Los terrenos de Repsol, en el limbo mientras se acumula la basura y vuelven los ‘okupas’

Asentamiento sobre una salida de emergencia del AVE / Foto: Salvador Salas | Vídeo: F. Jiménez y Pedro J. Quero

El bloqueo institucional a la hora de determinar si se mantienen los rascacielos previstos o se crea un bosque urbano convierte la finca en símbolo del abandono

Francisco Jiménez
FRANCISCO JIMÉNEZMálaga

En los antiguos terrenos de Repsol no se han construido las torres de viviendas proyectadas hace más de una década, pero sí que hay personas viviendo allí. Tampoco hay señales del bosque urbano que una treintena de organizaciones de la ciudad reclaman. Lo que sí que hay, en grandes cantidades, es basura y escombros que constatan el abandono en el que este enorme descampado lleva inmerso desde que en el año 2000 fueron desmantelados los depósitos de petróleo. Y también un goteo continuo de ‘okupas’, que siguen encontrando en estas 17 hectáreas un rincón en el que cobijarse, aunque sea a base de cartones.

No llegan a ser las chabolas que varias familias montaron el pasado otoño junto al muro que daba a la calle Bodegueros y que el Ayuntamiento se encargó de derribar cuando desmanteló el asentamiento, pero a día de hoy siguen siendo una quincena de personas las que malviven en esta gigantesca escombrera. Algunos lo hacen bajo el desnivel que hay en la esquina más próxima al Camino de San Rafael, otros tratan de pasar más desapercibidos bajo los árboles situados en medio de la parcela. Y luego está un hombre que se ha instalado justo encima de la estructura de hormigón de una de las salidas de emergencia de las vías soterradas del AVE. Prefiere no hablar, pero antes de marcharse sí que reconoce que lleva varios días en este ‘hogar’ formado por un colchón, una almohada, una funda nórdica y un palé con vistas, paradójicamente, a los cuatro pequeños chopos plantados por la plataforma Bosque Urbano Málaga, cuyos miembros se encargan de regar para mantenerlos tan vivos como su reivindicación de convertir este espacio en una gran zona verde.

Paragolpes de un coche / Salvador Salas

Precisamente para intentar devolver su demanda a la agenda política después de que el debate de desinflara hace justo un año cuando el equipo de gobierno enterró la posibilidad de celebrar una consulta ciudadana, han iniciado una ronda de contactos con todas las formaciones en la Casona. De momento, ya se han reunido con PSOE, Ciudadanos y, ayer mismo, con IU-Málaga para la Gente. «Vamos a reactivar nuestras demandas y nuestras acciones reivindicativas», advierte el portavoz de este colectivo, Pedro Francisco Sánchez.

Sin acuerdo político

Mientras los escombros y los residuos se siguen amontonando en esta finca convertida en símbolo de la dejadez, la incertidumbre sobre su futuro continúa intacta ante el bloqueo institucional reinante en el Ayuntamiento. El acuerdo político se antoja complicado ante la insistencia del alcalde de seguir apostando por el proyecto aprobado (cuatro rascacielos de hasta 34 plantas, otras tantas torres para VPO, zonas comerciales, un hotel y un parque) mientras toda la oposición, que le deja en minoría, exige menos ladrillo y más zona verde en esta pastilla en la que el Consistorio posee los aprovechamientos urbanísticos de tres de las cuatro torres. En este sentido, cabe recordar que el bloque de izquierdas (PSOE, Málaga Ahora, IU-Málaga para la Gente y el edil no adscrito Juan José Espinosa) defienden un gran bosque en toda la finca mientras Ciudadanos propone una solución intermedia.

A esta parálisis a nivel político se unen las dudas sobre el grado de contaminación de los suelos que ocuparon durante 35 años los depósitos de hidrocarburos. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que es titular de un tercio de los derechos de edificabilidad de la finca (la torre más alta, de 34 plantas), asumió el pasado enero la realización de unas catas, cuyos resultados aún no ha facilitado. En la Gerencia Municipal de Urbanismo aseguran no saber nada de las conclusiones de ese estudio que exige la Junta de Andalucía como condición previa para darle uso a esta parcela, pero sí que tienen la certeza de la existencia de restos de hidrocarburos.

Aunque los terrenos ya fueron limpiados en 2002, la normativa actual es más exigente, de ahí que la Consejería de Medio Ambiente requiriera en febrero de 2016 un informe histórico para analizar la posible existencia de riesgos inadmisibles para la salud humano o los ecosistemas en función de los usos previstos. De confirmarse, el Consistorio estaría obligado a iniciar un proceso de declaración del suelo como contaminado y elaborar un plan de limpieza del subsuelo y su recuperación ambiental. Una situación que además de alargar en el tiempo cualquier transformación de la finca conlleva un sobrecoste, puesto que esas tareas de recuperación podrían rondar los dos millones de euros. ¿Quién los pagaría? Eso también está por determinar, toda vez que la Sareb advirtió de que una cosa es financiar los sondeos (unos cien mil euros) y otra bien distinta la hipotética descontaminación del suelo.

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