Un juzgado de Torrox obliga a la «inmediata» entrega de una menor a su padre

El progenitor tiene la guarda y custodia después de que la madre incumpliera el régimen de visitas que le obligaba a devolver a la hija de ambos el 16 de agosto

A. P. / E. C. TORROX.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Torrox ha ordenado a una madre, vecina de Nerja, la «inmediata» entrega de su hija de diez años al padre, que tiene la guarda y custodia, después que la progenitora incumpliera el régimen de visitas que le obligaba a devolver a la menor el pasado 16 de agosto.

El auto judicial, según informó Efe, ordena a la madre la ejecución «en el acto» de la sentencia de 15 de noviembre de 2016 por la que se acordaba el régimen de visitas y en la que se atribuye la guardia y custodia al padre, José Luis Franco, que actualmente reside en Jayena (Granada). El padre entregó a la niña a su expareja el 1 de agosto y debía haberla recibido el día 16 a las 12,00 horas, pero no fue así y ese mismo día denunció los hechos ante la Guardia Civil, según Europa Press, que indicó que el progenitor explicó que la menor no está asistiendo a clase en el colegio granadino donde está matriculada, ni en ningún otro, según sus datos.

Su abogado, Ramón Porras, expresó que tal y como estipulaba la citada sentencia, su defendido entregó a la niña, de 10 años, a su madre el pasado 1 de agosto, con la previsión de que le fuese devuelta el día 16, circunstancia que no se produjo.

El progenitor teme que la intención de la madre sea volver con la niña de ambos a Venezuela, según su abogado

Según el letrado, durante esa primera quincena de agosto, la mujer, natural de Venezuela, remitió a su expareja varios mensajes de mensajería instantánea en los que manifestaba que no iba a entregar a la niña porque quería vivir con ella.

Porras afirmó que esta mujer, «siguiendo el ejemplo de otros supuestos mediáticos recientes, se ha acogido al impresentable tribunal de las redes sociales, con total desprecio y faltando descaradamente a la verdad». Asimismo señaló que en sus redes sociales ha acusado a su defendido de «maltratador» y ha colgado mensajes en los que «confunde denuncias con sentencias absolutorias» de su cliente.

La mujer utiliza «un lenguaje injurioso» contra jueces y fiscales, a los que atribuye la desprotección de la menor, al tiempo que afirma que «en este país no se protegen los derechos de los menores», indicó Porras.

El abogado señaló que el padre teme que la intención de la madre sea volver con la niña a Venezuela, país del que fue retornada «con síntomas evidentes de haber sufrido agresiones sexuales y con sarna hace seis años».

Además, el letrado insistió en que esta mujer puede haber cambiado de domicilio para eludir la acción de la justicia y considera que después de tanto tiempo sin cumplir una sentencia podría ser culpable de los presuntos delitos de retención ilegítima y desobediencia a la autoridad judicial.

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