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Todas las cuestiones siempre han tenido respuesta, aunque no siempre se hayan conocido
Los alcaldes, obligados a rendir cuentas

Los alcaldes, obligados a rendir cuentas

La Ley de Transparencia llega el 10 de diciembre a los ayuntamientos y sus empresas, que no solo deberán hacer públicos los sueldos, contratos y ayudas; también facilitar documentos que pidan los ciudadanos

Francisco Jiménez

Domingo, 29 de noviembre 2015, 00:53

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¿Cuánto gana su alcalde? ¿Qué trayectoria profesional tiene el último cargo de confianza fichado por el equipo de gobierno? ¿A dónde van a parar las subvenciones que concede su ayuntamiento? ¿cuál es el proceso de selección de personal de cada ente público? ¿qué empresas se llevan la mayoría de contratos? ¿cuántas personas trabajan en el consistorio y qué gasto representan? ¿cuántos liberados sindicales hay? Todas estas cuestiones siempre han tenido respuesta, aunque no siempre se hayan conocido. A partir de ahora, esa información deberá estar al alcance de todos los ciudadanos porque en estos tiempos en los que a los alcaldes se les llena la boca con proclamas a la transparencia ahora es cuando les llega el verdadero momento de demostrarlo. Pero no en un alarde de buena fe para tratar de devolver la confianza de la sociedad en la clase política. Más bien, porque estarán obligados a ello y se les podrán exigir responsabilidades si no lo hacen. La Ley de Transparencia, que entró en vigor el año pasado para todos los organismos dependientes del Estado, universidades, partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, se adentra ahora en el ámbito local.

A partir del próximo 10 de diciembre, todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales están obligados no solo a publicar proactivamente en sus respectivas páginas web información institucional, económica y de relevancia jurídica sobre su actividad; también a responder todas las solicitudes que formulen sus vecinos. Y nada de dar largas y dejar pasar el tiempo. Deberán contestar en un plazo máximo de un mes.

¿Se podrá preguntar sobre cualquier tema? Por supuesto que sí, pero tanto la norma estatal como la andaluza (vigente desde el pasado junio) dejan un resquicio para que, frente al vicio de pedir, los alcaldes se amparen en la virtud de no dar. A modo de referencia, pueden motivar su negativa con sólidos argumentos relacionados con la seguridad pública, la confidencialidad o la protección de datos personales, pero también puede bastar con alegar que el asunto en cuestión afecta a las competencias de otra administración, que su divulgación requiere un proceso previo de reelaboración, que el documento está pendiente de publicación general o incluso que se trata de un informe interno o entre entidades.

En cualquier caso, al regularse del derecho de acceso a la información, el ciudadano tiene potestad para interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, un órgano independiente encargado de velar por el cumplimiento de la ley que se constituirá en unas semanas, con seis meses de retraso. Si la infracción es imputable a autoridades y directivos la sanción puede ir desde una amonestación pública hasta el cese del cargo, pasando por una reprobación en el boletín oficial correspondiente para dejar en entredicho su reputación. Además, siempre le quedará la vía judicial.

Hasta ahí, la teoría. Pero ¿Y la práctica? ¿Llegarán todos los ayuntamientos a tiempo? En principio, la mayoría de los grandes consistorios logrará el objetivo, aunque a día de hoy no todos son igual de transparentes. En el plano positivo destacan la capital, que tiene a tres áreas implicadas (Economía, Innovación y Buen Gobierno), Vélez, Marbella, Fuengirola y Nerja, que amanecerán el 10 de diciembre con los deberes hechos. El resto es una incógnita, aunque el objetivo es cumplir en mayor o menor medida después de varios meses trabajando contra el reloj. Reseñable es el caso de Torremolinos, ya que el portal de transparencia sólo lleva unos meses operativo después de años en los que su web apenas aportaba información. Ahora sí lo hace, aunque al estar aún en fase de construcción únicamente recopila el sueldo y la declaración de la renta de los miembros del equipo de gobierno, la retribución de los altos cargos y los órdenes del día y las actas de los plenos.

También en la Diputación están apurando los plazos, aunque el recorrido es corto puesto que a menos de dos semanas de la fecha límite la sección de transparencia está al 90%. Mayores dificultades tienen los pequeños y medianos municipios por una simple cuestión de falta de recursos para recopilar y volcar toda la información. «Dentro de lo que cabe, lo positivo es que los 103 municipios tienen página web, algo que no ocurre en todas las provincias. Pero es cierto que a muchos se les ha echado el tiempo encima», afirma Teresa Vera, vicedecana de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA y responsable del proyecto Mapainfoparticipa que periódicamente evalúa el nivel de transparencia de los ayuntamientos. Aun así, es optimista al constatar «una apuesta firme por adaptarse» a una norma cuyo «cambio fundamental es el derecho a pedir y la obligación de contestar».

Para allanar el camino a los municipios con más dificultades, la Diputación lleva tres años asesorando a las localidades de menos de 20.000 habitantes e incluso desde su portal permite acceder a la información de los ayuntamientos, aunque la responsabilidad de darle contenido corresponde a cada consistorio.

«Habrá muchos que no lleguen a esa fecha, pero hay que tener en cuenta que la transparencia es un camino. Evidentemente, la aprobación de estas leyes y la apertura de portales son pasos positivos, pero lo importante ahora es ver si los ciudadanos hacemos uso de este derecho, si la Administración asume la cultura de la transparencia y si las autoridades independientes creadas actúan de verdad como tales», expone Emilio Guichot, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla y uno de los mayores expertos nacionales en transparencia.

En términos similares se expresa otro experto, el profesor de Derecho Constitucional por la Complutense de Madrid, Rafael Rubio, al advertir de que «habrá transparencia de varias velocidades porque dependerá de la voluntad política». Una disfunción que ya se da entre distintas comunidades autónomas y que, en el caso de los ayuntamientos «se multiplicará por mil». Sobre los incumplimientos que se puedan producir, Rubio también admite ser escéptico: «La cuestión es que es la administración la que viola su propia ley, así que lo previsible es que quede como una advertencia pública que dañe su reputación más que en una sanción real».

Otro aspecto negativo de la ley tiene que ver con las dificultades que en numerosos portales existen para solicitar información. «Algunos piden el DNI o incluso un certificado digital, lo que dificulta conseguir a cualquier dato. Si a ello se suman las limitaciones existentes a las que las administraciones se pueden agarrar para no contestar, la frustración resulta aún mayor», comenta Javier de Vega, que es responsable de Comunicación de la Fundación Civio, un colectivo que desde 2011 viene promoviendo medidas de transparencia y acceso a la información. Pese a los contras de la nueva normativa, De Vega prefiere quedarse con sus pros, como la obligación de hacer públicos todos los contratos, los sueldos de todos los altos cargos, las subvenciones que se otorgan o los informes que hay detrás de las políticas que se están implementando. «Es un gran paso», sentencia.

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