La encrucijada de la torre del Puerto

José Luis Ruiz Espejo, delegado del Gobierno andaluz en Málaga./SUR
José Luis Ruiz Espejo, delegado del Gobierno andaluz en Málaga. / SUR

Pese a la posición a favor del trámite corto de la Gerencia de Urbanismo, la Autoridad Portuaria, la Confederación de Empresarios y de los grupos municipales del PP y Ciudadanos, la Junta no descarta aún llevar la evaluación ambiental del hotel de lujo por la vía larga, que requeriría un plazo de 18 meses

Ignacio Lillo
IGNACIO LILLOMálaga

El proyecto para construir una torre destinada a un hotel de cinco estrellas gran lujo en el Puerto de Málaga se encuentra con la primera gran encrucijada de su larga tramitación administrativa. Lo hace motivada por las dudas de los técnicos de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta, que están analizando si el trámite de evaluación ambiental del solar del dique de Levante debe seguir la vía simplificada u ordinaria. A pesar de los pronunciamientos oficiales en favor de la vía abreviada por parte de la Gerencia de Urbanismo, de la Autoridad Portuaria, de los grupos municipales del PP y Ciudadanos y, más recientemente, de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), el Gobierno andaluz no descarta aún aplicar la versión extendida. Ello supondría alargar el proceso burocrático otros 18 meses más. Así lo confirmaron a SUR varias fuentes cercanas al proyecto y expertos en la normativa urbanística consultados.

La diferencia entre una y otra es más que notable. Por la primera, sería posible zanjar esta fase ya en las próximas semanas, puesto que, de hecho, Medio Ambiente aceptó arrancar la tramitación por la vía rápida, a propuesta del Ayuntamiento, para poder avanzar con el resto de procedimientos necesarios (el cambio del Plan Especial del Puerto, el permiso del Consejo de Ministros, etc). Por la segunda, se abre ahora un escenario de al menos un año y medio de trámites, entre los que destaca la apertura de un periodo de información pública en el que se producirán decenas de alegaciones, y todas ellas tendrán que ser estudiadas y respondidas. Así como la necesidad de recabar multitud de informes sectoriales.

Pese a reconocer que, por el tipo de infraestructura de la que se trata, podría seguir la tramitación abreviada, según recoge la Ley para la Gestión Integral de la Calidad Ambiental (Gica) y como pidió inicialmente Urbanismo, esta misma norma le da la potestad a los funcionarios de proponer el procedimiento extenso, si se observan circunstancias especiales en torno al mismo. En este caso, esgrimen las dudas que suscitan las dos alegaciones contrarias que se han recibido, por parte del Colegio de Arquitectos y de Ecologistas en Acción (de hecho, sólo dos de las cinco instituciones invitadas a hacer aportaciones han contestado finalmente). Pero, sobre todo, a presiones por el supuesto impacto paisajístico del edificio, y las críticas que en este sentido se han escuchado desde entidades como las academias; de la plataforma ciudadana contraria Defendamos nuestro horizonte, y de partidos como IU-Málaga para la Gente, Podemos y Equo, entre otras.

Los inversores siguen

De entrada, esta posible decisión plantearía nuevas incertidumbres sobre un escenario ya de por sí complejo para que la infraestructura pueda llegar a ser una realidad algún día. Hay que recordar que se trata de una iniciativa que lidera el grupo promotor de origen catarí Al Bidda (a través de la sociedad local Andalusian Hospitality II), que mantiene desde hace dos años (se cumplirán a finales de octubre) un aval de dos millones de euros y que ha superado un concurso público para hacerse con la concesión de una parcela propiedad de la Autoridad Portuaria. Estos han mostrado en varias ocasiones –la última en una reciente entrevista concedida a SUR– la disponibilidad de toda la inversión necesaria (115 millones) y su intención de comenzar las obras cuanto antes.

Estos meses se ha especulado con la posibilidad de que los inversores podrían abandonar el barco en el caso de que los trámites se eternizaran. De hecho, en la entrevista a Abdullah Al Darwish, responsable de la sociedad promotora, este advirtió: «No podemos esperar para siempre, ha llegado el momento de dar pasos». Fuentes cercanas a la empresa consultadas por este periódico aclararon ayer que ya están trabajando sobre la posibilidad de que se produzca el escenario más negativo, y han decidido que están dispuestos a seguir adelante con los trámites, por lo que ratifican su compromiso con el proyecto.

En este caso, estarían dispuestos a acatar el proceso administrativo que se determine y a mantener viva la iniciativa al menos hasta finales del año 2018, siempre que se vean pasos claros. La entidad catarí lanzó una petición a las administraciones implicadas para que haya máxima celeridad y rigor; y, sobre todo, para que el proceso no esté viciado por cuestiones mediáticas o políticas. También demandaron que se les expliquen claramente cuáles son los trámites necesarios para lograr el objetivo.

La decisión final

Lo cierto es que todavía habrá que esperar al dictamen, que se producirá en las próximas semanas, una vez que el periodo de consultas terminó el viernes pasado. Los técnicos de la Junta tienen hasta dos meses para valorar las respuestas y hacer su propio análisis de la cuestión. Finalmente, se emitirá un informe sobre si procede seguir con la vía simplificada (como de hecho arrancó el proceso, a sugerencia de Urbanismo), con lo que la resolución ya sería favorable y firme. O si se tiene que cambiar al citado procedimiento ambiental ordinario.

Mientras tanto, los partidarios de la construcción de la torre tendrán una nueva cita el próximo martes, cuando la Confederación de Empresarios de Málaga ha organizado un coloquio con el prestigioso arquitecto y urbanista Carlos Lamela, coautor de la terminal T-4 de Barajas, en el Instituto de Estudios Portuarios, al que están invitados directivos, representantes de la comunidad portuaria y de la sociedad civil malagueña.

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