La mayoría de los bloques de viviendas de Málaga no son accesibles pese a ser ya obligatorio

Las rampas tienen que tener una inclinación suave y suelo antideslizante. /Fernando González
Las rampas tienen que tener una inclinación suave y suelo antideslizante. / Fernando González

El 70% de las comunidades de vecinos aún no han instalado los elementos obligatorios, y en el sector público aún queda mucho por hacer

Ana Pérez-Bryan
ANA PÉREZ-BRYAN

Dice muy poco de una sociedad que aspira a ser moderna e inclusiva que hoy, unos días después de que haya expirado el plazo legal para que todos los edificios públicos y privados sean completamente accesibles, las cifras que los profesionales ponen sobre la mesa vayan en el sentido completamente contrario: o dicho de otro modo, que a pesar de que el pasado día 4 de diciembre entró en vigor esta obligación recogida en el Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social aún haya en la provincia de Málaga un 70% de edificios privados que ni siquiera se hayan planteado cumplir con esta parte de la ley. En la práctica, el texto legal establece que en el caso de las viviendas en régimen de propiedad horizontal (comunidades de propietarios) se deben acometer las obras necesarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Eso implica la instalación de rampas, salvaescaleras, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que faciliten no sólo la entrada y salida de todas las personas a sus viviendas, sino también el acceso a las zonas comunes, caso de los garajes, el jardín o la piscina. Y ojo, no cumplir con la ley puede representar multas que oscilan entre los 600 y los 600.000 euros.

Los avisos de que los plazos se agotaban tampoco son nuevos, de modo que a esa falta de interés por parte de las comunidades de vecinos se suma una falta de previsión. «Los profesionales, los legisladores y los sectores implicados llevan avisando de la necesidad de acometer esas obras de accesibilidad desde 2003. Y mira, han pasado 14 años y se ha avanzado muy poco». La queja la enuncia en un tono de profunda indignación Alfredo de Pablo, coordinador general de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, una plataforma que reúne a 81 asociaciones y entidades locales entre las que se encuentra el Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga o el colegio profesional de los administradores de fincas.

Precisamente han sido estos últimos unos de los agentes más activos en la advertencia de que el tiempo se agota, y a pesar de el pasado mes de octubre pusieron en marcha una campaña informativa y de concienciación entre las comunidades privadas «apenas se han ejecutado las obras necesarias para eliminar las barreras arquitectónicas», lamentan desde el colegio.

Esta realidad, unida a que muchas de las obras que se hacen, se hacen mal, deja un escenario con poco margen para la esperanza: la realidad es que a día de hoy se siguen construyendo viviendas y abriendo establecimientos que directamente no cumplen con la normativa, o que sí la contemplan pero sin una visión global de lo que es la accesibilidad, de modo que la limitación para las personas con discapacidad sigue estando ahí. Lo sabe por experiencia Miguel Ángel Martín, presidente de Málaga Inclusiva, quien constata «muchos casos» de adaptaciones que los constructores han tenido que repetir hasta tres veces: «Primero colocan una rampa tan empinada que es imposible subir, luego le ponen mármol y la dejan muy bonita pero resbala, y por último hay que añadirle el antideslizante para que quede en condiciones».

Sí está hecho, pero mal

En este punto de las quejas que llevan años planteando las asociaciones, De Pablos aporta otra reflexión que es de puro sentido común: «La accesibilidad sin autonomía no sirve, ambos conceptos tienen que ir de la mano». Y pone un ejemplo: «A mí no me sirve que a la entrada de un edificio o un local pongan un elevador para subir las escaleras si resulta que tengo que entrar para pedir que alguien venga y lo ponga en marcha... ¡Es imposible entrar para decir que no puedes entrar!», explica De Pablo, quien añade otra clave para entender los problemas a los que se enfrentan a diario los discapacitados físicos, orgánicos o sensoriales: «Lo que te convierte en una persona con discapacidad es la relación con el entorno».

En este contexto, el 4 de diciembre se debería haber convertido en una línea de meta, pero en realidad representa un punto de partida de todo lo que queda por hacer. La realidad, no obstante, establece diferencias de peso entre el ámbito privado y el público, ya que mientras en el primero el déficit es evidente en el sector público se ha avanzado de manera considerable en los últimos años y en el ánimo de las administraciones está el de hacer de sus edificios espacios inclusivos.

«Queda mucho por hacer, pero estamos muy bien posicionados con respecto a otras provincias andaluzas como Cádiz y Huelva, que son un desastre», observa el presidente de Málaga Inclusiva. Martín aporta, sin embargo, varios ejemplos de escasa accesibilidad en el sector público (o al menos de uso público): la Delegación de Hacienda –de hecho el pasado mes de noviembre se manifestaron a las puertas de la sede para denunciar la situación– y los teatros Alameda y Cánovas. Y De Pablos hace la distinción en función de la administración: «El que más cuida este tema en Málaga capital es el Ayuntamiento, mientras que a la Junta de Andalucía le hace falta hacer más adecuaciones de sus edificios».

La accesibilidad mejora directamente la calidad de vida de cuatro de cada diez personas

«Hay que valorar el esfuerzo que en los últimos años se ha hecho desde lo público, porque a pesar de todo lo que queda por hacer Málaga es una ciudad bastante avanzada en estos términos», constata por su parte la concejala de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, PaquiBazalo, cuyo departamento impulsa y complementa desde el punto de vista técnico una iniciativa que puso en marcha el pasado mes de julio la Gerencia Municipal de Urbanismo y que consiste en evaluar las condiciones de los edificios municipales –hasta el momento se han revisado 39– para que en una fase posterior se acometan las reformas necesarias.

Sea como fuere, la accesibilidad es un asunto que beneficia a todos. Es más, estudios especializados constatan que este tipo de adecuaciones en el entorno cotidiano mejoran directamente la calidad de vida de cuatro de cada diez personas. Y no hace falta ser discapacitado para beneficiarse: se calcula que en la provincia el 8% de la población (unas 55.000 personas) sufren algún grado de discapacidad, pero también hay que tener en cuenta que el 13% tiene más de 70 años. «Súmale a eso las personas que por un accidente tienen que ir con muletas, los niños y los carritos de bebés, o incluso los repartidores», concluye De Pablo.

¿Cómo han de repartirse las cargas para pagar la obra una comunidad?

Probablemente la pregunta haya sido objeto de debate en muchas comunidades de vecinos, que se plantean cómo sufragar las obras de accesibilidad que desde el pasado 4 de diciembre son obligatorias por ley. Porque es un hecho que las actuaciones para eliminar obstáculos no son baratas, y aunque esta cantidad repercute sobre los vecinos la legislación también contempla que éstas no pueden suponer una carga desproporcionada o indebida.

En concreto, la respuesta a cómo repartir los costes aparece recogida en la Ley de Propiedad Horizontal: mientras el coste total de la obra no supere las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes –descontando las subvenciones y ayudas públicas a las que se pueda tener derecho–, los gastos deben ser abonados por todos los propietarios. Si se sobrepasa este presupuesto se decidirá en una junta con el voto favorable de la mayoría de los vecinos que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.

Ahora bien, si los vecinos que han solicitado la obra de eliminación de barreras arquitectónicas están dispuestos a asumir esa diferencia por su cuenta, los demás están también obligados a pagar sus doce mensualidades correspondientes.

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