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Los empleados subrogados niegan estar de brazos cruzados
Los empleados subrogados del SAE niegan carecer de tareas y se sienten «víctimas» de la política

Los empleados subrogados del SAE niegan carecer de tareas y se sienten «víctimas» de la política

«No somos enchufados ni estamos mano sobre mano», mantienen los 86 antiguos trabajadores de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo en Málaga

Nuria Triguero

Lunes, 18 de abril 2016, 00:43

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La frase que les ha situado de nuevo en el ojo del huracán vino del propio portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez: «No se puede permitir que haya personal cobrando y mano sobre mano». Se refería a los alrededor de 1.800 empleados que el Servicio Andaluz de Empleo ha absorbido provenientes de empresa públicas o programas ya extintos, como la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE). Con esa expresión defendía la intención del Gobierno andaluz de dar nuevas atribuciones a estos trabajadores que, al no ser funcionarios, tienen limitadas las tareas que pueden desempeñar.

Pero la presidenta del comité de empresa del personal laboral integrado en el SAE en la provincia, Natalia de la Jara, niega la mayor. «En Málaga no hay nadie de nuestro colectivo que esté mano sobre mano o sin tareas asignadas», asegura. Dicho colectivo está formado por 86 antiguos empleados de FAFFE, que fueron integrados en el SAE en 2011 como consecuencia de la desaparición de dicha fundación con base a la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz. Una ley que fue muy criticada en su día por la oposición y los sindicatos de funcionarios, que consideraban que entidades como la FAFFE estaban «llenas de enchufados del PSOE» y estaban en contra de que se convirtieran en personal fijo del SAE. De la Jara declara: «No es verdad que seamos enchufados, ni tampoco que cobremos sueldazos. El 99% cobra menos que un técnico de la Administración. Estamos hartos de que se nos utilice como arma para la batalla política; nos sentimos víctimas».

«Nos estigmatizan»

La representante del personal subrogado en el SAE asegura que hasta ahora han permanecido callados porque «sólo queremos que nos dejen trabajar», pero la última polémica les ha llevado a levantar la voz por primera vez. «Nos duele que Ciudadanos, PP, IU y Podemos no nos consideren trabajadores igual que al resto, que nos estigmaticen sin conocer cuál es nuestro día a día», afirma.

Los 124 agentes locales de empleo denuncian que la Junta retrasa su readmisión

  • En marzo del año pasado, el Tribunal Supremo declaró nulo el despido de los trabajadores de 14 consorcios Utedlt (Unidades Territoriales de Promoción de Empleo) con el consiguiente derecho a la readmisión de los afectados, que son 124 agentes locales de promoción de empleo (ALPE). A día de hoy sólo cinco de estos empleados han vuelto a estar en nómina del Servicio Andaluz de Empleo. El presidente de la Asociación de ALPE de Andalucía, Javier Urbano, denuncia que las readmisiones en Málaga se están retrasando más que en otras provincias, ya que aquí se exigió a los trabajadores que interpusieran demandas individuales. «Una vez que lo hemos hecho y la mayoría ya tenemos sentencias individuales, ahora nos piden un auto de ejecución de sentencia, para lo cual tenemos que ir otra vez al juzgado», apunta, señalando que en otras provincias no se está aplicando este requisito. «Es una pérdida de tiempo absurda, ya que mientras no estemos reincorporados la Junta no va a ahorrarse nuestros sueldos; tendrá que acabar pagándolo», apunta el representante del colectivo.

  • Laboral fijo

  • Los ALPE recuerdan que la ley les otorga el estatus de personal laboral fijo de la Junta e insisten en que, a diferencia de otros colectivos, obtuvieron sus puestos de trabajo mediante un proceso selectivo «a través de una convocatoria pública y bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad». «No se nos debe meter en el mismo saco que los otros laborales de la Junta», añade.

  • «Nuestra lucha está centrada en que nuestra reincorporación e integración en el Servicio Andaluz de Empleo sea plena y con todos nuestros derechos adquiridos, avalados por el Tribunal Supremo y la Ley», afirma el portavoz de los ALPE. «Nuestras funciones estaban establecidas en los estatutos de los Consorcios UTEDLT, y nuestro convenio colectivo nos garantiza que en el caso de una modificación de funciones, se nos facilitará la formación necesaria para prestar esas nuevas funciones», añade.

De la Jara afirma que todos los antiguos empleados de FAFFE tienen «tareas asignadas», bien en las oficinas del SAE o en la propia delegación provincial de Empleo. «Que no tengamos un catálogo de puestos de trabajo no significa que no tengamos tareas», insiste. Y especifica que entre estos empleados básicamente hay tres perfiles: unos se encargan de lo que se llama «dinamización de cola», que consiste en informar y ayudar a los usuarios cuando llegan; otros prestan orientación laboral a los parados y otros, del asesoramiento a empresas. De la Jara añade que algunos de estos trabajadores llevan trabajando en las oficinas del SAE desde mucho antes de su subrogación laboral y no entiende por qué la Junta ha dado a entender que no tienen una ocupación clara. «No creo que sobren trabajadores. Hay servicios que ahora no se están dando por falta de personal», añade.

El hecho de que no puedan acceder al programa informático Hermes, que es el que contiene la base de datos con toda la información sobre los desempleados andaluces (y cuyo uso está reservado a los funcionarios por tratarse de datos sensibles) «no nos impide trabajar», asegura. No obstante, el colectivo sí reivindica poder acceder a Hermes «porque en otras comunidades autónomas, incluso empresas privadas subcontratadas por los servicios públicos de empleo pueden hacerlo», afirma la representante sindical. De esta manera, añade, «podríamos trabajar de manera más eficaz».

Respecto a las acusaciones de enchufismo que se vienen vertiendo contra el personal de la FAFFE, De la Jara afirma: «Entramos en la fundación por los procesos selectivos que había establecidos en nuestra anterior empresa, que eran cursos con compromiso de contratación o entrevistas muy escrupulosas».

De la Jara espera que los partidos alcancen un «consenso» en el Parlamento andaluz que saque a los antiguos trabajadores de la FAFFE del centro del ring político.

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