La Junta remitirá a la Fiscalía los casos de iDental llegados a Consumo que puedan ser delito

Afectados frente a la clínica malagueña de iDental. :: fernando gonzález/
Afectados frente a la clínica malagueña de iDental. :: fernando gonzález

El Gobierno andaluz ha recibido más de 1.200 reclamaciones contra esta cadena de clínicas dentales, que ha cerrado casi todos sus centros sin dar explicaciones

NURIA TRIGUERO MÁLAGA.

La consejera de Salud, Marina Álvarez, anunció ayer en la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía que los casos de iDental llegados a las oficinas autonómicos de Consumo que se consideren «susceptibles de un ilícito penal relacionado con los tipificados por estafa por parte de iDental» se remitirán «a la Fiscalía para su valoración». Hasta finales de mayo, la Dirección General de Consumo ha registrado 1.291 reclamaciones relacionadas con esta cadena de clínicas. De ellas, 985 se presentaron en 2017 y 306 en los cinco primeros meses y medio de 2018.

Según la consejera, desde Consumo se están «analizando diferentes opciones de solución». Las personas damnificadas «deben saber que tienen derecho a la devolución de las cantidades entregadas», en palabras de Álvarez, que aconsejó a quienes hayan financiado sus tratamientos que reclamen directamente a la financiera y que den orden a su banco para que no atiendan los recibos. Según ella, si los incluyesen en registros de morosos, pueden denunciarlo ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Pautas a seguir

Tanto la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) como la Dirección General de Consumo de la Junta, ante el cierre de clínicas IDental, han dado una serie de pautas a los afectados. En primer lugar, se recomienda presentar un a reclamación por escrito (preferiblemente por burofax) ante la clínica en las que se esté llevando a cabo los tratamientos odontológicos. También mediante una vía que deje constancia hay que solicitar a la clínica los historiales clínicos. En el caso de no obtener respuesta a esta solicitud, se pueden ejercer los derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por restringir su derecho de acceso a datos personales.

Paralelamente se aconseja presentar una reclamación ante las autoridades autonómicas de consumo en el caso de vulneración de los derechos como consumidor, así como presentar una reclamación ante las autoridades sanitarias si se ha producido mala praxis. Aecosan recomienda, si fuera posible, pedir una peritación por parte de un profesional de la odontología para acreditar el grado de cumplimiento del tratamiento contratado y si hay evidencias de malas prácticas. Si no se recibe respuesta después de realizar todo lo anterior, queda la vía judicial: presentar una denuncia ante los juzgados.

En el caso de tener un crédito vinculado se recomienda interponer una reclamación ante los servicios, departamentos o defensores del cliente de la entidad financiera correspondiente. En el caso de que la entidad no dé respuesta o la misma no sea satisfactoria, se puede presentar una reclamación ante el Banco de España. Si el préstamo se firmó hace menos de 14 días naturales se puede ejercer el derecho de desistimiento. La Junta recuerda que en virtud del artículo 29 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de créditos al consumo, el contrato de financiación con la entidad prestamista podrá dejarse sin efecto sin penalización alguna si el tratamiento no se ha recibido.

Las autoridades recuerdan que hay que guardar toda la documentación que se haya recopilado en la relación contractual con la entidad para poder tramitar adecuadamente la reclamación o posible denuncia judicial: folletos, presupuestos, contratos de los créditos vinculados y resguardos de pagos y facturas.

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