Tres nuevos imputados por los cursos de formación declaran que cinco alumnos no se presentaron a la contratación

Tres nuevos imputados por el presunto fraude en los cursos de formación para desempleados subvencionados por la Junta de Andalucía han declarado hoy ante el juez que investiga el caso que cinco de los nueve alumnos que fueron citados para su contratación en una notaría no se presentaron, según informaron fuentes judiciales.

La administradora de la empresa de formación, el apoderado de la misma y una profesora han declarado que el curso de formación de cocina, para el que recibieron una subvención de algo más de 100.000 euros, se desarrolló y se completó de acuerdo a los requisitos exigidos. Igualmente han asegurado que un inspector de la Junta controló este curso con visitas al centro donde se realizaba. Sobre la contratación de nueve alumnos, requisito exigido en la convocatoria de las subvenciones, los imputados han declarado, según las fuentes, que cinco de ellos fueron citados en una notaría mediante un burofax para formalizar la contratación, pero que los interesados no se presentaron. De los otros cuatro, tres fueron contratados por otra empresa de restauración y el cuarto fue empleado por la empresa que dio el curso, pero al poco tiempo renunció.

Unas trescientas personas, entre ellas alumnos, profesores y empresarios, todas ellas relacionadas con las empresas y los cursos impartidos en la primera convocatoria de subvenciones, de diciembre del 2010, investigada por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), tendrán que comparecer ante el juez instructor.

También serán citados los responsables y funcionarios encargados de conceder las ayudas aunque según las fuentes consultadas previsiblemente estas citaciones serán de las últimas para que el juez instructor tenga sobre la mesa las declaraciones de testigos y supuestos beneficiarios.

Esta primera fase del caso Edu, que investiga el presunto fraude en los fondos de formación para desempleados, se ha dividido en dieciséis piezas separadas, aunque las diligencias se centran en diecisiete empresas, ya que dos de ellas se han agrupado en una misma pieza separada por tener vínculos.

Con la resolución de la Consejería de Empleo de 4 de noviembre de 2010 se concedieron en Málaga ayudas a treinta empresas y las investigaciones han detectado irregularidades en diez de ellas, que podrían ser constitutivas de delitos de falsedad, estafa y fraude de subvenciones.