Refugiados: de la movilización al olvido

Dos años después de la ola solidaria, esta es la dura realidad

Una mujer siria, con su bebé en un campo de refugiados.
Una mujer siria, con su bebé en un campo de refugiados. / Efe
Ana Pérez-Bryan
ANA PÉREZ-BRYAN

Su cuerpecito inerte, varado en una playa de la costa turca, dejó helada la conciencia de la confortable Europa el 2 de septiembre de 2015. Aylan Kurdi, de tres años, trataba de escapar del horror de la guerra en Siria junto con su madre y su hermano, pero el naufragio de la barcaza en la que viajaban lo convirtió en el dramático símbolo de un éxodo que ya había comenzado unos meses antes. Aquel pequeño con bermuda vaquera y camiseta roja con motivos infantiles puso nombres y apellidos a un fenómeno global que sólo en los seis primeros meses de 2017 se ha tragado, literalmente, 1.808 vidas como la de Aylan. Ésas son las cifras oficiales: súmenlas a las de 2016 y 2015, cuando comenzó la estampida de civiles de Siria. Una cantidad insoportable que se añade a la de los miles de refugiados que esperan una oportunidad de Europa y que dejan varias preguntas (casi) sin respuesta sobre la mesa: ¿en qué ha quedado aquella ola de solidaridad que surgió a este lado de la frontera desde aquel naufragio?, ¿cuál ha sido el papel de las instituciones?, ¿qué ha sido de esos miles que sí han ido alcanzando la costa en los dos últimos años? Y sobre todo: ¿estamos a la altura de este drama humanitario?

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Las explicaciones que tratan de arrojar luz sobre lo ocurrido en los dos últimos años se mueven entre el «se hace lo que puede» y el «Europa no debe seguir mirando hacia otro lado», aunque justo ahora, con el calendario recordando que este martes día 20 se celebra el Día Mundial del Refugiado, es un buen momento para echar la vista atrás y hablar de cifras; pero sobre todo de personas. El primer titular da la medida del estado de las cosas en España: de los 16.231 refugiados que nuestro país se comprometió a acoger entre septiembre de 2015 y septiembre de 2017, el Gobierno sólo ha recibido a 1.304 personas: 886 reubicados o procedentes de otros países de la UE como Grecia o Italia y 418 reasentados o procedentes de terceros países, como Líbano. Es decir, poco más de un 8% de la cifra estipulada y cuando apenas faltan tres meses para que expire el plazo que se dieron los países. Así se recoge en el último informe de la Comisión Europea (correspondiente a mayo) sobre la reubicación y reasentamiento de emergencia en la UE, en el que se recuerda a todos los países que tienen que cumplir con lo pactado y a España, en concreto, que «debe aumentar sus compromisos mensuales». A pesar de esta llamada de atención, nuestro país está en la zona ‘tibia’ en la tabla de cumplidores, porque aunque es un hecho que la pesada burocracia termina por lastrar esa acogida efectiva, hay países que «no han reubicado ni a una sola persona», con Hungría, Polonia y Austria como ejemplos clamorosos.

La situación en Málaga

De vuelta en España, la provincia de Málaga no fue una excepción en la movilización masiva por parte de las instituciones y la sociedad civil, dispuestas a dar una respuesta para que no hubiera más casos como el de Aylan. Ahora bien, casi dos años después de aquel hito sin precedentes, el clamor social apenas se escucha ya en un puñado de voces y las instituciones han ido respondiendo con más calma que prisa a aquella demanda de acción inmediata. Los datos actualizados sitúan de hecho a la provincia a un nivel similar al del conjunto del estado: hasta el momento, los programas que están en marcha desde Málaga para dar respuesta a los refugiados del cupo europeo han recibido a unas 150 personas, que se distribuyen entre la capital y Antequera.

El último ‘Círculo de Silencio’, celebrado el pasado miércoles, en la plaza de la Constitución. La muerte del pequeño Aylan, el principio de todo. La desgarradora imagen del pequeño sirio de tres años Aylan Kurdi muerto en una playa de Turquía cuando intentaba alcanzar la costa con su madre y su hermano dio la vuelta al mundo, empujó a Europa a dar un paso adelante y marcó un antes y un después en la conciencia colectiva. / Paula Hérvele

Para entender esta realidad, hay que hacer referencia a varios planos: la distribución de los demandantes de asilo en el territorio nacional es competencia exclusiva del estado, de manera que la velocidad a la que se adjudican los destinos depende de la complejidad burocrática a la que se enfrenta España para asistir a los integrantes del cupo, en su mayoría de nacionalidad siria y eritrea. Por otra parte, las instituciones acreditadas para cumplir con estos compromisos en cada una de las provincias son tres: Cruz Roja, Cear (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) y Accem, que además de encargarse de dirigir la integración de los refugiados del llamado cupo europeo siguen trabajando a destajo en la atención de otros cientos de solicitantes de asilo que proceden de otros países que no sean Siria o Eritrea –caso de Ucrania, China, Irán, El Salvador o Afganistán, entre otros muchos– y que además no llegan desde los puntos ‘calientes’ de Europa, concentrados en torno a los campamentos de Italia, Grecia o Turquía o los países limítrofes. En el caso concreto de Málaga, una parte muy representativa de estas llegadas que no son del cupo proceden del CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) de Melilla.

Málaga, convertida en ‘ciudad refugio’ .En septiembre de 2015 los grupos municipales acordaron que Málaga se sumara a la red de ‘ciudades refugio’. En la imagen, el alcalde y los responsables municipales se reúnen con representantes de las tres organizaciones habilitadas para atender a los refugiados. Más plazas gracias a los pisos de Cáritas.La cesión de Cáritas de 13 apartamentos de su propiedad para la acogida de refugiados representó, en plena crisis humanitaria, un importante balón de oxígeno en la ciudad. En la imagen, firma del acuerdo con CEAR. El clamor en la calle.Málaga no fue ajena a la ola de solidaridad que generó el drama de los refugiados. La capital y varios puntos de la provincia celebraron concentraciones como la de la fotografía para exigir medidas a las instituciones. Hoy, sin embargo, queda poco de ese clamor social.

De hecho, desde que en septiembre de 2015 se generara esa ola de solidaridad que sirvió para poner a disposición de estos tres organismos plazas y recursos económicos, hasta que llegaron los primeros refugiados de Europa pasó cerca de un año, un tiempo que se invirtió en atender con esos medios a solicitantes de asilo que llegaban de otros países. Porque esa necesidad de protección a personas que huyen siempre ha estado ahí; la diferencia es que el drama sirio ha servido –al menos– para visibilizar un problema de dimensiones globales.

«La llegada de los refugiados del cupo comenzó hace aproximadamente un año y ha sido muy irregular e inconstante». El diagnóstico sale de boca del coordinador de CEAR en Málaga, Francisco Cansino, quien avanza que los compromisos que adquirió España en este sentido y que expiran en el plazo de tres meses serán «imposibles de cumplir». Los complicados trámites burocráticos y la dificultad a la hora de «identificar a las personas que tienen que venir de los países concretos donde se supone que están» son, a su juicio, los responsables de esta situación, que se suma a la de la limitación de las plazas disponibles para refugiados (unas 5.000 en España y 303 en la provincia de Málaga entre las tres organizaciones). No obstante, Cansino se muestra esperanzado en que a partir de julio, con la renovación de la subvención que el Gobierno aporta a este capítulo, se incremente esta red de atención de forma considerable.

En este escenario, también hay que hacer referencia a otro de los fenómenos con los que se encuentran sobre todo CEAR y Cruz Roja una vez que los refugiados del cupo son asignados a una provincia concreta y que en este caso explica el responsable de refugiados de Cruz Roja en Málaga, David Ortiz: «Una cosa es que nos los asignen y otra es que ellos (los refugiados) se quieran quedar aquí». La razón es que muchas de las familias afectadas aspiran a comenzar una nueva vida en países europeos en los que ya existe una comunidad siria considerable (por ejemplo Alemania o Suecia), aunque el pertenecer al cupo europeo implica que tienen que aceptar el país y la provincia que se les asigne, independientemente de sus preferencias. En el caso de que lo rechacen quedan excluidos del protocolo de integración, con la considerable pérdida de derechos que eso implica. Aún así, Ortiz constata que entre los últimos refugiados que llegaron a Málaga después de Semana Santa (alrededor de 40), hay un perfil mayoritario de «familias en situación muy vulnerable, por ejemplo con discapacitados a su cargo», y no se arriesgan a perder esa ayuda.

¿Y las instituciones?

En el otro lado de esta complicada balanza que trata de equilibrar la necesidad de medios con la disposición real de recursos están las instituciones, que hace dos años se sumaron en bloque a las voces que pedían (y ofrecían) ayuda urgente pero que a día de hoy muestran un saldo desigual en cuanto a resultados. Uno de los hitos más importantes en el calendario fue la declaración oficial de Málaga como ‘ciudad refugio’, un acuerdo al que llegaron todos los grupos con representación en el Ayuntamiento de Málaga a finales de septiembre de 2015 y cuyos compromisos tardaron más de la cuenta en arrancar, con el consiguiente desencanto de las organizaciones implicadas en la gestión de estas ayudas. Aun así, el consistorio abrió una cuenta bancaria para la recepción de donativos voluntarios (se recaudaron unos 30.000 euros) y aprobó un crédito extraordinario de 100.000 euros con el que se reformaron y acondicionaron los 13 apartamentos que Cáritas puso a disposición de los refugiados. Aquellas 44 plazas siguen ocupadas en la actualidad bajo la tutela de Accem, Cruz Roja y CEAR.

En la provincia se han recibido, con un año de retraso, a unos 150 refugiados del cupo, que se distribuyen entre la capital y Antequera

Por otra parte, en las oficinas de Derechos Sociales que el Ayuntamiento tiene en la antigua Tabacalera han estado trabajando durante este tiempo dos técnicos para atender, asesorar e informar a las familias refugiadas que llegaban a Málaga, y que en la actualidad –y según el censo municipal– suman 355 personas. Esta Oficina de Atención Integral a Familias Refugiadas inaugurará el próximo martes, con motivo del Día Mundial del Refugiado, una sede propia de unos 800 metros cuadrados en la calle Cuarteles desde donde se trabajará «de manera conjunta con los tres organismos acreditados para la atención a estas personas», según avanzó a SUR la directora del Área de Derechos Sociales, Ruth Sarabia.

En este escenario, desde la Diputación Provincial de Málaga se apostó por un papel de «intermediación» entre las diferentes asociaciones de atención a los inmigrantes y se celebraron varias reuniones en este sentido hasta finales de 2015. También se pusieron a disposición de los refugiados plazas en centros de titularidad provincial, como La Noria, La Térmica y otras residencias. Sin embargo, y en palabras de la diputada responsable, Ana Carmen Mata, el Gobierno «dio la interlocución a Accem, CEAR y Cruz Roja y el resto de las asociaciones no se dirigieron a nosotros para pedirnos ayuda». De hecho, Mata confirma que a día de hoy no existe un presupuesto específico en las cuentas supramunicipales para la atención a los refugiados.

El trabajo de las administraciones también ha tenido un resultado desigual

Por último, la Junta de Andalucía mantiene en su agenda la firma de compromisos con agencias dedicadas a la atención a los refugiados independientemente de su país de origen. En este sentido, el pasado mes de diciembre el gobierno regional suscribió un acuerdo con la ONU por valor de dos millones de euros.

De la euforia al silencio

El tercero de los pilares en esta estrategia colectiva de atención a los refugiados está en la sociedad civil, que hace dos años protagonizó varias movilizaciones multitudinarias para reclamar soluciones y que dejó decenas de casos de ciudadanos anónimos que ofrecieron viviendas vacías para acoger a las familias afectadas y que en la mayoría de los casos, sin embargo, han quedado en papel mojado. En efecto, con el paso de los meses esta especie de euforia colectiva ha dejado un escenario en el que apenas quedan testimonios públicos de apoyo. Uno de los que aún se mantienen son los llamados ‘Círculos de Silencio’, una iniciativa que Cáritas promueve en todas las ciudades de España coincidiendo con el segundo miércoles de cada mes y que en el caso concreto de Málaga reúne en la plaza de la Constitución a varias decenas de personas. «La conciencia de la gente se ha ido durmiendo poco a poco», lamenta el delegado de Migraciones de Cáritas, Ramón Muñoz Porras, quien avanza que esta institución de la Iglesia Católica ha realizado una propuesta al Gobierno para que en España se ponga en marcha «un corredor humanitario» a imagen del que funciona en Italia gracias a la comunidad de San Egidio de Roma y que desde su puesta en marcha en febrero de 2016 ha permitido que más de 600 solicitantes de asilo se muevan entre los países emisores y receptores de forma sana y segura. Al fin y al cabo, no existe nada tan «humanitario» como ese esfuerzo colectivo (y necesario) para evitar estampas como la de un niño de tres años muerto en la playa donde parte de esa Europa confortable disfruta de sus vacaciones.

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