Hacienda detecta más de 87.000 viviendas y reformas sin declarar en la provincia

Obras de rehabilitación en un edificio de viviendas./Sur. Archivo
Obras de rehabilitación en un edificio de viviendas. / Sur. Archivo

Los dueños de los nuevos inmuebles aflorados en el plan de regularización catastral pagarán una media de 150 euros más de IBI y otros 600 en concepto de atrasos

Francisco Jiménez
FRANCISCO JIMÉNEZMálaga

Las inspecciones de chalés, áticos y fincas que el Ministerio de Hacienda lleva ejecutando desde finales de 2014 ha detectado 87.143 fraudes en la provincia de Málaga motivadas por nuevas construcciones, reformas o cambios de uso de inmuebles que eran invisibles a efectos tributarios. El plan de regularización catastral, cuyo objetivo no es multar las obras ilegales sino hacer aflorar los inmuebles que no están tributando correctamente, está a punto de concluir después de haberse peinado mediante ortofotos, imágenes aéreas y visitas físicas la práctica totalidad de la geografía malagueña. A falta únicamente de que concluyan los trabajos en Benahavís y Campillos, de los 1,42 millones de propiedades revisadas en la provincia en cuatro oleadas, la Dirección General del Catastro ha sacado a la luz 87.143 actuaciones (6,1% del total) que se habían escapado a los ojos del fisco porque ni sus propietarios ni el ayuntamiento de turno los habían dado de alta, independientemente de si cuentan o no con licencia de obras y cédula de habitabilidad.

La regularización

¿En qué consiste?
Es una iniciativa del Ministerio de Hacienda para perseguir el fraude fiscal incorporando al Catastro construcciones de nueva planta o alteraciones de las ya existentes (ampliaciones, reformas o cambios de uso) tanto urbanas como rústicas que no hayan sido declaradas a efectos catastrales. La finalidad es garantizar que la descripción catastral de cada finca se ajuste a la realidad urbanística, al margen de que la actuación cuente o no con licencia de obras y cédula de habitabilidad.
¿Cómo se inicia el procedimiento?
Es la propia Dirección General del Catastro el que actúa de oficio comparando las ortofotos que constan en sus registros con las imágenes aéreas tomadas recientemente (aviones, drones o satélite) para detectar posibles alteraciones. El inicio del expediente debe ser comunicado a los interesados, que tienen 15 días para alegar. La regularización conlleva el abono de 60 euros como tasa para cubrir los gastos de la inspección.
Efectos tributarios.
El incremento del valor catastral del inmueble afecta a impuestos cuya cuota se calcula en función de esta variable. De este modo, repercute en tributos municipales (IBI y plusvalía), autonómicos (Sucesiones y Transmisiones) y estatales (IRPF y Patrimonio). Además de actualizar la cuantía, las administraciones pueden reclamar los atrasos de los últimos cuatro años, que son los únicos que no estarían prescritos.
Otras repercusiones.
Al margen de su función tributaria, el valor catastral también lo tiene en cuenta las administraciones públicas en procesos de concesión de diversas ayudas públicas tales como acceso a vivienda protegida, becas de estudio, subvenciones de comedores sociales, accesos a residencias o incluso para acogerse a la justicia gratuita.

Fincas en las que se ha levantado una vivienda, casas de apero en el campo reconvertidas en chalés, terrazas cerradas para sumar otra habitación o ganarle metros al patio para crear un jardín, una plaza de aparcamiento o una piscina son las irregularidades más habituales que se han detectado en estos tres años. La consecuencia es doble, y muy diferente en función del prisma desde el que se mire, ya que el afloramiento de estas actuaciones omitidas a la Administración tiene una más que considerable repercusión económica. A más metros cuadrados mayor es el valor catastral de la propiedad, una variable que se utiliza para fijar la cuantía de impuestos estatales (IRPF y sobre el Patrimonio), autonómicos (Sucesiones y Transmisiones) y municipales (IBI y plusvalías).

Los ayuntamientos se embolsarán en su conjunto unos 65 millones más vía IBI

Sólo en el recibo de la contribución, los dueños de estas construcciones regularizadas se están encontrando con una subida media de 150 euros, a los que hay que sumar otros 600 euros reclamados en concepto de atrasos de los últimos cuatro ejercicios fiscales, que es lo máximo que se puede pedir porque todos los años anteriores se consideran prescritos.

Filón para las arcas públicas

Un importante pellizco para los afectados que tienen que ponerse al día en sus obligaciones tributarias, pero un verdadero filón para los ayuntamientos que, sin mover un dedo, se están encontrando con unos ingresos extra. Sólo en el IBI, las arcas municipales de la provincia pueden llegar a embolsarse unos 65 millones de euros.

El valor catastral también afecta a la plusvalía, al IRPF e incluso para acceder a ayudas públicas

Evidentemente, no todas las construcciones afloradas tienen el mismo impacto en el bolsillo, ya que el incremento en el IBI depende de cuánto varíe el valor catastral de la propiedad (no es lo mismo levantar una vivienda que poner una piscina). Lo que sí que tiene un precio único de 60 euros es la tasa que cobra el Catastro para cubrir los gastos de los servicios realizados, desde la captura de fotos aéreas mediante drones o satélite hasta las comprobaciones sobre el terreno. Aunque desde el órgano dependiente del Ministerio de Hacienda insisten en negar cualquier afán recaudatorio, lo cierto es que sólo por este concepto se han abonado en la provincia 5,2 millones de euros. En este contexto, cabe reseñar que aunque el proceso de regularización no lleve aparejada ninguna sanción, sí que puede servir a los ayuntamientos y las administraciones autonómicas para penalizar obras ilegales. Eso sí, teniendo en cuenta que el plazo de prescripción en estos casos es de seis años.

En este sentido, también cabe resaltar que la Ley del Catastro Inmobiliario obliga a declarar de forma completa y correcta las altas de nuevos inmuebles o las modificaciones realizadas en las ya existentes ya sean económicas, físicas o de titularidad, contemplándose multas que oscilan entre los 60 y los 6.000 euros en función de la gravedad.

Diferencias entre municipios

La tipología de infracciones varía en función del término municipal ya que no es lo mismo una localidad como Fuengirola donde todo su suelo está desarrollado que su vecina Mijas en la que aún quedan muchos kilómetros cuadrados sin edificar , pero en el cómputo global las más frecuentes son las ampliaciones y rehabilitaciones (añadir una planta a la vivienda o ampliar el jardín), que representan en cifras redondas un 38% (33.114 expedientes). No son las más numerosas porque suponen un 34% del total, pero por su mayor calado sí que destacan las 29.628 construcciones de nueva planta (levantar una casa o un almacén) que han aflorado en estos tres años. Otro 21% (18.300) se deben a reformas y cambios de uso (cerramiento de terrazas, rehabilitación de una casa antigua,...), mientras que el 21% restante (5.228) lo conforman piscinas que no figuraban en la base de datos del Catastro.

De momento, el Ministerio de Hacienda únicamente ha desglosado por municipios los resultados de las dos primeras fases del plan, que abarcó a 42 localidades (toda la Costa occidental, la capital y las comarcas del Guadalhorce y Antequera). Y por volumen destacan los 13.050 regularizados en la ciudad de Málaga (la mitad relativo a ampliaciones y rehabilitaciones), seguidos de los 4.357 de Mijas (el 43% son nuevas construcciones), los 3.931 de Antequera o los 2.616 de Vélez. En la localidad axárquica resulta sintomático que tres de cada cuatro fraudes correspondan a nuevas construcciones, la mayoría situados en suelo rústico entre las numerosas aldeas y cortijos que jalonan un término municipal con once núcleos poblacionales.

Pese a tratarse de un municipio más pequeño, son llamativos los 2.144 expedientes de regularización aplicados en Álora. Del mismo modo, también destacan Benalmádena y Cártama porque uno de cada cuatro infracciones es por propiedades en las que se ha construido una piscina, y en el caso de Torremolinos porque las ampliaciones y rehabilitaciones acaparan el 72% de los fraudes.

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