujerra destinando 150.000 euros procedentes de los fondos de la Diputación que se iban a dedicar a inversiones para arreglar las dos captaciones de agua que resultaron dañadas para garantizar el suministro este verano. Sólo en esta localidad, las incidencias en infraestructuras se cuantificaron en 696.458 euros, mientras que en Júzcar se valoraron en 534.351.

Recursos propios

Dada sus limitaciones presupuestarias, son las localidades con más problemas. Pero por volumen destaca Alhaurín de la Torre, que estima en 1,3 millones el coste de las 32 actuaciones necesarias para recobrar plenamente la normalidad. De ellas, se han ejecutado obras por 188.000 euros. «Aprovecharemos al máximo las herramientas de financiación que nos ofrezca el Gobierno, pero ya hemos empezado a hacer cosas con nuestros propios recursos», afirma el alcalde Joaquín Villanova. En la misma línea, en Ronda también están pendientes de que se convoquen las ayudas para solicitar 146.000 euros por el deterioro en caminos públicos. «Entendemos la lentitud de la administración en este tipo de cuestiones, pero esperamos como agua de mayo estas ayudas para poder acometer el arreglo de estos caminos», expone el edil de Medio Ambiente, Francisco Márquez.

Como suele ser habitual en estos casos, el Consejo de Ministros reaccionó rápido en los despachos aprobando a finales de octubre un decreto por el que se adoptaban medidas urgentes para reparar los daños que los temporales provocaron no sólo en la provincia de Málaga, sino en todo el sur y este peninsular además de las islas Canarias. Posteriormente, en diciembre, el Ministerio del Interior determinaba los municipios incluidos en este decreto (15 en la provincia), cuyo ámbito de aplicación se extendió al resto de incidencias producidas hasta entonces. A partir de ahí, la tramitación pasó al Ministerio de Hacienda, que es el al que le corresponde liberar los fondos. Y ahí se frenó.

Con un Gobierno en funciones desde entonces, la realidad es que no ha sido hasta el pasado mes de junio cuando dio luz verde a la habilitación de un crédito extraordinario de 19,7 millones, fijado en base a las valoraciones de los daños realizadas por todos los municipios afectados del país, que se financiarán con cargo al Fondo de Contingencia que los Presupuestos Generales del Estado tiene reservado para imprevistos y situaciones de emergencia. Según aseguran a este periódico desde el Gobierno, los expedientes están únicamente pendientes del visto bueno de la Abogacía del Estado para que puedan convocarse las ayudas, pero de momento no se atreven a ponerle fecha.

Cuando llegue ese momento, los ayuntamientos deberán presentar las solicitudes con los pertinentes informes técnicos en los que se enumerarán los daños causados y el valor de su reparación, tanto si está pendiente como si se hizo con fondos propios. A partir de ahí, Hacienda revisará todos los expedientes y concederá las ayudas, que son del 100% de su valor en el caso de infraestructuras esenciales y del 50% para el resto.

((En esta información ha colaborado Vanesa Melgar))

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