Urbanismo admite su impotencia respecto a la obra ilegal que detectó hace 11 años

Aspecto de uno de los cuerpos construidos sobre el edificio situado frente al Astoria. / Fernando González

El concejal asegura que el Ayuntamiento la demolerá en cuanto el juez lo autorice y que el denunciado «no se va a librar» del castigo

Jesús Hinojosa
JESÚS HINOJOSAMálaga

La Gerencia Municipal de Urbanismo no oculta su impotencia respecto al caso del expediente de infracción que abrió hace 11 años por una obra sin licencia sobre un edificio protegido de la plaza de María Guerrero, frente al cine Astoria, y que todavía no ha llegado a resolver con el derribo de lo realizado sin los permisos necesarios, como ayer informó este periódico. El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, admitió que se trata de «un ejemplo de cómo la burocracia legal que marca este tipo de casos impide actuar con rapidez y eficacia».

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Pese a que el Ayuntamiento detectó la ilegalidad de las construcciones desde el primer momento, con denuncia de la Policía Local incluida, y pese al medio centenar de escritos que la vecina denunciante de este caso ha presentado ante la Gerencia de Urbanismo, el denunciado ha logrado zafarse hasta ahora de todos los procedimientos sancionadores y de restablecimiento de la legalidad abiertos por los funcionarios municipales mediante alegaciones y recursos en los juzgados que todavía no se han resuelto.

Pomares señaló que este asunto está «judicializado» por la acción del denunciado por estas construcciones, que están a nombre de la empresa Orilla S.L., según remarcó el supuesto infractor. El último de los recursos judiciales que ha presentado ha sido contra la orden judicial solicitada por el Consistorio para poder entrar en el edificio y demoler lo realizado sin licencia. Según Urbanismo, se trata de una ampliación del edificio en 32 metros cuadrados y cuatro metros cuadrados bajo terraza en la zona más cercana a la fachada; el acondicionamiento de terrazas «con solería y protecciones a base de barandillas metálicas y vidrio, con una superficie de 10 metros cuadrados»; y la construcción, también sin licencia según se recoge en los informes de los inspectores de Urbanismo, de un nuevo forjado en la planta tercera del edificio para generar un espacio habitable bajo la cubierta.

Cinco mil expedientes sin resolver

Este expediente de infracción urbanística del número 5 de la plaza de María Guerrero es uno de los cinco mil que, según los datos facilitados por la propia Gerencia Municipal de Urbanismo, están aún ‘vivos’ o activos desde hace una década al no haber podido resolverlos todavía. La cifra fue facilitada el mes pasado por la responsable del departamento de Licencias y Protección Urbanística, Leonor Muñoz, en el marco de un consejo rector de la Gerencia extraordinario, solicitado por los grupos de la oposición, para analizar la labor de este servicio. Muñoz llegó a afirmar en la sesión que su departamento no puede «seguir así» y justificó las demoras en la culminación de estos expedientes en la falta de personal y en la complejidad de los casos en los que, como en este, todo el procedimiento se deriva hacia el ámbito judicial.

En 2016 se dieron de alta 874 expedientes de infracción para un departamento que cuenta con 17 empleados para estos casos de los que solo seis salen a la calle para comprobar las supuestas infracciones denunciadas. El equipo de gobierno anunció la aprobación de un plan de inspección que priorizará la resolución de los expedientes de infracción urbanística en función de su gravedad o de que puedan caducar o prescribir.

Este último recurso impide por ahora a la Gerencia acceder al inmueble para demoler lo edificado sin permiso de forma subsidiaria, es decir, pasándole luego la factura al denunciado. No obstante, según Pomares, si la decisión del juzgado es favorable al Ayuntamiento, la acción de Urbanismo para restablecer la legalidad urbanística alterada será inmediata. «Vamos a entrar a tirarlo en cuanto el juez nos dé el permiso», dijo el concejal, quien remarcó que el denunciado «no se va a librar».

Se le han impuesto cinco multas de más de mil euros y una sanción de 32.805 euros

En ese sentido, aseguró que, aunque las edificaciones denunciadas sean demolidas de forma subsidiaria por el Consistorio, se le seguirá exigiendo el pago de las multas coercitivas que se le han impuesto hasta ahora y que no ha llegado a abonar al recurrirlas igualmente en los tribunales. Según la información aportada por María José Medialdea, abogada de la vecina denunciante, desde 2011 se le han impuesto cinco multas coercitivas, la primera de ellas por la cantidad de 1.312 euros, por no demoler. Asimismo, Urbanismo ha abierto un procedimiento sancionador –que se ha caducado en cuatro ocasiones al no poder completarlo en el plazo de un año– para el que fijó en 2015 una multa de 32.805 euros.

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