La Diputación cerrará el centro de atención temprana cuando la Junta lo adjudique

Bendodo y Salado, ayer, durante el debate de uno de los puntos del día/Salvador Salas
Bendodo y Salado, ayer, durante el debate de uno de los puntos del día / Salvador Salas

Desde IU criticaron la «improvisación y falta de previsión» del Gobierno andaluz

IVÁN GELIBTER

El pleno ordinario de noviembre de la Diputación de Málaga estuvo ayer centrado en el centro de atención temprana Virgen de la Esperanza de Málaga, y que el equipo de gobierno pretende cerrar. De esta manera, desde el PP lanzaron un mensaje de tranquilidad, asegurando que seguirán dando este servicio hasta que la Junta de Andalucía adjudique el servicio, incidiendo en que éste, llegado ese momento, se proporcionará en lugares cercanos a los domicilios. Así lo apuntó la diputada de Servicios Sociales, Lourdes Burgos, durante la sesión, a la que asistieron madres y padres de estos menores que portaban una pancarta y que lanzaron gritos en contra de que este servicio deje de ser ofrecido por la Diputación.

Así, en el pleno se presentaron dos mociones al respecto: una de IU Para la Gente, que salió adelante por unanimidad; y otra de Málaga Ahora, con 15 votos en contra, 13 abstenciones y tres a favor. En ambos documentos recordaron que la Diputación de Málaga lleva atendiendo este servicio desde 1978 y actualmente lo presta a 117 menores; un servicio que pasará a la Junta de Andalucía cuya propuesta es externalizar el servicio. El pasado mes de julio la Junta informó a los ayuntamientos y diputaciones de que los convenios, que habían sido la fórmula legal elegida, «eran inviables» y ofrecían dos posibilidades: delegar las competencias y transferir la financiación a las entidades locales que lo solicitasen, o bien asumir el servicio y licitarlo posteriormente.

Falta de previsión

Las diputadas provinciales de IU y Málaga Ahora, Teresa Sánchez y Rosa Galindo, criticaron la «improvisación y falta de previsión» de la Junta y el hecho de que la Diputación no haya pedido la delegación de competencias al Gobierno andaluz aludiendo a informes verbales de los habilitados nacionales que aseguraban que no es posible, con el nuevo decreto de la Junta, que la institución provincial siga con este servicio.

El otro punto polémico del pleno también lo protagonizó la diputada Lourdes Burgos, que fue «censurada» por el pleno por su gestión al respecto de los contratos de almuerzos concedidos a su excompañero de bancada en el Ayuntamiento de Mijas por valor de 13.000 euros, Santiago Martín, que tuvo que dimitir después de que SUR hiciera públicas las grabaciones del ‘caso Mijas’, en la que está investigado por cohecho.

La propuesta inicial, presentada por el PSOE, pedía la dimisión de Burgos, aunque la sorprendente abstención de Málaga y de Ciudadanos (partido que gobierna en Mijas y cuyo alcalde ha pedido la dimisión de Burgos en varias ocasiones desde hace un año), dejaron sin efecto este punto. Finalmente, el PSOE aceptó incluir un segundo punto sobre la «censura» a la diputada, que sí salió adelante.

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