Colas en la oficina de Justicia de Málaga al exigir la Junta certificado de penales a los docentes

Confusión, desinformación, improvisación y muchos más calificativos dedican los docentes a los responsables de la Consejería de Educación, que les exigen ahora, cuando está finalizando el curso, la presentación de un certificado del Ministerio de Justicia que acredite que carecen de antecedentes penales por delitos sexuales. Esta es una exigencia legal para todos los profesionales que trabajen con niños, que entró en vigor hace casi un año pero que la Junta de Andalucía no ha exigido hasta ahora, cuando está a punto de expirar el plazo para su cumplimiento.

La Ley 26/2015 de 28 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, introdujo la obligatoriedad de acreditar una certificación negativa de antecedentes penales por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales para todas aquellas personas que trabajan con menores. Este es un requisito para profesores, pero también para profesionales que estén en contacto con menores e incluso para jóvenes que realicen prácticas en los centros docentes.

Aunque la Consejería de Educación ha habilitado el portal del personal docente para realizar la solicitud vía telemática, las incidencias son numerosas, de ahí que los docentes finalmente tenga que acudir a la oficina de la delegación provincial del Ministerio de Justicia, en Muelle de Heredia, para realizar la solicitud presencial. El certificado que se les entrega lo deben llevar después a la Delegación Provincial.

«He tenido que venir desde Alhaurín de la Torre. Tengo bloqueado el portal docente y los informáticos no han podido restaurarlo. Solo me quedan tres meses de trabajo, porque me jubilo, y dije al jefe de estudios de no llevar el certificado, y me contestó que entonces me pondrían en tareas administrativas porque no podría estar con los niños», decía Fernando, quien denunció la «improvisación» con que se ha abordado esta cuestión. Prueba de ello es que en principio la Consejería publicó la instrucción y contemplaba la presentación telemática de una declaración autorizando la consulta al registro central de delitos sexuales. Presentado este documento con la firma digital hubiera sido suficiente para que Educación realizara todos los trámites. Pero días posteriores se emitió una nota informativa en la que se especificaba que solo se admitirían las presentadas a través del portal docente.

Francisco Hidalgo, de CSIF Educación, declaró que «la Consejería exige su presentación en un plazo de diez días, de modo improvisado, sin la publicidad necesaria y en tiempos inadecuados». Coincide, señala, final de curso, la solicitud para colocación de efectivos e incluso la celebración de las oposiciones y emplazó a la Consejería a ampliar el plazo de presentación. Desde ANPE, su secretaria provincial, María Gracia del Amo, aseguró que han atendido hasta 200 llamadas en un día de docentes solicitando información, ya que el teléfono de atención de la Consejería ha estado también colapsado. «Los que tenían mal el correo o el teléfono móvil no han podido acceder al portal docente al no estar identificados como personal de la Consejería», lamentó.

Pero carecer de antecedentes penales por delitos sexuales no es un requisito solo para los profesores. También se exigirá a los futuros interinos y también los alumnos que realizan prácticas en los colegios e institutos. Los afectados se concentran en las aulas de la Facultad de Ciencias de la Educación, ya que aquí se programan las prácticas en los centros escolares. La decana, María Rosario Gutiérrez, aclara que esta exigencia «supondrá un trámite complejo que puede dilatar las gestiones previas que se realizan desde nuestra secretaría para el acceso a los centros. Por ello estamos estudiando medidas para que el procedimiento de solicitud de los certificados, y la coordinación entre la facultad y los centros de prácticas en relación a este tema sea lo más ágil posible».

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