Limasa anticipa a su plantilla la paga de productividad, que está pendiente de sentencia

De este modo, en el caso de que los jueces dieran la razón a la entidad, los trabajadores tendrían que devolver este pago en metálico o en horas de trabajo. Así lo recogía el acuerdo vigente para 2016 y 2017 que puso fin a la huelga de marzo de 2016. El documento contemplaba el abono de esta cantidad correspondiente a aquel ejercicio, pero no para 2017, aunque el Ayuntamiento «en un gesto de buena voluntad», según dijo entonces el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, efectuó finalmente el pago. Ahora, Raúl Jiménez vuelve a apelar nuevamente «a la buena voluntad», tal y como aseguró ayer a este periódico.

En cualquier caso, esta cuantía es prácticamente la mitad de lo que formalmente reclamó en enero el comité de empresa (1.431 euros) al considerar que, una vez expirado el citado acuerdo, las condiciones socio-laborales de la plantilla deben retrotraerse al convenio colectivo vigente, que es el de 2010-2012, previo a los recortes. Con el mismo argumento a su favor, la empresa también accedió a comienzos de año a que las vacaciones vuelvan a disfrutarse en los meses de verano (de junio a septiembre) en lugar de estar repartidas durante todo el año.

En el plano operativo, la empresa se garantiza disponer durante las temporadas media y baja con unos 125 trabajadores más en las calles, pero en el periodo estival deberá hacer frente con personal eventual al hueco que cada mes dejarán unos 400 empleados fijos. El coste estimado ronda los tres millones de euros.

El convenio colectivo en Limasa está pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo, después de que la empresa recurriera el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que en una causa paralela dio la razón a un sindicato sin representación en el comité (Sindicato de Trabajadores de la Administración Local) al determinar que los acuerdos que pusieron fin a la huelga de 2013 (válidos hasta el 31 de diciembre de 2015) no tienen rango de convenio. Es decir, que los recortes aplicados a la plantilla no debería quedar consolidados en el nuevo marco laboral.

Ante esta situación, la titular del Juzgado de lo Social número 12 decidió el pasado noviembre suspender el procedimiento hasta conocer el dictamen del Alto Tribunal. La jueza ya archivó provisionalmente la causa en septiembre de 2016 para instar a las partes a retomar el diálogo. Y así lo hicieron, pero sin ningún avance, así que unos y otros se lo jugarán todo a una carta.