El PP de Málaga capital se queda solo y se abre a estudiar una rebaja de la plusvalía por herencia

Rosario Carrión, durante su intervención en la comisión plenaria municipal.

La oposición saca adelante la moción para suprimir el requisito de la convivencia a familiares directos para poder acceder a las bonificaciones del impuesto

FRANCISCO JIMÉNEZMálaga

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga se ha quedado solo este lunes a la hora de no respaldar la moción del PSOE pidiendo que se elimine el requisito de la convivencia durante dos años para que cónyuges, padres e hijos puedan acceder a la bonificación de hasta el 95% en el pago de la plusvalía por herencia. No la ha respaldado, como sí han hecho el resto de grupos políticos, pero tampoco ha votado en contra, toda vez que se ha mostrado abierto a estudiar la viabilidad de flexibilizar el acceso a estas ayudas en el marco de la negociación que en las próximas semanas arrancará para elaborar y aprobar las ordenanzas fiscales de 2018. “Estamos dispuestos a estudiar todas las propuestas y les emplazo a reunirnos, a estudiarlo con los técnicos y, a partir de ahí, formular algo con criterio y que pueda ser asumible presupuestariamente”, ha afirmado el concejal de Economía, Carlos Conde, durante su intervención esta tarde en la comisión plenaria municipal.

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Con los siete votos a favor de PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos, IU-Málaga para la Gente y el edil no adscrito Juan José Espinosa, la propuesta ha salido adelante cargado de reproches entre unos y otros. Entre otras cosas porque el establecimiento de requisitos que dificultan a los familiares directos beneficiarse de bonificaciones en el pago de este impuesto cuando heredan un inmueble es una práctica habitual en la mayoría de ayuntamientos, independientemente del color político de su alcalde.

Previamente al debate político, los concejales y el público asistente en el Salón de Plenos han podido escuchar el testimonio de Rosario Carrión, una vecina de Churriana que heredó la vivienda de su madre, con la que no convivía, y que ha tenido que pedir un préstamo bancario para hacer frente al pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). “La casa de mis padres vale menos de 50.000 euros y entre los 8.361 euros que me reclama el Ayuntamiento, el recargo de 4.149 euros y el crédito que he tenido que pedir estoy pagando más de 19.000 euros”, ha expuesto esta mujer, que ha aprovechado su intervenión para solicitar que se tenga también en cuenta el caso de personas discapacitads, como ocurre con su hermano, que está en un centro asistencial y que tampoco cumple el requisito de la convivencia. “Estoy pagando mi plusvalía y la de mi hermano para no perder lo único que nos pudieron dejar nuestros padres y que tanto trabajo les costó”, ha subrayado.

“Desgraciadamente, casos como el de esta familia son habituales porque los requisitos para acogerse a las bonificaciones son inasumibles”, ha criticado el concejal del PSOE, Salvador Trujillo, quien ha pedido al equipo de gobierno que no se escude en la próxima reforma de la plusvalía en la que están trabajando la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno central para no dar el paso de suprimer el criterio de la convivencia durante dos años.

La moción también ha sido apoyada por Ciudadanos, socio de investidura del PP, y cuyo portavoz en la sala, Alejandro Carballo, ha puesto el acento en el aumento de las bonificaciones “que se han aplicado en estos dos años en los que Ciudadanos está en el Ayuntamiento”. “Cada año hay que negociar las ordenanzas y cada año hemos negociado un aumento de las bonificaciones y vamos a seguir trabajando en esa línea hasta el máximo soportable por este Ayuntamiento”, ha destacado.

Por su parte, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha abogado por modificar el impuesto para gravar en función de la capacidad económica del heredero, al igual que ha defendido Eduardo Zorrilla (IU-Málaga para la Gente), quien ha considerado “insuficientes los avances de los últimos años”. En la misma línea, Juan José Espinosa ha emplazado al resto de grupos políticos a ampliar el debate “más allá de la supresión del requisito de la convivencia”.

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