La Invisible, 11 años de cultura alternativa en un limbo jurídico

Bandera de España en forma de horca expuesta el pasado octubre./Francis Silva
Bandera de España en forma de horca expuesta el pasado octubre. / Francis Silva

La presión de Ciudadanos y las polémicas jornadas con unos expresos del GRAPO ponen fin a años de connivencia municipal y dinamitan los pasos dados por el Ayuntamiento y este colectivo para regularizar este espacio cultural ‘okupado’ en 2007

Francisco Jiménez
FRANCISCO JIMÉNEZMálaga

El próximo 10 de marzo se cumplirán 11 años de aquel sábado en el que, mientras el Cervantes desplegaba la alfombra roja para la gala inaugural del X Festival de Cine un grupo de personas accedía a un viejo edificio cercano de la calle Nosquera que el Ayuntamiento había expropiado dos años antes para destinarlo a un vivero de empresas. El objetivo de los ‘okupas’ era crear un centro social y cultural alternativo de gestión puramente ciudadana. Así nacía La Casa Invisible, un espacio sobre el que llegaron a pesar varias órdenes de desalojo pero que a base de exposiciones, talleres, charlas y representaciones teatrales y musicales organizados por los diferentes colectivos que lo integran se fue arraigando en la ciudad. Hasta el punto de que Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía e incluso del Museo Reina Sofía suscribieron en 2011 un protocolo de intenciones para regularizar su situación mediante una concesión directa que, a día de hoy, no sólo no se ha materializado pese a las numerosas reuniones sino que todos los avances en esa dirección se han hecho pedazos al hilo de la polémica desatada en torno a las jornadas sobre la libertad de expresión previstas este sábado con la participación de dos expresos de la organización terrorista GRAPO.

El protocolo suscritoen 2011 para la cesión directa del edificio no ha llegado a materializarse

«Viene a cubrir un hueco tanto de programación como de público no atendido por la cultura convencional ofertada en nuestra ciudad», reflejaba el informe favorable a esta adjudicación emitido en 2012 por el Área Municipal de Cultura, en el que también se destacaba cómo en el inmueble se había consolidado «una experiencia singular, un espacio y un proyecto social y cultural de interés general para Málaga». En este camino, el colectivo constituyó la Fundación de los Comunes para darle la necesaria personalidad jurídica a la iniciativa para poder asumir la gestión y también ha redactado un proyecto para ejecutar las obras de mejora (los últimos requisitos de Urbanismo se subsanaron a mediados de 2017), valoradas en un millón de euros pero que no se pueden acometer hasta que esta cesión en precario se convierta en definitiva.

Incumplimientos consentidos

¿Qué ha pasado para que ahora todo haya saltado por los aires? Sobre el papel, el argumento que esgrime el Ayuntamiento para rechazar la solicitud de concesión directa y proceder a la recuperación del edificio radica en «el incumplimiento sistemático» de la orden de Urbanismo que desde finales de 2014 impide al colectivo albergar eventos de concurrencia pública debido al mal estado que presenta la construcción, que no superó la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en 2011 porque necesita mejoras en la estructura, fachada y medianeras. «Se acabó la espera y que sigan tomándonos el pelo», clamaba el domingo el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares.

El proyecto para mejorar el estado del inmueble ronda el millón de euros

Y ahí surge la pregunta: si durante tres años se han seguido organizando actividades abiertas al público, incluida una cafetería, sin que el Consistorio haya tomado cartas en el asunto, ¿por qué decide actuar ahora? Aunque en el equipo de gobierno del PP se escudan en una simple cuestión de seguridad con motivo de las polémicas jornadas del sábado en las que también hay previstos varios conciertos (entre ellos el del rapero marbellí Leszno, condenado recientemente a dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo), la realidad es que la presión ejercida por Ciudadanos, socio de investidura del alcalde, ha marcado un punto de inflexión.

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La formación naranja, que durante la presente legislatura apenas había alzado la voz sobre la situación de La Invisible, puso el grito en el cielo el pasado octubre con la exposición que incluía una bandera de España en forma de horca. Un malestar que desembocó en una moción en la que con los únicos votos favorables de ambos grupos se apostaba por recuperar el edificio y sacar a concurso su gestión como espacio cultural. Pese a ello, lo cierto es que, desde entonces, no se había dado ningún paso al respecto. Hasta el domingo.

De momento, se mantiene la celebración de las jornadas, aunque la Policía Local estará vigilante por si se comete alguna ilegalidad vinculada al enaltecimiento del terrorismo o por si, como se publicita, se trata de un acto abierto al público.

Mientras tanto, en el plano político el portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, se plantaba ayer ante las puertas de La Invisible (los lunes está cerrado) para exigirle a Francisco de la Torre que «se quite los complejos y actúe de una vez para rescatar el inmueble». «No es tolerable que un edificio público, que nos ha costado a los malagueños casi 4 millones de euros (se expropió por un millón pero la justicia dio la razón a los propietarios elevando su precio), sea utilizado para fines sectarios con tanta impunidad por un colectivo que entró dando la patada a la puerta hace ya una década», advirtió. Apenas dos horas después, el portavoz del PP, Carlos Conde, garantizaba que «sin prisa pero sin pausa», la Gerencia de Urbanismo seguirá los pasos para recuperar este inmueble, reformarlo y sacarlo a concurso.

El colectivo se defiende

Por su parte, desde La Invisible hablan de «oportunismo político basado en una polémica artificial sobre unas jornadas que giran en torno a la libertad de expresión y, más allá del pasado de esas personas, se debatirá sobre la Ley de Amnistía de 1977 que impide juzgar las torturas durante el franquismo». Además, insisten en precisar que La Invisible «no es un colectivo que organice nada, sino un espacio abierto que alberga actividades de distintos grupos de diferentes sensibilidades», precisaba Amanda Romero, del equipo jurídico de La Casa Invisible. Por ello, reclaman al alcalde que «cumpla el compromiso alcanzado primero en 2011 y luego en 2015 no sólo por el interés de los colectivos que la integran, sino por el interés general de la ciudad». «Se puede estar más o menos de acuerdo con las actividades, pero no se puede poner en cuestión que es un proyecto imprescindible para la ciudad», añade Romero, quien remarca: «Nosotros somos los primeros en querer regularizar la situación, pero el Ayuntamiento lleva bloqueando la adjudicación desde hace años».

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