El TSJA anula los recortes a los trabajadores de Limasa

Los empleados de Limasa se reúnen mañana en asamblea. :: sur/
Los empleados de Limasa se reúnen mañana en asamblea. :: sur

El Alto Tribunal andaluz niega el rango de convenio a los acuerdos que pusieron fin a la huelga de 2013 y ordena la reposición a la plantilla de las condiciones laborales previas

F. JIMÉNEZ / A. PÉREZ-BRYAN MÁLAGA.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado a Limasa que reponga a la plantilla las condiciones de trabajo que tenían antes del acuerdo que puso fin a la huelga de 2013 (válido hasta el 31 de diciembre de 2015), de forma que el convenio vigente es el de 2010-2012, previo a los recortes. Mientras la empresa y el comité están a la espera de que el 15 de noviembre se celebre el juicio para determinar si los citados acuerdos tienen rango de convenio, como defienden la entidad y el Ayuntamiento con la idea de consolidar los recortes aplicados, otro procedimiento paralelo iniciado por el Sindicato de Trabajadores de la Administración Local (STAL), que no tiene representación en el comité de empresa, ha sido estimado por la Sala de lo Social del TSJA.

Así, el Alto Tribunal niega carácter de convenio al acuerdo que puso fin a las protestas puesto que, aunque las medidas fueron pactadas por empresa y trabajadores, no llegaron a inscribirse como convenio colectivo en la Autoridad Laboral ante la negativa de los seis sindicatos con representación a firmarlo. En la práctica, este fallo se traduce en que la plantilla debería recuperar todos los recortes sufridos en los últimos años: la paga de productividad (1.431 euros), descansar todos los fines de semana, disfrutar las vacaciones en verano, poder trabajar los festivos que se pagan a 140 euros, percibir el complemento a cargo de la empresa en caso de hospitalización o incapacidad hasta alcanzar el 100% de la base reguladora, recibir un uniforme completo en invierno y otro en verano, y la cesta de Navidad, valorada en 68 euros.

El asunto se complica porque posteriormente se firmó un nuevo acuerdo, el que permitió desconvocar la huelga en marzo de 2016, que está aún vigente.

No es la primera sentencia en este sentido: otras dos del año 2015 defienden tesis similares Limasa recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo

La sentencia, fechada el pasado día 12 y que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, da la razón al STAL, que justificaba su demanda en que, pese a que los acuerdos fueron consensuados por ambas partes, suponen una modificación sustancial del convenio y que, por tanto, deberían haberse inscrito como tal. «Existió ciertamente una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo en cuanto que la empresa ha modificado las condiciones establecidas en el convenio colectivo aún en vigor y ha aplicado a los trabajadores condiciones diferentes a las establecidas en el mismo sin que la empresa haya seguido los trámites», concluye la Sala, que redunda en su fallo en que pese a que existieron negociaciones para un nuevo convenio «éste no se ha alcanzado ni logrado aún y, aunque se alcanzó un principio de acuerdo, el mismo no ha sido inscrito como convenio colectivo en el registro de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta». Por ello, remarca que no puede entenderse que se trate de un marco laboral que suceda y sustituya al anterior.

No es la primera sentencia

Este pronunciamiento coincide con el de una primera sentencia dictada en junio de 2015 por el Juzgado de lo Social número 3 de Málaga, y una segunda (diciembre de 2015) del Juzgado de lo Social número 8 en la que, sin negar la validez de los acuerdos que pusieron fin a la huelga hasta el 31 de diciembre de 2015, sí que venían a remarcar que «no tiene naturaleza de nuevo convenio colectivo que venga a sustituir o suceder al anterior». Éste último fallo fue recurrido por Limasa ante el TSJA, aunque fue retirado como parte del compromiso adquirido en los acuerdos que permitieron desconvocar la huelga de 11 días que padeció la ciudad en marzo de 2016, para dejar la decisión en manos del Juzgado de lo Social número 12 de Málaga, un procedimiento que se resolverá una vez se celebre el juicio previsto para noviembre.

Tras tener conocimiento del fallo del TSJA, el concejal del Área de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, confirmó que Limasa presentará un recurso ante el Tribunal Supremo en el plazo de 10 días y recordó que la sentencia del Alto Tribunal andaluz «no afecta a los acuerdos posteriores alcanzados con el comité de empresa, que siguen vigentes», sino sólo al que se refiere al año 2013.

Además, el edil defendió que la ejecución provisional del fallo del TSJA «no es posible, ya que sólo lo sería si recogiera especificaciones individuales y concretas, mientras que en su lugar sólo incluye consideraciones generales». En cualquier caso, Jiménez insistió en que «el Ayuntamiento seguirá respetando los acuerdos alcanzados con la plantilla en marzo de 2016» y que el fallo «no afectará a la limpieza de la ciudad».

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, exigió al equipo de gobierno del PP y al alcalde, Francisco de la Torre, que «cumplan con las sentencias de los juzgados de lo social sobre Limasa, que hasta ahora han dado la razón a los trabajadores», así como que se deje de titubeos y ponga en marcha cuanto antes los compromisos adquiridos con la plantilla para municipalizar Limasa. «Hay que desbloquear la situación de Limasa con el diálogo y la negociación, para resolver un conflicto laboral derivado de que el equipo de gobierno pretendía continuar con el recorte en limpieza acometido hace años incrementando los días de trabajo de los empleados para no contratar más personal. Resolver el conflicto significará una mejora del servicio de limpieza y recogida de basuras, a lo que también contribuiría la municipalización si se realizara», advirtió Zorrilla.

Los trabajadores de Limasa, sin embargo, eludieron realizar ayer declaraciones sobre el fallo del TSJA y emplazaron, por boca del presidente de su comité de empresa, Manuel Belmonte, a la asamblea que la plantilla celebrará mañana domingo. En ella, los empleados abordarán las medidas que pondrán en marcha, incluidas las movilizaciones, para exigir ya una respuesta por parte del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en torno al futuro del servicio de limpieza: las opciones están entre la municipalización y la privatización, aunque el primer edil ya anunció hace unos días que en el caso de que optara por la segunda fórmula no se hará por lotes. Además, el regidor dejaba un último mensaje a los trabajadores: la decisión, que podría producirse a lo largo de este mes para adaptarse a un compromiso adquirido en el pleno municipal, «no se hará bajo presión».

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos