Málaga cumple un año como zona libre de paraísos fiscales

Málaga cumple un año como zona libre de paraísos fiscales

Portavoces de todos los grupos de la corporación municipal han valorado el compromiso del Ayuntamiento con el control fiscal de las empresas

PABLO MARINETTO

El pasado 28 de julio de 2016, Málaga capital fue declarada Zona Libre de paraísos fiscales a través de una moción institucional presentada de la mano de Intermon Oxfam. En la mañana de hoy, representantes de todos los grupos políticos se han reunido para valorar los avances del Consistorio en el control del comportamiento de las empresas a través, principalmente, de una contratación pública fiscalmente responsable.

Al encuentro ha acudido Sonia Díaz en calidad de delegada de Oxfam Intermón en Andalucía y los representantes políticos Alejandro Carballo, de Ciudadanos; Ysabel Torralbo, de Málaga Ahora; Remedios Ramos, de Málaga para la gente; Carlos Conde, en representación del equipo de gobierno del PP y Sergio Brenes, del PSOE. Díaz ha destacado la importancia de “contribuir a la lucha contra la evasión fiscal con soluciones”. Un compromiso que, asegura, han adquirido con el Ayuntamiento para contribuir a acabar con la competencia desleal con pequeñas y medianas empresas que provocan este tipo de prácticas, así como la descapitalización de los estados y la imposibilidad de luchar de manera efectiva contra la pobreza.

Por su parte, los grupos políticos han vuelto a validar su compromiso y acuerdo mutuo en la incorporación de criterios éticos en sus licitaciones y la modificación en la normativa de contratación para evitar la licitación con empresas que dispongan de cuentas en paraísos fiscales. Desde finales del año pasado las empresas que concurren a concursos públicos en la ciudad de Málaga deben presentar una Declaración Responsable y comprometerse, durante el desarrollo del contrato, a no llevar a cabo ejercicios de evasión fiscal a cuentas 'off shore'.

Se trata por tanto de una apuesta de la ciudad por la defensa del sistema tributario y contra unas prácticas que generan en España pérdidas fiscales de en torno a 1.550 millones de euros, cifra equivalente al presupuesto de cooperación al desarrollo.

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