La Diputación rechaza que la oferta de empleo sea para consolidar a interinos

Vista de la sede de la Diputación Provincial de Málaga. :: sur
Vista de la sede de la Diputación Provincial de Málaga. :: sur

Bendodo afirma que con las bolsas de trabajo se cumple la ley, y que se han hecho siguiendo un criterio técnico y de acuerdo con los sindicatos

FRANCISCO JIMÉNEZ y P. MARINETTOMálaga

El equipo de gobierno del PP en la Diputación trató de desactivar ayer las discrepancias surgidas con su socio de investidura (Ciudadanos) a raíz de las 470 plazas ofertadas por el ente supramunicipal para optar a ser funcionario interino o personal laboral temporal, al rechazar que el procedimiento de selección, al que aspiran unas diez mil personas, sea una vía para consolidar a interinos que llevan años trabajando en la institución. Un día después de que el portavoz naranja, Gonzalo Sichar, denunciara que este procedimiento no garantiza el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad al valorarse únicamente la experiencia de los candidatos en el sector público, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, quiso remarcar que la nueva oferta de empleo se ha convocado «para cumplir escrupulosamente la legislación vigente» puesto que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establece que todas las contrataciones temporales que realice cualquier Administración tiene que formalizarse tras haber pasado por una convocatoria de empleo público.

Precisamente esta circunstancia impide que se pueda renovar a casi un centenar de empleados laborales e interinos de la Diputación cuyos contratos vencen en los próximos meses (unos entre mediados y finales de diciembre y otros, el 30 de abril de 2018) porque, a pesar de que algunos llevan incluso décadas encadenando contratos, no se puede acreditar que accedieron a estos trabajos mediante un concurso.

Hasta ese punto, no hay debate, pero sí en el sistema decretado para la provisión de estas plazas, que será el de concurso-oposición. Así, los aspirantes tendrán que superar primero una oposición, compuesta por un examen teórico (tipo test) en el que se conceden hasta 30 puntos y otro práctico con una puntuación máxima de 40. Hasta ahí, todos los candidatos acudirán con las mismas opciones de aprobar, pero el panorama cambia cuando se pasa a la fase de concurso, en la que se otorgarán dos puntos por cada año o fracción de seis meses de servicios prestados en cualquier administración pública, hasta un máximo de 30 puntos. Si es en el sector privado, nada, a pesar de que entre las bolsas de empleo constituidas o ampliadas hay plazas para profesiones como auxiliar de clínica, trabajador social, fisioterapeuta, informático, psicólogo, periodista, delineante o economista. En este contexto, Bendodo afirmó ayer que las bases de la convocatoria se han hecho «siguiendo un criterio técnico y de acuerdo con los sindicatos». El presidente de la Diputación aseguró respetar las opiniones de su socio de investidura, «como no podía ser de otra manera», pero recordando que «por encima de ese respeto a todas las posiciones políticas que pueda tener cualquier grupo de la oposición está el respeto a la legislación vigente». Por ello, insistió en que la convocatoria pública de bolsas de empleo se ha activado «para dar respuesta a esa exigencia de la Ley de Presupuestos y normalizar una situación que lo requería». «Es una imposición que nos viene de una norma estatal que tenemos que cumplir», remarcaba Bendodo.

Ciudadanos presionará

Tal y como el propio presidente ya comunicó a Sichar en la reunión que mantuvieron el lunes, el equipo de gobierno no se plantea cambiar el sistema de forma que no sólo se premie la experiencia en el ámbito público. En cualquier caso, el portavoz de la formación naranja ya advertía de su intención de hacer valer su posición de socio de investidura para «presionar por otras vías».

En total, son 470 las plazas ofertadas para formar parte de las bolsas de empleo de la Diputación para trabajar como interino o personal laboral temporal. Se seleccionarán 100 plazas de auxiliar de clínica y trabajador social; 50 de auxiliar administrativo; 20 de delineante, ingeniero de obras públicas, arquitecto técnico y abogado; y 10 de arquitecto, ingeniero agrónomo, ingeniero técnico industrial, técnico en informática, técnico en medio ambiente, técnico superior en Ciencias de la Información, fisioterapeuta, economista, corrector, psicólogo, capataz, maquinista, técnico de archivo y técnico superior de gestión de proyectos.

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