La historia de Rosario: 19.000 euros por el piso de sus padres

Rosario Carrión intervino ayer en el Salón de Plenos. /Sur
Rosario Carrión intervino ayer en el Salón de Plenos. / Sur

Esta malagueña cuidó de su madre cinco años, pero en su casa, así que no se pudo beneficiar de las ayudas y se vio obligada a pedir un préstamo

Francisco Jiménez
FRANCISCO JIMÉNEZMálaga

La historia de Rosario Carrión es el fiel reflejo de lo injusto que puede llegar a ser el impuesto de la plusvalía cuando se hereda el inmueble de un familiar directo. Esta vecina de Churriana y su hermano, con una enfermedad mental, heredaron la vivienda familiar al fallecer su madre, a la que cuidó en su casa durante los últimos cinco años porque era discapacitada y no se las podía arreglar en un segundo piso sin ascensor. Cuando le tocó pasar por caja, abonó el impuesto de Sucesiones y, según afirma, tras consultarlo le dijeron que como la vivienda de sus padres tenía más de 30 años «estaba exenta de pagar la plusvalía». Pero la sorpresa le llegó en marzo de 2016 en forma de requerimiento del Ayuntamiento de Málaga advirtiéndole no sólo de que tenían que abonar 8.371,55 euros para liquidar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), sino que debía pagar un recargo por demora de 4.149,11. La situación se le complicó porque su hermano, que está en un centro asistencial, tampoco cumple el requisito de la convivencia. «Estoy pagando mi plusvalía y la de mi hermano para no perder lo único que nos pudieron dejar nuestros padres y que tanto les costó conseguir», relataba Rosario ante los concejales y el público asistente a la comisión plenaria de Economía en la que ayer se debatía sobre los requisitos que exige el Ayuntamiento para acogerse a las ayudas de este tributo.

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Con estas cifras se podía pensar que los padres de esta mujer tenían una residencia de lujo, pero nada más lejos de la realidad, ya que el valor catastral del piso es de 45.928 euros. No poder beneficiarse de la bonificación del 95% ante la imposibilidad de acreditar la convivencia con su madre en el domicilio familiar, el tiempo transcurrido desde la última transmisión (a más años mayor es el coeficiente que se aplica) y un tipo de gravamen que entonces estaba al máximo legal (30%) penalizaron a esta malagueña, hasta tal punto de que para hacer frente a sus obligaciones tributarias en diciembre del año pasado tuvo que pedir un préstamo. «Lógicamente no disponía del dinero, así que me fui al banco. Y ahora me encuentro que estoy pagando casi 19.000 euros por la plusvalía de un piso que vale menos de 50.000», remarcó antes de abandonar el atril del Salón de Plenos.

El PP, forzado a negociar

Después de su intervención llegó el debate político. Y el resultado fue que el equipo de gobierno del PP tendrá que estudiar una rebaja de las plusvalías por herencia si quiere sacar adelante las ordenanzas fiscales de 2018. Y lo hará después de quedarse ayer solo a la hora de no respaldar la moción del PSOE pidiendo que se elimine el requisito de la convivencia durante dos años para que cónyuges, padres e hijos puedan acceder a la bonificación de hasta el 95% en el pago de este tributo.

No la respaldó, como sí hicieron el resto de grupos políticos, pero tampoco votó en contra, toda vez que se mostró abierto a estudiar la viabilidad de flexibilizar el acceso a estas ayudas en el marco de la negociación que en las próximas semanas arrancará para elaborar y aprobar los impuestos del próximo año. «Estamos dispuestos a estudiar todas las propuestas y les emplazo a reunirnos, a estudiarlo con los técnicos y, a partir de ahí, formular algo con criterio y que pueda ser asumible presupuestariamente», afirmó el concejal de Economía. Con los siete votos a favor de PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos, IU-Málaga para la Gente y el edil no adscrito Juan José Espinosa, la propuesta salió adelante en una sesión cargada de reproches entre unos y otros. Entre otras cosas porque el establecimiento de requisitos que dificultan el acceso a las ayudas cuando se hereda un inmueble es una práctica habitual en la mayoría de ayuntamientos, al margen de colores políticos.

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