El promotor del Museo Taurino sostiene que ha saldado su deuda con la Diputación

La institución provincial mantiene el proceso de desalojo forzoso del inmueble situado en la plaza del Siglo

A. J. L.

málaga. «El interés que tenían ellos era que se pagara la deuda. Se ha pagado entonces, debe estar todo el mundo contento, ¿no». El promotor del Museo Taurino, Juan Barco, defendía ayer que ha saldado sus cuentas pendientes con la Diputación Provincial «en tiempo y forma» y sostenía que la cantidad que la institución provincial le reclama, en torno a 400.000 euros, «no se corresponde con la realidad». Desde la Diputación declinaron realizar valoraciones sobre las palabras de Barco y se limitaron a reiterar que sigue adelante el proceso para el desalojo forzoso del inmueble que el Museo Taurino ocupa en la plaza del Siglo de la capital.

Según el testimonio de Barco, el pasado miércoles día 5 recibió a través del correo electrónico un mensaje del Patronato de Recaudación en el que se le reclamaba el pago. El empresario extremeño sostuvo que al día siguiente realizó la transferencia por la cantidad requerida (153.219,46 euros, según su testimonio), por lo que, en su opinión, la deuda se ha saldado «en tiempo y forma». No obstante, desde la Diputación recordaban ayer que el plazo para la entrega de las llaves del edificio expiró el miércoles.

Barco no quiso ayer ofrecer ninguna documentación que acredite la realización de dicha transferencia y tampoco aclaró por qué ha esperado hasta el último día del plazo para abonar a la Diputación las cantidades recogidas en el contrato suscrito con la institución provincial. Tampoco confirmó si piensa emprender alguna acción legal contra el proceso de desalojo forzoso o contra la propia Diputación Provincial.

Desde la Diputación han reiterado en varias ocasiones que hasta la fecha el empresario no había abonado ninguno de los pagos estipulados en el acuerdo con la institución. En este sentido, Barco argumentó que el canon que debe pagar a la Diputación es de 62.000 euros anuales, del que debe satisfacer dos pagos. A eso añadió el IBI y los recibos de los suministros de luz y agua, conceptos que, en opinión de Barco, no justifican la reclamación de 400.000 euros por parte de la Diputación Provincial.

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