Un centenar de taxistas demandan al Ayuntamiento por tener que vender sus licencias

La demanda ha sido presentada en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga. /Sur
La demanda ha sido presentada en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga. / Sur

La Plataforma de jubilados, viudas e incapacitados extitulares de estos títulos asegura que el Consistorio les obligó a «malvenderlas»

ALVARO FRÍAS y JUAN CANOMálaga

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la capital tiene encima de la mesa una nueva demanda. Se trata de la que ha presentado la Plataforma de jubilados, viudas e incapacitados extitulares de licencia de taxi de Málaga, integrada por más de un centenar de personas, quienes acusan al Ayuntamiento de obligarles a vender los títulos que poseían con unos argumentos que en ningún momento se ajustaron a la legislación.

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En la demanda, argumentada a lo largo de medio centenar de páginas, el abogado que representa a la plataforma, Carlos Samuel Martínez Ruiz, explica que los hechos se remontan al verano del año 2010. Por aquel entonces, el citado colectivo era titular de licencias de taxi concedidas por el Consistorio malagueño y las explotaban por medio de personal asalariado. Esto les permitía contar con un complemento a sus «exiguas pensiones y así llevar una vida sin lujos, pero digna».

La indemnización

2,6
Son los millones de euros que solicita el colectivo como indemnización, además de que el Ayuntamiento expida una licencia de taxi para cada uno de ellos. Si el juzgado no aprecia este aspecto, como alternativa, se pide una indemnización económica de 6,6 millones de euros.

El letrado asevera que el Consistorio obligó a sus representados a «malvender» las licencias que poseían ya que, por su edad o imposibilidad, no podían explotarlas por sí mismos. La alternativa a no venderlas, según apunta, era su pérdida.

Esta situación, siempre según se refleja en la demanda, provocó un doble daño patrimonial al colectivo demandante: por un lado, la imposibilidad de continuar con la explotación de su actividad empresarial y, por el otro, el minusvalor que experimentó la venta de las distintas licencias pues, al ser pública la situación de necesidad de venta, el precio de mercado fue mucho menor que el que se hubiera obtenido en unas condiciones normales.

Al respecto, José Luis López, uno de los portavoces de la plataforma, asegura que vendieron las licencias –con las que también se incluye el vehículo– por precios inferiores a los 70.000 euros, mientras que la media, haciendo referencia López al Instituto Municipal del Taxi, era de 120.000 euros.

En la demanda se afirma que el Ayuntamiento provocó esta situación sin tener un respaldo normativo para ello. Martínez Ruiz indica que el único argumento que se ofreció desde el Consistorio para que el colectivo acabase vendiendo las licencias fue que su explotación debía llevarse a cabo estando encuadrada en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, un requisito por el que estas personas perderían su condición de jubilados o incapacitados.

En este sentido, el letrado precisa que la administración competente para exigir un régimen u otro de la Seguridad Social es el Gobierno estatal y no la administración local. Además, señala que, tras una pregunta vinculante, desde la Seguridad Social se dictaminó la no obligatoriedad de estar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para explotar la licencia de taxi mediante personal asalariado.

Por su parte, la responsable del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, la edil Elvira Maeso, explica que la situación que provocó la venta de las licencias, que fueron autorizadas por la administración local, se deriva de un reglamento andaluz que obligaba a que la persona que explotase la licencia de taxi fuese el propio titular.

Sobre este argumento, el abogado del colectivo indica que el artículo del citado reglamento, que ordenaba que la persona que explotase la licencia de taxi fuese el propio titular, fue recurrido. «Está anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero lo cierto es que este artículo nunca se esgrimió antes por parte del Ayuntamiento en el momento en el que se produjeron las ventas, ya que el único fue la obligación de inscribirse en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social», asevera

En este sentido, la edil del área de Movilidad manifiesta que la resolución del Alto Tribunal andaluz se encuentra recurrida y que, por lo tanto no es firme, a la vez que apunta que los servicios jurídicos del Consistorio no tienen constancia de la demanda presentada por la plataforma.

Con la demanda encima de la mesa, ahora será el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la capital el que tendrá que decidir sobre este asunto. Lo que pide la parte demandante es contundente: que el Ayuntamiento expida para cada uno de los integrantes del colectivo la oportuna licencia de taxi y que les indemnice con más de dos millones y medio de euros. Por otro lado, si no se diera esta primera opción, solicitan una indemnización económica de 6,6 millones de euros.

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