La Junta tacha de «nefasta» la gestión del Gobierno en Archidona

Imagen de archivo de familiares de internos en Archidona. :: f. torres/
Imagen de archivo de familiares de internos en Archidona. :: f. torres

Rosa Aguilar asegura que los internos trasladados podrían haber ayudado a esclarecer la muerte del interno, que se suicidó, según el juez

FERNANDO TORRES ARCHIDONA.

La Junta de Andalucía tachó ayer de «nefasta» la gestión que el Gobierno Central ha hecho de la cárcel de Archidona y los más de 570 inmigrantes argelinos que han pasado casi dos meses en su interior. Así lo aseguró el delegado del Gobierno Andaluz y secretario general del PSOE en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, que ayer hizo balance del caso una vez el centro penitenciario se ha quedado vacío: «Solo han rectificado por la presión social, ciudadana e institucional en contra del internamiento».

El Ministerio del Interior vació el pasado miércoles la prisión, trasladando a los 67 inmigrantes que todavía no han sido expulsados -el plazo legal máximo de internamiento concluye la próxima semana- a otros Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Ante esto, el delegado apostilló que al Gobierno «no le quedaba otra salida» que buscar otros lugares para alojar a las personas inmigrantes que han estado en la cárcel de Archidona, «un lugar que ni reunía las condiciones ni además es el sitio adecuado para unas personas que no han cometido ningún delito».

Ruiz Espejo se refirió a la muerte que se produjo en el interior del centro como detonante de la situación: «Hemos tenido que lamentar la muerte de una persona en la cárcel de Archidona para que el Gobierno del PP rectificara su postura». Este es el balance final de la Junta de Andalucía, que desde el principio se posicionó en contra de la medida, inicialmente mediante declaraciones esporádicas para más adelante mostrar su rechazo frontal a través de la consejera de Justicia e Interior, Rosa Moreno, que pidió responsabilidades políticas una vez se conoció, precisamente, el fallecimiento de uno de los internos.

Ayer, el delegado también pidió que la cárcel sea habilitado como centro penitenciario lo antes posible. Este punto también ha centrado las críticas de numerosos colectivos, especialmente de Acaip y UGT Prisiones, sindicatos mayoritarios del colectivo, que han visto como un centro que supuestamente no estaba habilitado para que los funcionarios entraran a trabajar era utilizado para un fin distinto al original. El propio Ayuntamiento de Archidona señaló esta necesidad desde el principio, y pidió que se cumplieran los plazos de apertura de la prisión.

Además, ayer Aguilar volvió a pronunciarse con respecto al caso de Archidona, en concreto sobre el traslado de los internos a otros CIE. La consejera aseguró que estas personas podrían haber «hablado sobre las circunstancias» en las que falleció en la prisión. El titular del Juzgado Único de Archidona que llevó el caso lo archivó tras concluir que se trataba de un suicidio -decisión argumentada en las imágenes de las cámaras de seguridad, que dejan claro que nadie vio cómo el interno se quitaba la vida-. A esta conclusión judicial se refirió ayer el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que lamentó que Aguilar cuestione las decisiones de los jueces, y calificó de «irresponsable y desleal» su actitud al asegurar que Interior no ha aclarado dicha muerte.

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