Felipe Romera niega irregularidades en las ayudas concedidas al Fibic

A. FRÍAS MÁLAGA.

No hubo irregularidades y todo fue «muy claro». Así de contundente se mostró ayer el director del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Felipe Romera, ante la titular del Juzgado de lo Penal número 11 de Málaga. Esta jueza es la que lleva la causa por presuntas irregularidades en subvenciones a la Fundación para la Investigación del Bienestar Integral de los Ciudadanos (Fibic), en concreto, para un centro de innovación denominado Cibic. Se trata de un caso en el que está acusado el director del PTA, así como otras cinco personas, entre ellas el exsecretario general de Universidades Francisco Triguero.

En este juicio, que arrancó ayer, la Fiscalía solicita tres años de prisión para el exsecretario general de Universidades, para el director del PTA y para otras cuatro personas, al acusarlos de un delito contra la Hacienda Pública de fraude de subvenciones. Además, pide a cada uno el pago de una multa de 2,5 millones de euros y como responsabilidad civil, que indemnicen a la Junta de Andalucía con esa cantidad. Los otros acusados son el exrector de la Universidad Internacional de Andalucía, Juan Manuel Suárez Japón, y tres personas vinculadas a la fundación o a la tramitación de las subvenciones.

Durante su declaración, Romera explicó que, cuando llegó a la fundación, se encontró con un edificio que estaba a medio construir y que se le pidió ayuda para buscar una salida para seguir adelante con el proyecto. Precisó que tenía interés en lograrlo porque era «una locura» dejar el edificio como estaba, así planteó como mejor solución pedir una subvención extraordinaria de 11,5 millones de euros, ya que «era la más viable».

«Claridad total»

El director del PTA reiteró que todo lo que se hizo fue legal y que no se ocultó información, tal y como defiende el fiscal, ya que «en este asunto la claridad es total». Así, dijo que, pese a que la ley de subvenciones establece que no es necesario, se declararon hasta los reintegros. Asimismo, aseguró que todo lo que hizo fue por compromiso público y que no cobraba nada como presidente de la fundación. «Era un proyecto importante para el PTA y, como director del parque, tenía la responsabilidad moral de ayudar en este tema», apuntó.

Por su parte, Triguero negó tener cualquier interés personal en que se recibieran las subvenciones y «mucho menos contraviniendo normas de carácter administrativo». «No tenía ni tengo ningún interés personal en conseguir algo contra derecho», insistió ante la magistrada.

Triguero manifestó que hubo que cambiar el proyecto inicial del Cibic debido a un problema de cimentación. Se dieron diversas circunstancias por las que se modificó una vez más el proyecto y dijo que todos los pasos que se dieron fueron conforme a lo que estipula la ley con la intención de salvar el edificio. Como no pudo ser así, finalmente se acabó en la situación actual, que es la del concurso de acreedores.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos