Málaga frena la implantación de mil bicis públicas ante el ‘boom’ de empresas privadas

La red actual está formada por 23 estaciones y 400 bicicletas /SUR
La red actual está formada por 23 estaciones y 400 bicicletas / SUR

La competencia generada por el desembarco de varios operadores lleva al Ayuntamiento a aparcar la extensión del servicio de alquiler a toda la ciudad con 121 estaciones más

Francisco Jiménez
FRANCISCO JIMÉNEZMálaga

La ampliación del sistema público de bicicletas de Málaga parece haber pinchado definitivamente. El proyecto, que contempla la expansión de la red actual (400 vehículos repartidos en 23 puntos) por toda la ciudad con un millar de nuevas bicis y 121 estaciones más, permanece guardado en un cajón desde que hace dos años fue planificado por el Área de Movilidad y la Empresa Malagueña de Transportes. Si primero se frenó unos meses su puesta en marcha para resolver la situación con la empresa que gestiona la primera fase (los tribunales anularon el contrato al adjudicarse sin que otras empresas tuvieran posibilidad de presentar oferta) y luego por la falta de disponibilidad presupuestaria, ahora ha surgido otra variable que ha enterrado la viabilidad del proyecto: el considerable incremento de la competencia privada provocado por el desembarco (materializado o previsto) de hasta cinco empresas de alquiler de bicicletas, con el atractivo de que al estar geolocalizadas desde el móvil el usuario puede cogerlas y dejarlas en cualquier lugar de la ciudad sin necesidad de buscar un punto de anclaje oficial. A estas bicis compartidas se suma el auge de establecimientos que ofrecen a los turistas visitas por la ciudad a golpe de pedal.

La primera firma de ‘bike-sharing’ en implantarse en la capital, a comienzos de 2017, fue la danesa Donkey con varias decenas de bicis naranjas, a la que el pasado noviembre siguió la lituana Dropbyke con una flota de 170 vehículos de color azul que se pueden reservar a través de una aplicación móvil. El próximo en hacerlo será el gigante asiático Ofo, líder del mercado a nivel mundial con más de 10 millones de bicicletas repartidas por unas 180 ciudades y que tras instalarse en Madrid, Granada y Marbella ultima su despliegue en Málaga a través de un convenio con la Universidad que inicialmente inundará el campus de Teatinos con un millar de vehículos amarillos, aunque con la previsión de extender su área de acción al resto de la capital con un máximo de tres mil unidades.

Ante este panorama, que se está expandiendo por las principales ciudades europeas, en el Ayuntamiento han decidido aparcar su ambiciosa apuesta de que hubiera una estación de bicis prácticamente en cada barrio. Por tanto, deja en el aire la licitación de esta segunda fase, toda vez que requiere una inversión de 37 millones de euros en 15 años de concesión y, vista la creciente competencia, tampoco está claro que haya compañías interesadas en hacerse con la gestión. De hecho, los operadores hasta ahora tradicionales en el sector ya empiezan a replantearse el negocio.

«Hay cuatro o cinco empresas que han dicho que van a venir a Málaga. Y puesto que significa un coste importante para el Ayuntamiento estamos reflexionando y esperando un poco para ver cómo evoluciona todo e intentar tomar la mejor decisión», admite la concejala de Movilidad, Elvira Maeso, quien pone como referencia el rescate del servicio que ha tenido que ejecutar el Ayuntamiento de Madrid después de que se lo pidiera la empresa concesionaria porque no le salían los números.

El actual se mantiene

Se frena la expansión del servicio, pero de momento no se cuestiona la viabilidad del vigente, que se puso en marcha en 2013 mediante una modificación del contrato que la empresa Cemusa mantiene con el Consistorio desde 2006 hasta 2021 para la explotación publicitaria de las marquesinas de los autobuses. Actualmente, este sistema asociado a la tarjeta de la EMT cuenta con cerca de 42.000 clientes registrados, de los que la mayoría se pueden considerar usuarios habituales. Prueba de ello es que cada año se contabilizan 1,1 millones de desplazamientos. Además, otro dato que demuestra la buena aceptación de esta iniciativa (pese a las críticas sobre su mantenimiento y disponibilidad en algunas paradas) es el índice de rotación de cada una de las 400 bicis, con una media de ocho usos diarios.

Precisamente para fomentar esta rotación, el préstamo es gratuito durante la primera media hora, ya que está concebido como un medio de transporte para realizar una gestión o ir al trabajo y no tanto para pasear. A partir de esa franja, sí que se cobran 0,017 euros por cada minuto de más (0,51 la media hora). Si la devolución se excede entre dos y cuatro horas, se establece una penalización de una semana sin poder usarlo, y de un mes para quien tarde más de 24 horas. Si el retraso supera ese límite, a la bici se le da la condición de desaparecida y se sancionará con 150 euros de multa y suspensión total del servicio.

El ‘bike-sharing’ empieza a ser un problema en las ciudades

Basta con descargarse una aplicación en el móvil, adquirir un bono anual (la media hora de uso ronda los 0,5 euros), encontrar la bicicleta más cercana que aparezca en el mapa, desbloquearla escaneando con el teléfono el código sobre el candado y, una vez llegado al destino, dejarla enganchada en cualquier lugar, sin necesidad de hacerlo en una estación. Así es como funcionan las bicicletas compartidas (‘bike-sharing’), un fenómeno incipiente que en apenas tres años se ha extendido por las principales ciudades de la mano fundamentalmente de cuatro compañías de origen asiático (Ofo, Mobike, Obike y Gobee).

El auge de estos servicios es tal que los ayuntamientos ya están buscando fórmulas para limitar su expansión y, además, regular su uso debido a que la ausencia de estaciones está provocando una invasión de las aceras. En el caso de Málaga aún no hay una decisión tomada, pero el asunto ya lo puso sobre la mesa el grupo municipal de Málaga Ahora el pasado noviembre al denunciar que estas bicicletas, utilizadas mayoritariamente por turistas, están ocupando los escasos soportes municipales para que los ciclistas urbanos puedan dejar sus propios vehículos.

En Madrid se está trabajando en la redacción de una ordenanza para ceder espacios públicos a estas empresas para que las bicis sean aparcadas de forma ordenada, mientras en otras capitales como Washington (EE UU) se ha convocado un concurso público que reduce a cinco el número de operadores que pueden prestar servicio en la ciudad. Sobre este asunto, cabe remarcar que al tratarse de una ocupación de la vía pública, cualquier regulación que se acometa debe articularse mediante una concesión demanial previa licitación pública.

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