El Supremo abre la vía a que la plantilla de Limasa recupere derechos perdidos

Imagen de archivo de un trabajador de Limasa./
Imagen de archivo de un trabajador de Limasa.

El Alto Tribunal rechaza el recurso de la empresa contra la sentencia del TSJA que negó rango de convenio a los acuerdos que pusieron fin a la huelga de 2013

Francisco Jiménez
FRANCISCO JIMÉNEZMálaga

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que Limasa presentó contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que instaba a la empresa mixta de limpieza a reponer a la plantilla las condiciones de trabajo que tenían antes del acuerdo que puso fin a la huelga de 2013 (válido hasta el 31 de diciembre de 2015), de forma que el convenio vigente es el de 2010-2012, previo a los recortes. Tras la inadmisión del recurso de casación, el fallo pasa a ser firme aunque su ejecución no parece que vaya a ser inmediata, entre otras cosas porque en este periodo se han suscrito nuevos acuerdos, como el que desactivó la huelga en marzo de 2016.

Tanto la empresa como el comité estaban pendientes de esta resolución para continuar con el litigio paralelo que tienen abierto en el Juzgado de lo Social número 12 de Málaga para determinar si los citados acuerdos siguen siendo aplicables con rango de convenio, como defienden la entidad y el Ayuntamiento con la idea de consolidar los recortes aplicados, o si como argumentan los trabajadores se trata de rebajas temporales pero no permanente. Esta causa quedó suspendida el pasado noviembre hasta que se pronunciara el Supremo sobre el procedimiento judicial que inició el Sindicato de Trabajadores de la Administración Local (STAL), que no tiene representación en el comité de empresa. Tras recibir la notificación la tarde del lunes, Limasa solicitó ayer al citado Juzgado de lo Social la reactivación del procedimiento.

En su sentencia, dictada en julio de 2017, el TSJA niega carácter de convenio al acuerdo que puso fin a las protestas puesto que, aunque las medidas fueron pactadas por empresa y trabajadores, no llegaron a inscribirse como convenio colectivo en la Autoridad Laboral ante la negativa de los seis sindicatos con representación a firmarlo. En la práctica, este fallo se traduce en que la plantilla debería recuperar todos los recortes sufridos en los últimos años: la paga de productividad (1.431 euros), descansar todos los fines de semana, disfrutar las vacaciones en verano, poder trabajar los festivos que se pagan a 140 euros, percibir el complemento a cargo de la empresa en caso de hospitalización o incapacidad hasta alcanzar el 100% de la base reguladora, recibir un uniforme completo en invierno y otro en verano, y la cesta de Navidad, valorada en 68 euros. La citada paga y las vacaciones en verano se han recuperado, aunque en su conjunto se estima que el impacto de todas estas cuestiones puede superar los 8 millones de euros.

Nuevo convenio colectivo

En cualquier caso, se antoja complicado dar por zanjado el asunto, ya que posteriormente se firmó un nuevo acuerdo, el que permitió desconvocar la huelga en marzo de 2016 y sobre el que también deberá pronunciarse el Juzgado de lo Social número 12. Además, la intención del Ayuntamiento es tratar de consensuar con la plantilla un nuevo convenio colectivo. De momento, en la plantilla entienden que tienen la sartén por el mango a la hora de negociar con el convencimiento de que la jueza de lo Social no va a contradecir los argumentos del TSJA.

El PP se circunscribe al litigio paralelo en otro juzgado y la oposición pide su aplicación

. El Ayuntamiento de Málaga, como titular del 49% de las acciones de Limasa, no tiene intención de mover ficha tras la inadmisión del recurso presentado por la empresa contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. De momento, todas las miras en el equipo de gobierno apuntan al Juzgado de lo Social número 12 de Málaga, donde el litigio que mantiene la compañía con el comité de empresa a cuenta del convenio colectivo quedó suspendido a la espera de que el Supremo se pronunciara sobre esta causa paralela. «Esperaremos a que decida el Juzgado de lo Social», afirmó la concejala responsable de la empresa de limpieza, Teresa Porras. Por su parte, el alcalde, Francisco de la Torre, se limitó ayer a asegurar que espera «el mejor futuro de las relaciones laborales entre Limasa y los trabajadores».

Por su parte, en la oposición afearon al equipo de gobierno del PP su gestión. «Este fallo, que obliga a volver al convenio de 2012, es producto de la mala previsión y la lamentable gestión realizada por el PP y de su alcalde y máximo responsable, Francisco de la Torre», afirmó el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, para quien «la obcecación del equipo de gobierno por ir contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Limasa ha dado como resultado otros más de 8 millones de euros de gasto».

Igualmente, el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, exigió al alcalde «que cumpla» la sentencia y que «se deje de titubeos y ponga en marcha cuanto antes los compromisos adquiridos con la plantilla para municipalizar Limasa».

El Alto Tribunal andaluz dio la razón al STAL, que justificaba su demanda en que, pese a que los acuerdos fueron consensuados por ambas partes, suponen una modificación sustancial del convenio y que, por tanto, deberían haberse inscrito como tal. «Existió ciertamente una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo en cuanto que la empresa ha modificado las condiciones establecidas en el convenio colectivo aún en vigor y ha aplicado a los trabajadores condiciones diferentes a las establecidas en el mismo sin que la empresa haya seguido los trámites», concluye la Sala, que redunda en su fallo en que pese a que existieron negociaciones para un nuevo convenio «éste no se ha alcanzado ni logrado aún y, aunque se alcanzó un principio de acuerdo, el mismo no ha sido inscrito como convenio colectivo en el registro de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta». Por ello, remarca que no puede entenderse que se trate de un marco laboral que suceda y sustituya al anterior.

Este pronunciamiento coincide con el del Juzgado de lo Social número 8 (diciembre de 2015) en el que, sin negar la validez de los acuerdos que pusieron fin a la huelga hasta finales de 2015, sí que venían a remarcar que «no tiene naturaleza de nuevo convenio colectivo que venga a sustituir o suceder al anterior». Éste último fallo fue recurrido por Limasa ante el TSJA, aunque fue retirado como parte del compromiso adquirido en los acuerdos que permitieron desconvocar la huelga de 11 días que padeció la ciudad en marzo de 2016, para dejar la decisión en manos del Juzgado de lo Social número 12 de Málaga, un procedimiento que se reactivará una vez conocido el pronunciamiento del Supremo.

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