Stop: acceso restringido a funcionarios

La mitad del aparcamiento reservado permaneció vacío durante todo el día. :: francis silva
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La mitad del aparcamiento reservado permaneció vacío durante todo el día. :: francis silva

Abogados, procuradores y público en general se quejan por la eliminación de las plazas de aparcamiento junto a la Ciudad de la Justicia

JUAN SOTO* JJSOTO@DIARIOSUR.ES MÁLAGA.

Los abogados, procuradores y público en general ya no pueden ir a la Ciudad de la Justicia en coche sin tener que rascarse el bolsillo. La eliminación de unas 300 plazas del aparcamiento público que había junto a la sede judicial -desde ayer está reservado en exclusiva para jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y del resto de funcionarios y trabajadores- ha provocado un aluvión de críticas pese a que el edificio funciona a medio gas desde el inicio de septiembre.

A raíz de la decisión de la gerencia de la Ciudad de la Justicia de aumentar el aparcamiento para funcionarios en detrimento del dedicado al público en general, abogados, procuradores y visitantes deben conformarse con dejar el vehículo estacionado en alguno de los llanos de pago habilitados en los alrededores del recinto y, por supuesto, pasar por caja.

Las críticas por este cambio no se hicieron esperar. Durante la jornada de ayer, la primera en la que se aplicaba, el grueso de los visitantes se quejó por el privilegio que tendrán a partir de ahora las personas que allí trabajan, y más al comprobar que la nueva parte reservada y vallada se quedaba vacía durante todo el día, ya que muchos funcionarios seguirán de vacaciones hasta mediados de mes.

Santiago Serrano, uno de los abogados que acudió a la Ciudad de la Justicia, adelanta que la situación será insostenible en apenas un par de semanas, cuando todo el mundo se incorpore a su puesto de trabajo. A pesar de que ayer era sencillo aparcar en los llanos, explica que estos «siempre están llenos, y los abogados nos tendremos que venir con mucha antelación para encontrar un sitio disponible».

Con cara de incredulidad al comprobar que gran parte del nuevo aparcamiento reservado para funcionarios se encontraba vacío, José, un procurador, lamentaba el cambio: «No es justo que algunos tengan esos privilegios porque a nosotros no se nos espera para el inicio de un juicio, y si no hay sitio, ya me dirás qué vamos a hacemos». Junto a él, una compañera de profesión, también se oponía a dicha decisión. «Se va a producir un gran problema porque los llanos se llenan de barro y se vuelven casi inutilizables cada vez que llueve».

Decisión errónea

Tampoco consideran que haya sido una decisión acertada los ciudadanos que habitualmente deben aparcar en los alrededores. Lorena Delmagro se queja de que los malagueños deben pagar siempre por aparcar en cualquier sitio y que hay que salir a la calle con monedas. «No es lógico que para aparcar siempre haya que pagar y no haya ningún sitio para dejar el coche sin soltar dinero».

Ni siquiera para los propios vecinos que nada tienen que ver con el tráfico habitual de la Ciudad de la Justicia. José Robles, que vive en la parte trasera del edificio, explica que desde que se realizó la mudanza es imposible aparcar sin dar «doscientas vueltas» y teme que este cambio agrave aún más los problemas. «Si hay más coches buscando aparcamiento, lo vamos a notar todos los vecinos», lamenta.

Tal y como ya explicó este periódico, la decisión de eliminar cerca de 300 plazas ya ha sido denunciada por el Colegio de Abogados ante la Junta de Andalucía, que es la encargada de la gestión de la Ciudad de la Justicia, por una decisión que considera «una auténtica barbaridad y una falta de respeto absoluta a los ciudadanos en general y a los profesionales en particular». Así lo dijo el jueves el decano del citado colegio profesional, Javier Lara.

Fuentes oficiales de la Junta de Andalucía significaron que la decisión de que los aparcamientos en superficie solo sean utilizados por el personal que trabaja en el edificio la tomó la gerencia de la Ciudad de la Justicia a petición de varios sindicatos y de la Fiscalía. El argumento esgrimido es que ante el crecimiento del número de trabajadores hacen falta más plazas de aparcamiento.

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