Hacienda reclama a la EMT 4,7 millones por el IVA de 2013 y 2014

Varios vehículos de la EMT que prestan servicio en la capital. /SUR
Varios vehículos de la EMT que prestan servicio en la capital. / SUR

La Agencia Tributaria considera que el dinero que el Ayuntamiento inyecta cada año a la empresa de autobuses debe estar gravado

Francisco Jiménez
FRANCISCO JIMÉNEZMálaga

La Agencia Tributaria ha abierto un expediente de inspección a la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) por el que le reclama el pago de 4,7 millones euros en concepto del IVA que, según la administración dependiente del Ministerio de Hacienda, la entidad municipal debería haber abonado por las transferencias que cada año recibe del Ayuntamiento para cubrir el déficit de explotación. La inspección tributaria, abierta el año pasado, se circunscribe a los ejercicios 2013 y 2014, periodos en los que la EMT ingresó del Consistorio 22,5 y 24,4 millones de euros, respectivamente. A ojos del órgano estatal, las subvenciones percibidas por las entidades municipales deben estar sujetas al 10% de IVA al entender que están ligadas al precio, en este caso al billete del autobús, por lo que le exige el pago de un total de 4,69 millones (2,25 y 2,44 por cada uno de los ejercicios).

La intervención viene motivada por el cambio de criterio que Hacienda adoptó en 2016, momento a partir del cual empezó a considerar que las aportaciones al transporte público tenían que gravarse con el impuesto sobre el valor añadido puesto que esta inyecciones económicas permiten bajar el precio del billete. El expediente incoado a la EMT no es el único, ya que la Agencia Tributaria también está reclamando dinero por este mismo motivo a otras sociedades públicas de transporte urbano como las de Sevilla o Córdoba.

La entidad municipal recurrirá por la vía administrativa y, de ser desestimada, por la judicial

Al generalizarse esta situación, la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos (ATUC), que engloba a todas las compañías del gremio y que está presidida por el gerente de la EMT, Miguel Ruiz, pidió a Hacienda una aclaración de la ley. La respuesta del ministerio que dirige Cristóbal Montoro fue incluir en la Ley de Contratación del Sector Público una disposición final que modifica la regulación del IVA en la que se precisa que «no se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de contraprestación, las aportaciones dinerarias que las administraciones públicas realicen para financiar la gestión de los servicios públicos».

Cambio de criterio

Con este nuevo texto legal, las empresas del sector consideran que no tienen sentido estas reclamaciones económicas, pero en Hacienda lo ven de otra manera. Argumentan que se trata de una modificación legal y no de una interpretación de la normativa vigente, por lo que a su juicio no debe tener efectos retroactivos. En consecuencia, no abrirá nuevos procedimientos, pero sí que seguirá adelante con los iniciados antes del 9 de noviembre de 2017, día en que la citada ley entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De este modo, podría reclamar el IVA de los cuatro ejercicios anteriores, los únicos que no estarían prescritos, aunque en el caso de la EMT únicamente se ha centrado en 2013 y 2014.

Ante esta situación, la EMT ha reaccionado contratando los servicios de un equipo jurídico para recurrir ante el Tribunal Económico Administrativo de Andalucía con la tesis de que el dinero que aporta el Ayuntamiento se destina para paliar las pérdidas que generan las líneas más deficitarias además de para la adquisición de nuevos vehículos, entre otros conceptos. Eso sí, para poder interponer el recurso, previamente ha de presentar un aval por el importe requerido (4.690.160,78 euros) como garantía para responder a la deuda del acta en caso de que el citado tribunal diera la razón a la Agencia Tributaria. Desde la EMT se muestran convencidos de que el asunto quedará zanjado en el ámbito administrativo, aunque en caso de no ser así acudirían a la justicia por la vía de lo contencioso-administartivo.

La constitución de este aval, ya negociado con Unicaja, únicamente está pendiente de que el gerente de la empresa municipal reciba la autorización del consejo de administración convocado para el próximo lunes.

En esa misma reunión, también está prevista la adjudicación del contrato de compra de diez autobuses articulados, por un importe total de 3,39 millones de euros, un montante que precisamente procede de las arcas del Ayuntamiento en forma de subvención a través del programa de inversiones financieramente sostenibles.

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