Unicaja y una inmobiliaria rechazan cumplir con el pago 43 millones al Ayuntamiento

Recreación del proyecto de Sánchez Blanca, que abarcaría 670.000 metros cuadrados.
Recreación del proyecto de Sánchez Blanca, que abarcaría 670.000 metros cuadrados. / Sur

El proyecto para levantar una nueva barriada de más de tres mil viviendas se topa con la negativa de sus promotoras a abonar el convenio asociado

Jesús Hinojosa
JESÚS HINOJOSAMálaga

El Ayuntamiento tiene en el demorado proyecto para levantar una nueva barriada de 3.443 viviendas en los terrenos de Sánchez Blanca, más de seiscientos mil metros cuadrados situados entre Intelhorce y Los Prados, la principal cuenta pendiente de promotoras con las arcas municipales. Actualmente, esta operación urbanística está en manos de Unicaja, a través de su brazo inmobiliario GIA (Gestión de Inmuebles Adquiridos), que ostenta el 82% de los derechos edificatorios en la zona, y de la inmobiliaria madrileña Andria, que posee el resto de la actuación. Según la información recabada por este periódico, ambas adeudan más de 43 millones de euros al Consistorio, según lo estipulado en el convenio urbanístico que tiene asociado este proyecto desde el año 2004 y que fue revisado en 2011 para ampliar los plazos de abono de las cantidades pendientes, que expiraron el pasado 3 de mayo.

Urbanismo emite un primer informe contra las alegaciones

Los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo confían en llegar a un acuerdo con GIA y Andria para dar una salida a la encrucijada en la que se encuentra inmersa el proyecto urbanístico Sánchez Blanca. Lo contrario sería supeditar su desarrollo a un conflicto judicial que lo demoraría aún más en el tiempo, pero que no se descarta a tenor de la firmeza de los argumentos expresados por las promotoras. Por parte del Ayuntamiento, todavía no se han emitido todos los informes respecto a las alegaciones presentadas por GIA, Andria y la fundación Vimpyca, pero ya existe un primer pronunciamiento al respecto del departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística en el que se rechazan algunas tesis expresadas en estos recursos. En este informe, al que tuvo acceso este periódico, se precisa que la opción expresada por GIA de sustituir su deuda económica por la entrega de suelo para construir VPO «debe ser rechazada». Asimismo, se apunta que carecen de fundamento otros de los motivos esgrimidos por la inmobiliaria de Unicaja para solicitar la anulación del convenio de Sánchez Blanca, que en 2004 avaló un notable incremento de lo que era posible construir en estos terrenos a cambio del pago de 55 millones de euros en total.

El pasado 20 de abril, la Gerencia Municipal de Urbanismo emitió una resolución para exigir a GIA y Andria el pago de los 28,4 millones de euros pendientes del convenio de Sánchez Blanca, más los intereses generados desde la firma de ese convenio el 11 de noviembre de 2004, en base al interés legal del dinero. De ahí que el total que se les reclama sume 43 millones de euros.

Esta reclamación por parte del Ayuntamiento motivó sendas alegaciones de GIA y Andria para rechazar el pago de esa cantidad. SUR ha tenido acceso a ambos recursos, en los que las promotoras piden la anulación del convenio que dio origen a esta deuda, y la devolución de la parte que les corresponde de los 26,7 millones de euros que el Consistorio ingresó años atrás por ese acuerdo, cuando el grupo Prasa era el principal promotor de esta operación. Debido a la crisis económica, sus derechos quedaron en manos de GIA.

Una fundación y la Junta tienen derechos para construir más de un millar de VPO en la zona

Especialmente voluminosa es la alegación del brazo inmobiliario de Unicaja, que en medio centenar de folios desgrana numerosos argumentos para rechazar el pago que le reclama Urbanismo. Uno de los principales razonamientos de GIA es que, según las tesis de sus abogados, el convenio de Sánchez Blanca y su revisión de 2011 «están afectados por un marco legal conforme al cual no es posible el cumplimiento del referido convenio y adenda». «La desproporción injustificada de algunas de sus cláusulas determinan una onerosidad en las prestaciones que se imponen al particular, las cuales resultan excesivas, injustas y contrarias a la ley, siendo así que la propia finalidad del convenio queda frustrada al gravar a dichos particulares con cargas que hacen absolutamente inviable el proceso urbanístico», apunta GIA en su alegación.

Inviable

La contundencia de sus explicaciones hace prever que el desarrollo de esta barriada quedará lastrado varios años más aún, hasta que negocie un nuevo acuerdo económico con el Ayuntamiento o hasta que otra promotora la sustituya y acepte las cargas monetarias asociadas al proyecto. Para Unicaja, estas cargas resultan «desproporcionadas» y comprometen la «viabilidad económica» de la actuación, haciéndola «inviable».

GIA ofrece al Ayuntamiento sustituir el dinero que le debe por derechos para construir viviendas de protección oficial en Sánchez Blanca –en concreto 28.404 metros cuadrados de techo– y, en todo caso, pide que se desmonte el convenio en lo relativo a los pagos pendientes y que se le devuelva la parte correspondiente de los 26,7 millones que el Consistorio ingresó «con sus intereses», así como el abono de los «daños y perjuicios».

Por su parte, Andria Inversiones Inmobiliarias ha alegado que se vio inmersa en un proceso concursal en 2013, y que lo que desea es que se anule el convenio y se le devuelva un aval de 556.681 euros que presentó en 2010 y la parte proporcional de los citados 26,7 millones que ya cobró el Ayuntamiento por este proyecto.

Por si fuera poco este galimatías urbanístico-económico, también ha presentado alegaciones en este conflicto la fundación promotora Vimpyca, con sede en Córdoba, que ganó una demanda judicial contra GIA por la que ésta le debe mantener la reserva de 54.239 metros cuadrados construidos urbanizados para que pueda realizar viviendas de protección oficial en Sánchez Blanca, tal y como pactó con Prasa en el origen del proyecto. Vimpyca está, por lo tanto, en la defensa de que el sector se desarrolle conforme a los parámetros que están aprobados desde mediados de la pasada década y que fueron recogidos en el vigente Plan General de Ordenación Urbanística, por lo que se alinea con el Ayuntamiento en la exigencia a GIA de que abone la cantidad que le reclama.

Asimismo, Prasa acordó en su momento con la Junta de Andalucía la cesión de 73.665 metros cuadrados edificables para la construcción de VPO en Sánchez Blanca, lo que sumado a los derechos de Vimpyca arroja un total que supera el máximo de vivienda protegida que está prevista en estos terrenos, con más de un millar de pisos de esta modalidad.

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