«Mi jefe es un torturador mental»

Un momento de la operación desarrollada en la provincia de Málaga. / Policía Nacional

Desarticulada en Málaga una banda que explotaba laboralmente a inmigrantes en situación irregular

ALVARO FRÍAS y JUAN CANOMálaga

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han asestado un nuevo golpe al crimen organizado en la provincia de Málaga. En este caso se trata de una banda dedicada a explotar laboralmente a inmigrantes que se encontraban en situación irregular en el país y que ha sido completamente desarticulada con la detención de 39 personas.

Es la denominada 'operación Samaka', que empezó a gestarse en 2017 después de que un trabajador de un restaurante de comida paquistaní interpusiera una denuncia en la que relataba las condiciones laborales en las que se encontraba.

Fue el hilo del que comenzaron a tirar los investigadores para desmantelar la organización criminal y liberar a las 12 víctimas. Así lo expuso el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, durante una rueda de prensa que ofreció ayer, en la que estuvo acompañado por el comisario provincial Francisco López Canedo, el comisario José Ángel González Morán y el inspector jefe Antonio de Haro.

Explicaron la forma de actuar que tenía la banda. Al respecto, indicaron que las víctimas eran captadas en su país de origen, principalmente India y Paquistán, ofreciéndoles un trabajo en España, tras lo que llegaban a la Costa del Sol, donde se encontraban los cinco restaurantes especializados en ofrecer comida típica de los citados países asiáticos y que pertenecían al principal investigado.

Siempre según aseguraron los investigadores, aprovechándose de su situación irregular en el país y bajo amenazas de poner en conocimiento de las autoridades esta información, las víctimas eran sometidas a jornadas laborales maratonianas de doce horas diarias sin descanso semanal por las que cobraban entre 400 y 500 euros. De hecho, según apuntó De Haro, uno de los trabajadores llegó a catalogar a su jefe en el restaurante como un «torturador mental».

El trabajador que puso la denuncia explicó que el dueño de los establecimientos y su hermano aleccionaban a los empleados por si se producía una inspección de trabajo. Según dijo, si esto ocurría, se tenían que identificar con documentación de otras personas en situación regular y dadas de alta en la Seguridad Social.

Las condiciones en las que vivían las víctimas también eran «lamentables». El inspector jefe señaló que los trabajadores estaban hacinados en pisos y que algunos de ellos incluso dormían en los restaurantes en colchones tirados en el suelo.

Para mantener esta explotación laboral en el tiempo, según manifestaron los responsables policiales, la organización también ofrecía matrimonios de conveniencia a los trabajadores para que regularizaran su situación en el país. Por ello, debían pagar entre 8.000 y 10.000 euros, por lo que De Haro precisó que muchas de las víctimas pasaban meses trabajando sin cobrar hasta saldar esta deuda.

De captar a las mujeres para estos matrimonios se encargaba supuestamente uno de los arrestados. Todas ellas eran mayores, de nacionalidad española y se encontraban atravesando dificultades económicas, según López Canedo, quien añadió que éstas se embolsaban entre dos y tres mil euros por su participación en los hechos.

Aleccionados

El captador de las mujeres, presuntamente, aleccionaba a los implicados sobre los pasos a seguir en la inscripción y posterior solicitud de residencia como supuesta pareja de hecho y por tanto familiar de un ciudadano de la Unión Europea. Para ello, supuestamente, no dudaba en trasladar y acompañar a las fraudulentas parejas hasta las inmediaciones de los distintos organismos oficiales.

Otra forma de mantener esta explotación, según aseveraron, era mediante contratos falsos, en los que se simulaban relaciones laborales como empleados de hogar, para de esta forma obtener prestaciones sociales o regularizar su situación administrativa. Al parecer, la red se valía de una gestoría de Fuengirola donde se realizaban las altas y bajas fraudulentas de los trabajadores.

Los agentes han desmantelado la red con detenciones en Málaga (19 personas), Torremolinos (2), Fuengirola (8), Marbella (5), Coín (1) y Mijas (4). Los arrestados están acusados de delitos como falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, contra Hacienda y contra la Seguridad Social.

Además, los investigadores han realizado 12 registros en los cinco restaurantes, así como en la gestoría y varios domicilios. En la vivienda del principal investigado, que es de origen paquistaní, se intervinieron 170.000 euros en efectivo y un vehículo de alta gama. También se han bloqueado judicialmente más de 160.000 euros en cuentas corrientes e inmuebles valorados en 900.000 euros. El subdelegado del Gobierno y el comisario provincial aprovecharon la rueda de prensa para felicitar públicamente a los agentes que han llevado a cabo esta operación policial. Asimismo, agradecieron a la Inspección de Trabajo de Málaga su colaboración.

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