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Cartel ubicado en la entrada de la antigua sede de Limasa en la zona de La Térmica.
¿Se quiere acabar con los puestos hereditarios en Limasa?

¿Se quiere acabar con los puestos hereditarios en Limasa?

Gobierno y oposición coinciden en eliminar del convenio colectivo de la empresa de limpieza esta cláusula vigente desde 1989, aunque hasta ahora los pocos intentos han quedado en papel mojado

Francisco Jiménez

Viernes, 13 de noviembre 2015, 00:26

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Después de 26 años de vigencia y de continuas miradas para otro lado, en el Ayuntamiento de Málaga parece que ahora sí que están dispuestos a acabar con las cláusulas de los sucesivos convenios colectivos de Limasa que desde su privatización en 1989 (con el socialista Pedro Aparicio como alcalde) permiten que los puestos de trabajo puedan ser heredados en caso de jubilación anticipada, invalidez o fallecimiento. Cierto es que en febrero de 2012, apenas una semana después de la desconvocatoria de una huelga de basuras, la Corporación ya aprobó por unanimidad instar al consejo de administración de la empresa mixta de limpieza (que preside el alcalde) a negociar con los sindicatos los acuerdos laborales que eviten esta situación. Pero también es cierto que en la práctica este mandato plenario ha quedado en papel mojado siempre que ha tocado sentarse frente a los representantes de la plantilla. ¿Se podría suprimir de forma unilateral? Tratándose de un convenio colectivo validado por al autoridad laboral, no hay más vías que una salida pactada.

Después de varios intentos baldíos, a lo más que se ha llegado en este tiempo es a que desde 2013 todos las propuestas de relevistas son analizadas por una comisión paritaria empresa-comité y a acotarse a hijos y cónyuges el nivel de parentesco para poder beneficiarse de este sistema de contratación. Desde entonces, se han seguido produciendo contrataciones por esta vía, aunque ni empresa ni sindicatos concretan cuántas.

A modo de referencia, cabe señalar que en abril de 2013, en cumplimiento de lo pactado un año antes, se incorporaron como fijos once aspirantes: la esposa de un empleado y los hijos de otros diez. En cambio, se quedaron fuera un sobrino, un hermano y una vecina propuestos por sendos trabajadores con invalidez, ésta última con la justificación de que guardaba una estrecha relación de confianza con el operario. De esta forma se pretendía despejar las sospechas de que antiguamente se llegaba a comercializar con los puestos de trabajo, unas supuestas irregularidades imposibles de demostrar en una empresa en las que las acusaciones de enchufismo también salpican al resto de actores.

Cara a la negociación del nuevo marco laboral, que esta mañana celebra su cuarta reunión en un ambiente cada vez más crispado, la plataforma de convenio presentada por la entidad contempla que todas las vacantes por estos conceptos sean cubiertas por los operarios de la bolsa de eventuales que tengan más días cotizados, siempre previo visto bueno de la empresa. Por su parte, la del comité sí que mantiene este polémico articulado, así que pronto se verá si esta vez es la definitiva o se vuelve a dar una patada hacia delante a año y medio de que finalice la contrata.

En principio, todos los grupos políticos del Ayuntamiento defienden la supresión de estas cláusulas, según confirmaron ayer a este periódico uno por uno. Eso sí, sus palabras tendrán que ratificarlas con su voto en el pleno de la Corporación porque la intención del equipo de gobierno del PP es que la responsabilidad de dar este paso sea compartida, sobre todo ahora que está minoría. «Si todos los grupos estamos en disposición de que se elimine, el pleno tiene la potestad de instar a la dirección de la empresa o incluso al alcalde a hacerlo pero luego hay que negociarlo con los sindicatos para que se materialice», apuntaba el concejal de Sostenibilidad Ambiental, Raúl Jiménez.

Desde la oposición también parecen tenerlo claro. «Si defendemos la municipalización de Limasa es porque pretendemos que las reglas de acceso se ciñan a los principios de igualdad, mérito y capacidad. En el actual contexto, también estamos en contra de estas cláusulas, pero creemos que tienen que desaparecer en un marco en el que también se toquen los problemas que tienen los trabajadores», afirmó la portavoz socialista, María Gámez. Su homóloga en Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, llegó a calificar de «aberración» esta práctica en una empresa en la que el 49% de las acciones están en manos del Ayuntamiento, así que pidió «coger el toro por los cuernos y limpiar de irregularidades todos los procesos de selección tanto en Limasa como en cualquier empresa municipal».

El consejo, en funciones

Pese a las dudas dejadas en el pleno del miércoles por Ciudadanos al negarse a incluir en una iniciativa suya sobre Limasa una enmienda del PP para votar la supresión de estos controvertidos artículos, Juan Cassá se mostró ayer «radicalmente en contra de cualquier privilegio». Eso sí, justificó su negativa en que esta cuestión debe abordarse en el consejo de administración de la entidad. Un órgano en el que por cierto aún no tienen voz la formación naranja ni Málaga Ahora porque seis meses después de las elecciones municipales todavía no se ha constituido el nuevo organigrama para repartirse las nueve sillas reservadas para consejeros públicos (hay otras nueve para la parte privada, formada por FCC y Urbaser y, en menor medida, Sando y Unicaja). A priori, la idea es que cuatro sean del PP, dos del PSOE y 1 para Málaga Ahora, Ciudadanos e IU-Málaga para la Gente.

Precisamente el portavoz de este último grupo, Eduardo Zorrilla, remarcaba ayer que su formación ha sido «la única que desde siempre ha estado en contra de los puestos hereditarios mientras el PSOE miraba para otro lado y el alcalde lo ha consentido porque le ha interesado». «Nosotros defendemos los derechos de los trabajadores, pero los de todos, así que ojalá se elimine», remarcó el edil.

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