El promotor del Museo Taurino afirma que ha saldado su deuda con la Diputación

Juan Barco, en el Museo taurino.
Juan Barco, en el Museo taurino.

La institución provincial reitera que mantiene el proceso de desalojo forzoso del inmueble

Antonio Javier López
ANTONIO JAVIER LÓPEZ

“El interés que tenían ellos era que se pagara la deuda. Se ha pagado entonces, debe estar todo el mundo contento, ¿no”. El promotor del Museo Taurino, Juan Barco, ha defendido esta mañana que ha saldado sus cuentas pendientes con la Diputación Provincial de Málaga “en tiempo y forma” y ha mantenido que la cantidad que la institución provincial le reclama, en torno a 400.000 euros, “no se corresponde con la realidad”. Desde la Diputación han declinado realizar valoraciones sobre las palabras de Barco y se han limitado a reiterar que sigue adelante el proceso para el desalojo forzoso del inmueble que el Museo Taurino ocupa en la plaza del Siglo de la capital malagueña.

Barco ha mostrado su “sorpresa” por la reclamación por parte de la entidad provincial de una deuda cercana a los 400.000 euros. Según su testimonio, el pasado miércoles día 5 recibió a través del correo electrónico un mensaje procedente del Patronato de Recaudación en el que se le reclamaba el pago. El empresario extremeño sigue su relato para sostener que al día siguiente realizó la transferencia por la cantidad requerida (153.219,46 euros, según su testimonio), por lo que, en su opinión, la deuda ha quedado saldada “en tiempo y forma”. No obstante, desde la Diputación recordaban ayer que el plazo para la entrega de las llaves del edificio expiraba el miércoles.

Para saber más

Barco no ha querido ofrecer ninguna documentación que acredite la realización de dicha transferencia y tampoco ha aclarado por qué ha esperado hasta el último día del plazo para abonar a la Diputación las cantidades recogidas en el contrato suscrito con la institución provincial. Tampoco ha confirmado si piensa emprender alguna acción legal contra el proceso de desalojo forzoso o contra la propia Diputación Provincial.

Desde la Diputación han reiterado en varias ocasiones que hasta la fecha el empresario no había abonado ninguno de los pagos estipulados en el acuerdo con la institución. En este sentido, Barco argumenta que el canon que debe pagar a la Diputación es de 62.000 euros anuales, del que debe satisfacer dos pagos. A eso añade el IBI y los recibos de los suministros de luz y agua, conceptos que, en opinión de Barco, no justifican la reclamación de 400.000 euros por parte de la Diputación Provincial.

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