La factura de la guerra de las 35 horas

En Málaga son algo más de 40.000 los funcionarios del sistema público andaluz. :: sur
En Málaga son algo más de 40.000 los funcionarios del sistema público andaluz. :: sur

Los sindicatos alertan de la merma en la calidad de los servicios, la pérdida de empleo y mayor carga laboral para los funcionarios

ANTONIO M. ROMERO MÁLAGA.

La decisión del Tribunal Constitucional de suspender cautelarmente la aplicación de la semana laboral de 35 horas en la Administración andaluza debido al enfrentamiento político entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central, que presentó el recurso de inconstitucionalidad, deja una factura con damnificados. De un lado, los trabajadores del sector público andaluz, que de esta forma pierden un derecho restablecido el pasado enero tras haberlo perdido en 2012 (cuando el Ejecutivo aumentó a 37,5 horas la semana de trabajo en todo el país dentro de un paquete de medidas económicas para capear la crisis), y de otra, los ciudadanos, que sufrirán el deterioro de lo servicios públicos, según denuncian los sindicatos.

En Málaga son algo más de 40.000 los funcionarios del sistema público andaluz, según los datos facilitados por la Delegación Provincial de la Junta; lo que la convierte en la segunda, tras Sevilla, en empleados públicos. De ellos, el grueso -unos 20.000- forman parte del sector de la educación; 15.500, prestan sus servicios en la sanidad; y el resto pertenecen a las áreas de justicia y de la administración general andaluza.

CC OO, CSIF y UGT coincidieron ayer en denunciar que la suspensión de la jornada laboral de las 35 horas tendrá «graves» efectos en la provincia. Y es que los tres sindicatos mayoritarios en la función pública alertaron de que habrá una merma en la calidad de los servicios públicos que se prestan; habrá pérdida de empleo ya que no se harán nuevas contrataciones; y los funcionarios tendrán una mayor carga de trabajo que, entre otras consecuencias, dificultará la conciliación de la vida laboral y familiar. A ello se une, según las centrales sindicales, que Málaga está por debajo de otras provincias andaluzas en cuanto a número de empleados públicos y que en los últimos años, debido a los límites gubernamentales en la tasa de reposición, ha ido envejeciendo la plantilla de funcionarios.

En sanidad y educación los cálculos apuntan a que se dejaría de contratar en el corto plazo a unas 1.500 personas en MálagaCSIF, CC OO y UGT han pedido una reunión con el PP en la provincia y anuncian movilizaciones

Sanidad y educación serán, a juicio de los sindicatos y de la Junta de Andalucía, los dos sectores más afectados por la suspensión cautelar de la semana laboral de 35 horas al suspenderse las contrataciones para suplir la rebaja de la jornada laboral. En Andalucía, las estimaciones apunta a que serían entre 7.000 y 10.000 empleos. En el caso de la provincia, las centrales sindicales no se atreven a dar una cifra concreta. CCOO apuntó que en la sanidad y en la educación malagueñas se dejarían de contratar a corto plazo a unas 1.500 personas. Cifra que podría alcanzar las 5.000 si el próximo año se mantiene esta suspensión cautelar ya que no se podrían llevar a cabo los acuerdos para reponer los empleos públicos perdidos durante la crisis económica.

Reordenación del personal

«Cuando se inicie el curso escolar faltaran profesores y maestros en escuelas e institutos y se paralizarán las contrataciones que habíamos conseguido en las negociaciones para los hospitales y centros de salud», denunció Francisco Martínez, responsable de la federación de Servicios Públicos de UGT. Por su parte, Fernando Muñoz, secretario de CC OO en Málaga, añadió que se deberá hacer una reordenación del personal en la sanidad y la educación y se preguntó cómo se va a hacer para recuperar esas dos horas y media de los funcionarios que desde enero han disfrutado de la jornada de 35 horas.

Para Esperanza Otero, presidenta de CSIF en Málaga, la suspensión de la jornada laboral de 35 horas es «una mala noticia» ya que, según sostuvo, esta medida judicial a instancias del Gobierno supondrá un «resquebrajamiento» de los servicios públicos, la pérdida de la conciliación laboral y una caída en la contratación pública.

«Es una gran irresponsabilidad por parte del Gobierno de Rajoy haber presentado el recurso de inconstitucionalidad sobre la jornada de las 35 horas. Además, se demuestra que el PP de Andalucía apenas manda porque Juanma Moreno pide que se retire el recurso y el presidente del Gobierno dice que se mantenga», denunció Muñoz en declaraciones a SUR.

Los tres sindicatos mayoritarios en la función pública en Málaga han pedido una reunión con el subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Briones, y con el presidente de los populares malagueños, Elías Bendodo, para abordar este asunto. Paralelamente, CC OO, UGT y CSIF anuncian que se están preparando movilizaciones a partir del próximo septiembre y que podrían desembocar en un paro en el sector público andaluz.

Las tres centrales sindicales coincidieron en calificar de «incongruente» que el Gobierno central haya recurrido la jornada laboral de 35 horas en Andalucía y esté estudiando aplicar esta medida en todo el país a partir de 2018.

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