LA DIPUTACIÓN EVITA ENFRENTARSE A LOS TRABAJADORES Y DEJA SOLO A C'S

Ciudadanos no logra suspender la bolsas de trabajo y el PSOE vota en contra de una ayuda para salvar unas casas en Cártama, municipio gobernado por el 'sanchista' Jorge Gallardo

AGUSTÍN PELÁEZ

Los partidos en la Diputación Provincial evitaron ayer enfrentarse a los trabajadores de la institución y apostar por la estabilidad laboral de la plantilla, antes que apoyar a Ciudadanos en su intento de suspender las bolsas de trabajo convocadas por la entidad. Esto significa que las bolsas para optar a ser funcionario interino o personal temporal seguirán guiándose por los mismos criterios y bases fijadas hasta ahora, una convocatoria a la que se han presentado ya más de 15.000 aspirantes para 470 plazas. El pleno de la institución rechazó ayer la propuesta de Ciudadanos, socio de investidura del PP, de modificar los procesos selectivos convocados para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad de todos los aspirantes y mejorar la estabilidad de la plantilla. Las críticas de C's contra el modelo de concurso-oposición, según el cual se conceden hasta 30 puntos por la experiencia en la administración pública, mientras la del sector privado no cuenta, no sirvieron para que los grupos apoyaran a la formación naranja. Todos los partidos votaron en contra de la moción de modificar las convocatorias e instar al equipo de gobierno a que antes del 31 de marzo de 2018 finalicen los procesos selectivos. Ciudadanos sólo tuvo el respaldo de los grupos para instar al PP a que las bolsas de trabajo se extingan automáticamente con las Ofertas de Empleo Público y que estas se realicen por el sistema de oposición.

El portavoz de C's, Gonzalo Sichar, acusó al resto de los partidos de estar intentando enfrentar a Ciudadanos con los empleados de la Diputación, a pesar de que el procedimiento «no está siendo ético». Afirmó que «la gestión de recursos humanos en la institución se hace a golpe de traje a medida para unos pocos», acusación que fue rechazada por la diputada de área, Pilar Fernández, que defendió la legalidad del procedimiento. Asimismo, aseguró que las bolsas de trabajo han sido aprobadas por unanimidad tras horas de trabajo con los sindicatos y que paralizar el procedimiento conllevaría la paralización de la Diputación, «porque muchos trabajadores irán a la calle». Fernández manifestó que los aspirantes conocen las bases y «saben a qué vienen».

El portavoz socialista, Francisco Conejo, dijo que los sindicatos en la Diputación «han defendido el interés de los empleados de esta casa», lo que calificó de «lógico y normal», y propuso una reunión de todos los grupos para analizar la situación y analizar las convocatorias. No obstante, criticó que el equipo de gobierno del PP no haya negociado el proceso con ningún grupo político.

Para el diputado de IU, Guzmán Ahumada, las formas con las que se ha llevado este proceso no son las adecuadas, pero reprochó a Ciudadanos que dé lecciones de defensa de los trabajadores cuando tienen mucho que aprender.

La portavoz de Málaga Ahora, Rosa Galindo, señaló que su grupo no está «totalmente de acuerdo con el proceso», aunque recordó que hay personas que trabajan en la institución desde hace muchos años «y han dedicado su vida a esta casa y lo vamos a defender por derecho».

Los grupos de la oposición lograron por otra parte sacar parcialmente adelante -debido a la ausencia en la votación del punto de un diputado del PP- una moción de la formación socialista instando al equipo de gobierno a elaborar un plan para apoyar económicamente a los municipios con problemas de abastecimiento y que están teniendo que acudir a camiones cisterna. Los 'populares' votaron en contra y C's se abstuvo. En cambio, no contó con el respaldo de estos dos partidos en su propuesta de que la Diputación asuma el coste de este suministro. Aunque no hubo debate, el equipo de gobierno justificó su voto en contra al señalar que ya tiene un plan para estos casos y que concede ayudas para costear las cubas.

El pleno aprobó, aunque con los votos de PP y Ciudadanos, una modificación presupuestaria para salvar a una veintena de viviendas con riesgo de derrumbe en la barriada de Casasola, en Cártama, por ser una situación de «extrema emergencia». Lo más curioso es que la modificación tuvo en contra a PSOE, IU y Málaga Ahora, que criticaron la «discrecionalidad» y el «sectarismo» del equipo de gobierno del PP. Conejo dijo que el Ayuntamiento de Cártama, gobernado precisamente por el 'sanchista' Jorge Gallardo, es el competente en la ejecución de muro para evitar el derrumbe de las casas. El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, lamentó que Conejo hablase de sectarismo del PP cuando él «castiga al alcalde de Cártama, de su partido» y le acusó de ser él, el sectario. «Está en contra porque no es un alcalde de su cuerda», afirmó.

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