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Una de las sedes del Patronato de Recaudación Provincial, en el PTA.
La Fiscalía ve indicios de delito en el caso del Patronato de Recaudación de la Diputación de Málaga

La Fiscalía ve indicios de delito en el caso del Patronato de Recaudación de la Diputación de Málaga

El Ministerio Público envía al juzgado una denuncia por posible prevaricación y pide que se investigue por qué esta entidad pública dejó de cobrar 35 millones

Juan Cano

Viernes, 18 de marzo 2016, 00:45

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La investigación sobre supuestas anomalías en la recaudación de impuestos por parte del Patronato de Recaudación Provincial, dependiente de la Diputación, acaba de llegar a los tribunales. La Fiscalía de Málaga ha entregado al juez una denuncia al detectar indicios de un posible delito de prevaricación, según confirmaron a este periódico fuentes cercanas al caso.

El Ministerio Público, que investiga los hechos desde hace justo un año, culminó hace unos días un informe en el que se recogen las supuestas irregularidades observadas en expedientes de deudas tributarias impuesto de transmisiones patrimoniales, y el de sucesiones y donaciones, en vía ejecutiva considerados incobrables y que han sido gestionados por esta agencia pública durante los últimos cinco años.

La investigación se centra en el funcionamiento del Patronato de Recaudación, y más concretamente en el departamento que se encarga de cobrar los tributos que le encomienda la Junta de Andalucía. Las pesquisas se iniciaron a raíz de un informe interno de la propia agencia pública del entre supramunicipal en el que se apuntan presuntas anomalías y dejación de funciones que habrían provocado que un considerable número de expedientes se declaren como incobrables o prescriban.

La agencia afirmó que todo «estaba dentro de lo normal»

  • Los responsables del Patronato de Recaudación de la Diputación Provincial restaron inicialmente importancia a la polémica suscitada por las presuntas anomalías en la gestión de cobro de deudas tributarias en la llamada Zona Junta. El gerente de esta agencia pública, Luis Díaz, aseguró el pasado noviembre, cuando SUR destapó el caso, que todo estaba «dentro de lo normal». El máximo responsable de este departamento recordó que el volumen de encargos de cobro de la Junta al Patronato puede superar los 200 millones de euros en el último lustro y que se trata de expedientes de recaudación en vía ejecutiva, es decir, cuando los contribuyentes no han cumplido con sus obligaciones tributarias de forma voluntaria, por lo que «son casos que generalmente presentan dificultades para cobrar la deuda», declaró entonces Luis Díaz. A los pocos meses de conocer el informe que alertó del asunto, el Patronato descabezó la unidad que lo elaboró y apartó al responsable de la Zona Junta. La tesorera encargó a su sustituto un nuevo informe para esclarecer las supuestas anomalías. Este otro análisis avaló la actuación sobre los cobros encomendados por la Junta.

Con ese informe sobre la mesa, la Fiscalía ha realizado durante estos meses diferentes gestiones para esclarecer los hechos y ha requerido información ampliatoria al Patronato. Del análisis de toda esa documentación ha surgido la denuncia por posible prevaricación que ha sido entregada ahora al juez para que continúe con la investigación al considerar que podría existir responsabilidad penal.

En su denuncia, el Ministerio Público pide que se aclare por qué esta agencia dejó de cobrar 35 millones de euros correspondientes a expedientes que aún están abiertos por deudas tributarias que no se han podido ingresar por distintos motivos: insolvencia, quiebra de empresas, ciudadanos extranjeros ilocalizables...

El informe realizado por el propio Patronato refleja otra cifra aún mayor: 38 millones de euros en expedientes también incobrables, pero ya cerrados, esto es, que se habrían dado por perdidos por la Administración. Lo que se cuestiona es por qué esos expedientes no se han rehabilitado para investigar si la persona o la empresa que antes era insolvente tiene ahora patrimonio del que poder recuperar los tributos que adeuda.

Cifra «desproporcionada»

Así, el montante total rondaría los 73 millones de euros, como reflejaba el documento elaborado por trabajadores del propio Patronato, que considera «desproporcionada» esta cifra en comparación con otras zonas recaudatorias.

El informe que ha manejado la Fiscalía detecta, a raíz de un muestreo, que en un 60% de los casos analizados no constaba actuación alguna de cobro por parte de los funcionarios que los tenían a su cargo y que, en los que existía referencia de alguna actuación, ésta había tardado una media de más de dos años en practicarse, siempre según el documento. Se descubre también que muchos de esos expedientes correspondían a contribuyentes que eran titulares de bienes susceptibles de embargo y que, transcurridos varios años sin acción alguna por parte de la agencia de recaudación provincial, los habían transmitido o habían sido ya embargados por otras administraciones, por lo que se declaraban como incobrables.

También se señalan otro tipo de incidencias como que las notificaciones a los contribuyentes deudores eran escasas, provocando la prescripción de recibos. En definitiva, según este informe, una situación de inactividad que provocaba pérdidas en la gestión de los créditos encomendados por la Junta. Este análisis fue contestado por otro informe interno, encargado por la tesorera responsable del Patronato, que concluyó que se habían realizado todas las actuaciones posibles para cobrar las deudas tributarias.

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