La Junta abre por primera vez la puerta a una solución negociada en los Baños del Carmen

Imagen de archivo de bañistas en verano en la playa y terraza de los Baños del Carmen. /SUR
Imagen de archivo de bañistas en verano en la playa y terraza de los Baños del Carmen. / SUR

La concesión caducará el 29 de julio del año que viene, aunque la actual adjudicataria tendrá derecho a una prórroga limitada únicamente al restaurante

Ignacio Lillo
IGNACIO LILLOMálaga

En octubre de 2014, el grupo de empresarios liderado por Damián Caneda y José Luis Ramos compró la sociedad Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen S.A., concesionaria del espacio del mismo nombre, en Pedregalejo. Desde el principio, la operación se topó con la oposición frontal de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta –que tiene la competencia para regular este tipo de negocios en primera línea de playa– al alegar que la compraventa del título se hizo de espaldas al Gobierno andaluz, que tenía que haberla aprobado. La disputa llegó hasta la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde la causa sigue su curso.

Sin embargo, en los últimos meses se han producido contactos entre técnicos autonómicos y representantes de los empresarios, para buscar una salida negociada a la disputa. Estas conversaciones toman como referencia la proximidad de una fecha clave: el 29 de julio de 2018, que es cuando se producirá oficialmente la caducidad del periodo de concesión; y ante el hecho objetivo de que no se podrá iniciar el Plan Especial (la construcción del parque en la zona de los eucaliptos) hasta que no se resuelva la disputa con los privados.

Como resultado, la Junta emitió una comunicación el pasado 24 de octubre, que incluye numerosas claves. La más importante es que, tras informar de la fecha en la que se producirá la extinción, le recuerda que «las concesiones que han sido otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2013, pueden solicitar la prórroga de las mismas, indicando que deberán ser solicitadas por el titular de la concesión antes de los seis meses previos a la fecha de extinción».

Además, tal notificación toma como base un informe previo de la Demarcación de Costas. En este documento, al que también tuvo acceso SUR, el departamento dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, aclara que no se puede prorrogar la concesión «en condiciones que no permitan disponer de los terrenos para la realización del parque marítimo proyectado y destinarlo al uso público general». El documento aclara posteriormente su posición: «No procede el otorgamiento de prórroga de los títulos existentes en su configuración actual», aunque «podrá otorgarse una nueva concesión en la zona, pero reducida al edificio, con sus zonas de terrazas».

Costas también advierte de que este cambio de la concesión incluirá el establecimiento de un nuevo canon, y «resultaría compatible con el proyecto de regeneración de playa y parque marítimo de los Baños del Carmen, y permitiría la conservación de ese enclave de restauración histórico para la ciudad».

La concesionaria se ha apresurado y ya ha pedido oficialmente a la Junta la ampliación del periodo de explotación, aunque únicamente por el edificio del restaurante y la terraza, hasta unos 1.200 metros cuadrados de concesión fija (más unos 300 por temporadas). Esto es, con una renuncia expresa a toda la zona del antiguo ‘camping’ y la playa, para que se pueda iniciar las obras del parque que se incluyen en el Plan Especial de los Baños del Carmen. El objetivo es que esta solicitud sirva de base de una negociación, que se producirá en los próximos meses, para establecer los términos de la segregación del espacio –para ceder todo lo que no sea de uso hostelero– a Costas; así como el nuevo recinto de ocupación y el canon correspondiente que se pagará por él.

Reacción de Caneda

Damián Caneda, tras meses de intentos de buscar soluciones sensatas dentro de la legalidad, declaró que «creemos que esto abre la puerta a defender que se ha apostado al servicio de la ciudad» y se mostró confiado en que se encontrará una solución. «Parece que se abre la puerta, y estamos contentos, dispuestos a mantener el pedregal y los eucaliptos, a tener un parque público, y limitarnos a pedir una concesión por el edificio y la terraza, que es lo que siempre hemos defendido, dejar la gestión que ya hemos demostrado que sabemos hacer, y que el sentido común impere». A ello agregó que «sobre todo que siempre haya alguien al cuidado y que no volvamos a la situación de 2014, con un descampado lleno de basura». «Podemos vislumbrar una solucion dentro de la legalidad, como siempre hemos creído, para bien de la ciudad», manifestó.

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