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Mientras la policía seguía analizando los fotogramas de los vídeos para identificar a los responsables de las agresiones o las vejaciones grabadas, los juzgados adoptaban una serie de medidas cautelares para proteger a las víctimas, todas ellas personas con discapacidades intelectuales severas que se encuentran internadas en la residencia de «gravemente afectados» La Milagrosa, en el Camino de la Corta.
Según confirmaron en el propio centro, los magistrados han dictado dos órdenes de alejamiento contra los cuatro investigados. Los autos, firmados por dos jueces distintos –hay que recordar que primero se arrestó a un cuidador y después, a otras tres–, les prohíben acercarse a la residencia y a las seis posibles víctimas identificadas en la investigación policial.
Los jueces han comunicado oficialmente al centro estas órdenes de alejamiento para que vigile que los cuatro investigados no se acerquen al mismo, según explicó Antonio Rubio del Castillo, presidente de la Asociación Malagueña en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Aspromanis), que gestiona La Milagrosa y otros 10 centros asistenciales repartidos por la provincia.
Los responsables de la institución han empezado por comunicar la existencia de estas órdenes a toda la plantilla. «Hemos informado a todos los trabajadores para que sepan que, si ven a alguno de los cuatro (los investigados) cerca del centro, tienen que avisar», aclara Rubio. En consecuencia, se ha intensificado la vigilancia. «Hemos puesto al guarda en la puerta para que controle el paso y hemos reforzado la vigilancia durante el fin de semana», añadió.
El sábado, después de que SUR adelantara la noticia de las detenciones de los cuidadores, la Junta de Andalucía, que tiene 30 plazas concertadas de las 46 del centro, realizó una inspección para comprobar las instalaciones y la atención a los usuarios. El resultado de la misma aún no ha trascendido. La Diputación, por su parte, ya ha anunciado que mantendrá las 12 plazas que también tiene subvencionadas.
Al margen de esas inspecciones, el presidente de Aspromanis asegura que ya han empezado a trabajar en un protocolo específico dirigido a evitar que se vuelva a producir un caso de esta índole, que se hará extensivo a los 11 centros que gestiona. «Aún es pronto, pero hay muchas medidas que se pueden adoptar, como rotar turnos y evitar que los trabajadores coincidan siempre con los mismos compañeros. Nos queda una labor de trastienda importante. Haremos una reflexión muy profunda, porque una cosa es sanear el tema y otra que esa tranquilidad dure toda la vida. No voy a parar hasta que esté absolutamente seguro de que la residencia está como tiene que estar, y que además seguirá siendo así», concluyó Rubio.
Los hechos, que continúan bajo investigación policial y judicial, se descubrieron cuando los responsables de la institución detectaron posibles irregularidades en el turno de noche, compuesto por seis cuidadores que se reparten en dos grupos alternos para atender a los usuarios desde las 00.00 hasta las 6.00 horas. La dirección sospechaba que algunos de estos empleados se quedaban dormidos durante su jornada de trabajo.
Para comprobar este extremo, los responsables de la residencia encargaron una investigación a una agencia de detectives privados, que instaló ocho cámaras camufladas en el mobiliario y en un área muy concreta: la zona de noche (los dormitorios). Al revisar las imágenes, los detectives descubrieron que habían grabado algo más que irregularidades. Tal y como publicó este periódico, las cámaras captaron graves agresiones a alguno de los usuarios o, cuando menos, un trato vejatorio y degradante a otros por parte supuestamente de algunos empleados.
Al tener conocimiento de los hechos, los responsables de la residencia acudieron a la comisaría del distrito Norte a presentar una denuncia. Las pesquisas policiales han permitido identificar a seis posibles víctimas y a cuatro trabajadores supuestamente implicados, que fueron detenidos y que actualmente se encuentran en libertad con cargos.
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