División de opiniones entre partidos durante la visita parlamentaria a la prisión

El Partido Popular señala lo excepcional de la medida, mientras que Unidos Podemos habla de «un eslabón más en una cadena de ilegalidades»

FERNANDO TORRES ARCHIDONA.

Minutos después de que el Defensor del Pueblo se pronunciase con respecto a la cárcel de Archidona, las comisiones del Ministerio del Interior del Congreso de los Diputados y el Senado llegaban a las instalaciones penitenciarias para comprobar el estado de los internos. Lo hicieron entre las protestas de medio centenar de funcionarios de prisiones congregados a las puertas del centro, que aprovecharon la ocasión para recordar a los representantes que la prisión de Archidona «no es un CIE». En las comisiones había representantes del PP, de Ciudadanos, del PSOE, de Unidos Podemos y del PNV.

Antes de acceder al interior, Sebastián González, presidente de la comisión de la cámara alta, explicó a los medios de comunicación que el debate sobre el uso de la prisión como CIE provisional «está en sede parlamentaria», y que la intención de los integrantes de la comitiva era «conocer de primera mano el estado de los internos».

Con respecto a los puntos señalados por el Defensor del Pueblo, González indicó que «si hay carencias, habrá que arreglarlas». El senador, del Partido Popular, subrayó que la medida del Gobierno está amparada en la excepcionalidad de la llegada masiva de inmigrantes a las costas del Levante Español. Sin embargo, Ione Belarra y Maribel Mora, del grupo parlamentario de Unidos Podemos, utilizaron unas palabras más duras para referirse a la medida de Interior. «Es un eslabón más en una cadena de irregularidades del Gobierno del PP», dijo Belarra, que describió los CIE como «centros racistas encubiertos». Mora, por su parte, tachó el internamiento de ilegal, «contrario a la legislación de extranjería», haciendo referencia a que el centro penitenciario «está registrado en el Boletín Oficial del Estado como una prisión». Según apuntaron, esta decisión «pisotea los derechos de los internos», y recordaron que en el año 2006, durante la crisis de los cayucos en la que llegaron miles de personas a las costas españolas «nunca se utilizó una prisión para internar a ningún inmigrante».

Mora también recordó que ya hay funcionarios de Instituciones Penitenciarias con plaza asegurada en la prisión de Archidona esperando tomar plaza en el destino, «una prueba más» de que no se trata de una cárcel sin inaugurar.

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