La Iglesia, en contra del internamiento de inmigrantes en la prisión de Archidona

Los obispos mostraron su apoyo a Cáritas a través del secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, cuando atendió a los medios tras la CX Asamblea Plenaria de la CEE. El portavoz de los obispos indicó que la Conferencia no puede hacer más que «respaldar» la denuncia de Cáritas. La organización nacional de la Iglesia Católica elevó la semana pasada una queja al Defensor del Pueblo señalando que la medida del Gobierno está incumpliendo la ley de Extranjería, que establece que los internamientos de extranjeros sobre los que pesa una orden de expulsión no pueden tener carácter penitenciario.

Tamayo subrayó a su vez que «cualquier identificación entre inmigrante o refugiado y delincuente es enormemente injusta, ya de por sí». Apeló a los «principios de humanismo con raíces cristianas» y a los derechos fundamentales, recordando que la posición de la Iglesia católica está junto a los más débiles, en este caso, los migrantes.

Mientras Tamayo la cuestionaba, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se refirió a la medida como fruto de una «situación excepcional y provisional» aunque sin dudar de su validez. Zoido participó ayer en el acto de presentación del próximo CIE que se construirá en Algeciras, que contará con una inversión millonaria y será el primero de «un nuevo modelo». Con respecto a la cárcel, sostuvo que «tiene infinitamente mejores condiciones» que cualquier otro CIE de España, ya que las instalaciones están sin estrenar y se prepararon especialmente para la llegada de los argelinos.

La pasada semana se filtraron imágenes del interior de la prisión en las que se podía apreciar que los internos habían lanzado basura, mantas, ropa de cama y otros objetos por las rejas de las celdas. El titular de Interior aseguró a los medios que el ministerio se hará cargo de reparar los destrozos a la mayor brevedad «porque es su obligación». Señaló además que la prisión es la más moderna del país, tratando de reforzar la idea de que los inmigrantes están en buenas condiciones, a pesar de que todavía no hay agua potable -la falta de suministro es la principal causa de los retrasos en la apertura del centro, que se construyó en 2013-.

Zoido se defendió de las críticas que ha suscitado la decisión señalando, como ya ha hecho en otras ocasiones, que fue una medida tomada a raíz del «colapso del sistema» de acogida habitual, por el elevado número de inmigrantes que llegaron a las costas españolas aquel fin de semana. Subrayó que este internamiento está previsto por la legislación española y europea «como demuestra el hecho de que hasta siete jueces» autorizaron los traslados, a pesar de que en los autos, a los que este periódico ha tenido acceso, los magistrados se refieren a un CIE dependiente de la Policía Nacional ubicado en Archidona -instalación que no existe como tal- y no a un centro penitenciario. El sindicato mayoritario de funcionarios de prisiones Acaip ha denunciado este punto como manipulación del proceso judicial, ya que entienden que los jueces fueron engañados por Interior.

Lamentó a su vez que las críticas no lleguen acompañadas de propuestas y alternativas reales al uso de la prisión. Al respecto, las asociaciones y oenegés que suelen colaborar con el Gobierno en este tipo de situaciones han reiterado en numerosas ocasiones que no nadie se puso en contacto con ellos para buscar soluciones que no impliquen el uso de un centro penitenciario. «Espero que, en la medida de lo posible, el nivel de crispación baje, porque crispar, sin aportar soluciones, me parece que no es una buena formula», concluyó, mostrándose confiado en que nuevos CIE como el que ayer presentó, con capacidad para 705 personas, eviten que se tomen medidas «excepcionales» como la de Archidona.