Felipe Romera niega irregularidades en las ayudas concedidas al Fibic

Felipe Romera niega irregularidades en las ayudas concedidas al Fibic

El director del PTA asegura que no se ocultó información en ningún momento, como defiende el fiscal, y que su única intención fue la de sacar adelante el proyecto del Cibic

Alvaro Frías
ALVARO FRÍAS

No hubo irregularidades y todo fue "muy claro". Así de contundente se ha mostrado esta mañana el director del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Felipe Romera, ante la titular del Juzgado de lo Penal número 11 de Málaga. Esta jueza es la que lleva la causa por presuntas irregularidades en subvenciones a la Fundación para la Investigación del Bienestar Integral de los Ciudadanos (Fibic), en concreto, para un centro de innovación denominado Cibic; en la que está acusado el director del PTA, así como otras cinco personas, entre ellas el exsecretario general de Universidades Francisco Triguero.

En este juicio, que ha arrancado hoy, la Fiscalía malagueña solicita tres años de prisión para el exsecretario general de Universidades, Investigación y Tecnología, para el director del PTA y para otras cuatro personas, al acusarlos de un delito contra la Hacienda Pública de fraude de subvenciones. Además de la pena de cárcel, pide a cada uno el pago de una multa de 2,5 millones de euros y como responsabilidad civil, que indemnicen a la Junta de Andalucía con esa cantidad. Los otros acusados son el exrector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Juan Manuel Suárez Japón, y tres personas vinculadas a la fundación o a la tramitación de las subvenciones.

Romera ha explicado que, cuando llegó a la fundación, se encontró con un edificio que estaba a medio construir y que se le pidió ayuda para buscar una salida para seguir adelante con el proyecto. Ha precisado que tenía interés en lograrlo porque era "una locura" dejar el edificio como estaba, así planteó como mejor solución pedir una subvención extraordinaria de 11,5 millones de euros, ya que "era la más viable".

El director del PTA ha reiterado que todo lo que se hizo fue legal y que no se ocultó información, tal y como defiende el fiscal, ya que "en este asunto la claridad es total". En este sentido, ha indicado que, pese a que la ley de subvenciones establece que no es necesario, se declararon hasta los reintegros.

Asimismo, ha asegurado que todo lo que hizo fue por compromiso público y que no cobraba nada como presidente de la fundación. "Era un proyecto importante para el PTA y, como director del parque, tenía la responsabilidad moral de ayudar en este tema", ha apuntado.

Por su parte, Triguero ha negado tener cualquier interés personal en que se recibieran las subvenciones y "mucho menos contraviniendo cualquier norma de carácter administrativo". "No tenía ni tengo ningún interés personal en conseguir algo contra derecho", ha insistido ante la magistrada.

Triguero ha explicado que hubo que cambiar el proyecto inicial del Cibic debido a un problema de cimentación que se detectó al inicio de las obras. Se dieron diversas circunstancias por las que se modificó una vez más el proyecto y ha asegurado que todos los pasos que se dieron fueron conforme a lo que estipula la ley con la intención de salvar el edificio y que éste saliera adelante. Como no pudo ser así, finalmente se acabó en la situación actual, que es la del concurso de acreedores.

La acusación

La fundación se constituyó en 2007 y, con la finalidad específica de construir en unos terrenos del PTA dicho centro, recibió varias ayudas públicas tanto del Ministerio como de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía. El fiscal mantiene que hubo fraude en las subvenciones y que se ocultó información a la Intervención para recibirlas.

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