Piden que los condenados por agredir a los sanitarios cumplan las penas fijadas

El artículo 550 del Código Penal establece de seis meses a tres años de prisión por atentado, agresión grave, intimidación o violencia contra los trabajadores de la sanidad en el ejercicio público de su profesión.

La lacra que suponen esas agresiones se debatieron en el seno del segundo congreso de derecho sanitario, un evento que fue inaugurado ayer y que se celebra en el Rectorado de la Universidad de Málaga, organizado por la Asociación Andaluz de Derecho Sanitario y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. La mesa en la que se analizó la violencia contra los profesionales de la sanidad la moderó el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Juan Antonio Repetto.

Eduardo Martín Serrano explicó a SUR que los ciudadanos creen que si la pena es inferior a dos años de cárcel, el condenado no entra en prisión, pero eso no es siempre así. «La gente tiene que saber que pegarle a un profesional de la sanidad no sale gratis», manifestó el presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario, que abogó por que haya condenas ejemplarizantes como modo de proteger a los trabajadores en el desarrollo de su actividad.

Martín Serrano precisó que Andalucía es la comunidad donde más conductas violentas contra el personal de la sanidad se registran. «Hay que concienciar a médicos, enfermeros y al resto de categorías sanitarias para que no se callen cuando sean objeto de una agresión. Cualquier acto violento hay que denunciarlo, porque es el modo de que pueda abrirse un procedimiento judicial», subrayó este experto en derecho sanitario.

Por otro lado, la conferencia inaugural del congreso la pronunció el exministro de Sanidad con el PSOE Julián García Vargas. Su alocución versó sobre 'El Sistema Nacional de Salud: ¿hacía dónde se dirige? Cinco medidas urgentes a adoptar'.

Entre los temas que se debaten en este encuentro están la publicidad engañosa y el intrusismo profesional, la sanidad trasfronteriza y el turismo sanitario, la receta electrónica y la tarjeta sanitaria o la vacunación y las obligaciones ante los menores, entre otras cuestiones.