El Supremo avala el plan para desmantelar el polígono de San Rafael y construir 3.200 pisos

El PGOU vigente contempla sacar las naves del polígono San Rafael de la trama urbana./Álvaro Cabrera
El PGOU vigente contempla sacar las naves del polígono San Rafael de la trama urbana. / Álvaro Cabrera

El alto tribunal ratifica una sentencia del TSJA que desestimó un recurso de los empresarios de la zona, que se oponen a la operación urbanística

Jesús Hinojosa
JESÚS HINOJOSAMálaga

Una de las operaciones contenidas en el vigente Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga que generó cierta controversia durante su tramitación, a finales de la pasada década, ha quedado definitivamente respaldada por los tribunales. Se trata del proyecto para desmantelar el polígono de San Rafael, y levantar en su lugar un nuevo barrio con capacidad para 3.211 viviendas, oficinas, comercios y equipamientos deportivos y escolares. Asimismo, con ello se lograría ampliar la anchura del bulevar sobre el soterramiento del AVE en el tramo situado frente a la barriada de Dos Hermanas. La actuación, argumentada por el Ayuntamiento en la necesidad de sacar de la trama urbana las empresas de San Rafael para trasladarlas a un espacio situado más en el extrarradio de la ciudad, recibió una contestación en forma de recurso judicial presentado por la Asociación de Empresarios del Polígono San Rafael, que finalmente no ha prosperado en los tribunales.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), primero, y otra delTribunal Supremo después –esta última fechada el pasado 17 de octubre–, han tumbado los argumentos de los empresarios para rechazar este plan, al que consideran totalmente inviable desde el punto de vista económico.

Coste económico

En su fallo, al que ha tenido acceso este periódico, el Supremo desmonta todos los motivos presentados por los empresarios, entre ellos que el suelo mantuviera su condición de ciudad consolidada, las críticas al cálculo de los derechos edificatorios que se otorgaron a las parcelas y la postura de que el coste económico que supondrá el traslado de las naves a otros puntos de la ciudad no puede soportarse con los beneficios y las cargas que comporta la nueva ordenación residencial para la zona. Todos estos puntos son rechazados por el alto tribunal, que considera bien fundamentada la primera sentencia del TSJA y las previsiones que el PGOU contiene para contribuir a la financiación del desmantelamiento del polígono. Ello en base a un precepto legal que faculta a la Administración pública a contribuir a operaciones de este tipo con la obtención de suelo asequible para el traslado de industrias, una reducción de las cargas urbanísticas que tendrían que soportar las empresas o incluso una compensación económica para ayudar a esos traslados.

De hecho, el planeamiento urbanístico contempla la opción de que las naves de San Rafael puedan trasladarse en el futuro al parque empresarial previsto al sur del Centro de Transportes de Mercancías. Sin embargo, esta nueva zona empresarial, promovida por la Junta y el Gobierno central, lleva años enquistada en los trámites burocráticos previos.

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